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La lucha por los derechos humanos: una disputa contra el corporativismo
Jorge Orjuela Cubides / Miércoles 8 de mayo de 2019
 

A lo largo de la reconstrucción que hemos hecho de las luchas sociales en el Magdalena Medio, se ha evidenciado el carácter rebelde de su población, que ha sabido recomponerse ante la adversidad del conflicto social y armado colombiano. Por ejemplo, los campesinos del Valle del río Cimitarra y del Carare resistieron y sobrevivieron a la violencia paramilitar, aunque con un alto precio, pues cientos de sus integrantes perdieron la vida. Además soportaron las políticas económicas implementadas por el Estado que afectaron sensiblemente a la población rural, medidas que pretendían dar vía libre al mercado y a las dinámicas propias del capitalismo en donde rige la competencia, la codicia y la obtención de riqueza como fin último. Un modelo que destruye a los pequeños productores, a quienes pretende absorber como mano de obra asalariada de las grandes compañías agrícolas.

Por tal razón, gran parte de las demandas de los campesinos estuvieron relacionadas con la búsqueda de apoyo del Estado, en temas como la asistencia técnica, el subsidio de insumos necesarios para la producción y la entrega de tierras como condición necesaria para persistir como campesinos. Sin embargo, los cambios que instauraron las políticas neoliberales debilitaron o eliminaron políticas e instituciones que, de alguna manera, protegían a los agricultores. Estas políticas fueron respaldadas por contingentes armados de carácter paraestatal.

Así, los paramilitares sirvieron a las estrategias neoliberales, en la medida que casi exterminan, a sangre y fuego, a las organizaciones sindicales que resistían la embestida neoliberal. Sobre este tema, dice el ex comandante paramilitar Ever Veloza, alias H.H, que “donde hubo presencia de las autodefensas hubo más crecimiento económico, porque nosotros permitíamos las inversión”. [1] Lo que explica el aumento en el número de violaciones a derechos humanos de sindicalistas, campesinos y de integrantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Organización Femenina Popular y la Unión Sindical Obrera. Dos de las organizaciones sociales más fuertes del Magdalena Medio que han cohesionado, hasta cierto punto, las demandas de los habitantes de la región.

Las arremetidas, violentas y no violentas, contra los movimientos sociales han llevado a la transformación de sus peticiones, o más bien, al complemento de las tradicionales luchas por el acceso a la tierra, a la mejora en las condiciones laborales o a la exigencia de derechos para las mujeres. A la par de éstas, emergen otras relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz. Reivindicaciones que han ayudado en la unión de las diferentes organizaciones sociales de la región, evitando así la fragmentación de las luchas –aunque más adelante veremos que la irrupción de las ONGS ha conducido en esa dirección– y reparando los lazos de solidaridad, que fueron duramente afectados por la violencia paramilitar, pues como lo plantea Francisco Campos,

Esos cinco, seis años de paramilitarismo, cumplieron su labor, nos golpearon, resquebrajaron el tejido social de una manera grave. Hicieron dos cosas que no creí que lograría el Estado, que fue romper las confianzas mutuas que se habían hecho aquí durante cien años y el tema de la solidaridad. Este es un pueblo muy solidario. Los tipos lograron cooptar de alguna manera eso. Con esa desconfianza que generaron entre uno y otro, nos mataron esa solidaridad que era la fortaleza del tejido social. [2]

A partir de los años noventa, la defensa de la vida y de los derechos humanos empieza a ser la reivindicación más importante de los movimientos sociales en el Magdalena Medio, y como dijimos, hasta cierto punto, un catalizador de las diversas demandas de las organizaciones.

Durante el nuevo milenio, las violaciones a los derechos humanos siguieron siendo la constante, por lo que la defensa continuó entre las prioridades de las organizaciones sociales, por ejemplo, “durante el segundo semestre del 2004 se registraron 49 homicidios (por motivos políticos), para el mismo periodo de 2005, se presentaron 62 homicidios, registrándose un aumento del 30.62 por ciento en los homicidios para este período”. [3] la mayoría adjudicas a grupos paramilitares, los cuales fueron, como se ha observado, los mayores perpetradores de violaciones a los derechos humanos contra los civiles y las organizaciones sociales.

Para el 2006, los homicidios por razones políticas disminuyeron en comparación con los registros de años anteriores. Lo cual puede tener explicación en la desmovilización de los paramilitares que provocó la mutación de estos grupos en las llamadas Bandas Criminales (Bacrim). Que cambiaron su estrategia, reduciendo los homicidios y pasando “a un ejercicio generalizado de amenazas de muerte, como mecanismo de profundización de una “guerra psicológica” al interior de la sociedad. Esta hipótesis se sustenta por el aumento en el número de amenazas registradas en este periodo que fue significativamente mayor al mismo periodo de 2005 y cuya motivación política se orienta al control social coincidente con el modelo paramilitar”. [4] En este periodo, Barrancabermeja siguió siendo el municipio con mayor número de homicidios en la región.

El nuevo rostro del paramilitarismo ha camuflado sus ataques contra las organizaciones sociales, los sindicatos y los defensores de derechos humanos bajo la etiqueta de grupos autodenominados de “limpieza social”, dando a conocer las amenazas e intimidaciones a través de panfletos con el fin de amedrentar y anular las apuestas de paz del movimiento social del Magdalena Medio. La violencia paramilitar y neoparamilitar ha derivado en la creación de organizaciones que pretenden hacerse con el favor y protección del Estado colombiano, erigiéndose con prácticas propias de entidades bancarias basadas, esencialmente, en el manejo de recursos.

En ese sentido, al lado de los históricos sindicatos, asociaciones y federaciones, han aparecido las Organizaciones No Gubernamentales cuya razón social puede ser de diversa índole y pocas veces de carácter agrupador de las luchas sociales, al respecto Régulo Madero, quien fue comisionado de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) y directivo de Credhos, plantea que estas son

una especie de híbrido entre lo social y lo económico. Es una caricatura económica. Donde lo que hace el Estado es dividir el movimiento social, antes el movimiento social peleaba por las reivindicaciones de Barrancabermeja, del Magdalena Medio, de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres. Ahora cuando se convierten en ONGS empiezan a competir y a desconocerse unos con otros. El Estado dividió. Divide y reinarás. [5]

El movimiento social en el Magdalena Medio, entonces, tiene otro reto, ir más allá de la organización corporativa de las ONGS, en el sentido de estar más pendientes de captar recursos que de la movilización social misma, lo cual reduce la perspectiva política de la lucha social. Ya que corre el riesgo de perder de vista las disputas por reivindicaciones para el conjunto de la sociedad y convertirse, por el contrario, en operadores de recursos para atender una necesidad particular de un grupo reducido de la población. Lo cual sería lamentable si se tiene en cuenta que estas organizaciones, además, tienen un limitado campo de acción ya que están supeditadas a los recursos del Estado o de la cooperación internacional. En pocas palabras, actúan de acuerdo a las necesidades, expectativas y recursos del statu quo.

Así, aunque la lucha por la defensa de los derechos humanos y de la vida se ha convertido en la reivindicación más importante de las últimas tres décadas, contribuyendo en la unificación de metas entre las distintas organizaciones de la región, sin importar el carácter campesino, obrero o cívico de cada una. La irrupción de esta forma cooperativa de funcionar parece colocar en jaque, otra vez, los lazos de solidaridad y confianza del movimiento social, ya de por sí tan vapuleado por la estrategia neoliberal y paramilitar. Lo paradójico es que estos dos elementos engendraron, directa o indirectamente, la organización social corporativa que ahora impone un nuevo reto a los pobladores del Magdalena Medio. Quienes sin duda demostrarán, una vez más, su capacidad de resiliencia y de persistencia en la búsqueda de la paz, la defensa de la vida y de la dignidad humana.

[1Contravía. Entrevista a H.H. Obtenido en https://www.youtube.com/watch?v=AJynY21n9bk

[2Entrevista a Francisco Campos, ex presidente de CREDHOS, 9 de octubre de 2018, Barrancabermeja

[3Observatorio de Paz Integral. Informe semestral de la situación de violación a los DDHH, violencia política, infracciones al DIH, acciones bélicas y acciones colectivas por la paz en el Magdalena Medio Colombiano. Segundo semestre de 2005. Barrancabermeja, abril de 2006, pág. 14.] En muchos casos no se logró establecer la autoría de los homicidios, no obstante, ya que los paramilitares tienen un alto grado de control sobre las zonas rurales y urbanas de la región, es posible atribuir una buena parte de los crímenes a estas organizaciones. Entre cuyos móviles se encuentran: el control social y militar del territorio, la resolución de disputas internas y la eliminación de contradictores políticos.

Así mismo, las amenazas e intimidaciones fueron otra forma de impactar a las organizaciones sociales y a la población civil, según el Observatorio de Paz Integral en 2006, “el perfil de las personas amenazadas es diverso: 3 líderes sociales, 2 campesinos, 2 pescadores, un reinsertado de las FARC, un maestro y un concejal; en doce casos se desconoce la ocupación de estas personas. 17 de ellas se registraron en Barrancabermeja, mientras que las cinco restantes se produjeron en Aguachica, El Carmen de Chucurí, Morales, Puerto Wilches y Sabana de Torres”,[[Ibíd. P. 21

[4Observatorio de Paz Integral. Informe semestral de la situación de violación a los DDHH, violencia política, infracciones al DIH, acciones bélicas y acciones colectivas por la paz en el Magdalena Medio Colombiano. Primer semestre de 2006. Barrancabermeja, septiembre de 2006, p. 21.

[5Entrevista a Régulo Madero, ex comisionado de la CNRR y ex directivo de Credhos, Barrancabermeja, 10 de octubre de 2018.