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Fallo del Consejo de Estado mantiene las curules de Aída Avella y Gustavo Bolívar
Hernán Durango / Martes 7 de mayo de 2019
 

Con enorme alegría y optimismo las fuerzas democráticas, revolucionarias y populares del país recibieron el fallo del Consejo de Estado del pasado 2 de mayo de 2019 que mantiene las curules de Aída Avella, Gustavo Bolívar y el señor Jónatan Tamayo, conocido como Manguito.

La decisión del alto tribunal negó la pretensión de una demanda que solicitaba la anulación de la elección de los senadores que llegaron con la coalición a Congreso. De esta manera, los tres congresistas conservan su curul hasta 2022.

Los senadores Aída Avella, Gustavo Bolívar y Jónatan Tamayo fueron electos bajo la coalición Lista de la Decencia, con la que buscaban salvar la personería jurídica de sus respectivos partidos.

El fallo del Consejo de Estado negó la nulidad elección de los senadores por la Lista de la Decencia, Aída Avella, Gustavo Bolívar y Jónatan Tamayo al no considerar justificados los argumentos de los demandantes. En ese sentido, el decisión del alto tribunal reiteró la vigencia de la coalición que hicieron los partidos Unión Patriótica (UP), Alianza Social Independiente (ASI) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) para los comicios parlamentarios de marzo de 2018.

Tras conocer la determinación del alto organismo judicial, el Senador de la República Gustavo Bolívar, invitó públicamente a los periodistas y medios de comunicación a la realización de una rueda de prensa, junto a la Presidenta de la Unión Patriótica UP y Senadora Aida Avella Esquivel para hacer el pronunciamiento sobre las acciones jurídicas, frente al fallo que deja en firme su elección.

El encuentro con los periodistas será el día martes 7 de mayo de 2019 a partir de las 10:00 AM en la Sala de Prensa del Senado de la República. Los parlamentarios estarán acompañados por el Dr. Iván Acuña Arrieta, abogado, quien tuvo a su cargo la representación de los senadores coalición decentes en el proceso donde pedían anular su elección.

Por su parte, Gabriel Becerra Yañez, secretario general del partido UP calificó de fallo trascendental, la determinación adoptada por el Consejo de Estado y aseguró que en las coaliciones, las minorías y la oposición política tienen el derecho a existir en el marco de la lucha política y social colombiana.

“El Consejo de Estado nos ha dado la razón y ratifica muy a pesar de la inexistencia de reglamentación, el respeto al mandato del Articulo 262 de la Constitución. La Registraduría Nacional del Estado Civil no podrá negar este derecho en las elecciones del próximo 27 de octubre”, indicó el dirigente político.

"Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas" y agrega que “Ahora bien, las coaliciones no deberían convertirse en un simple instrumento para superar el umbral. Exigen coherencia y respeto al voto programático y con las decisiones de bancada. Estas mínimas responsabilidades no las ha cumplido el señor Jónatan Tamayo, conocido como Manguito, personaje de la política tradicional que hay que reconocer con auto crítica, se coló, y esperó ser elegido con los votos de la coalición para después sin ningún límite ético, pasarse al bando contrario ejerciendo con sus prácticas y posiciones políticas todo lo contrario al proyecto Decentes. Seguro su accionar que atenta contra la coherencia de las coaliciones tendrá que ser sancionado”, aseguró Gabriel Becerra.

La demanda contra la elección de los parlamentarios de la coalición Decentes ha sido denunciada como parte de la andanada jurídica, de persecución judicial y acción politiquera de los sectores mas reaccionarios de la extrema derecha colombiana, de la cual no escaparon el Senador Amtanas Mockus y la Representante a la Cámara, Ángela Maria Robledo. En la arremetida judicial contra la oposición pretenden castigar la firme defensa de la JEP y Acuerdo de Paz, el rechazo al mal llamado Plan Nacional de Desarrollo PND, la defensa de los derechos humanos y la denuncia permanente de las amenazas y asesinatos contra centenares de líderes y lideresas sociales en el territorio colombiano.