La reincorporación para los excombatientes de las FARC-EP no puede ser sinónimo de muerte o causal de retorno a la guerra por falta de salvaguarda y garantías para sus vidas y proyectos sociales.

Varios meses antes del 24 de noviembre del 2016, fecha en la que se firmara el “Acuerdo final” entre Timoleon Jiménez y Juan Manuel Santos para ponerle “fin al conflicto” y darle paso a la “construcción de una Paz estable y duradera”; en el PPT (Punto de Pre- agrupamiento Transitorio), ubicado en el Alto Sinú, se juntaban los integrantes del frente 58 de la insurgencia que por tanto tiempo se sostuvo en esa zona del país. Tras la “normatividad” que creaba los PTN (hoy ETCR), se movieron 5 kilómetros más para llegar a la vereda Gallo del corregimiento de Crucito, hombres y mujeres confiando en que ese tránsito no les costaría la vida.

Uno de ellos fue Jorge Enrique Sepúlveda, que tras el proceso de entrega de armas y decisión plena de hacer política sin armas, confiando en la palabra como único medio para resolver las agudas brechas de desigualdad del país; se ubicó con su familia en la vereda Nain, un paraje equidistante del ETCR ubicado en la vereda Gallo.

El día 5 de junio en horas de la mañana la muerte lo sorprendió. Fue ultimado a tiros, su cuerpo fue hallado por labriegos vecinos a su parcela en inmediaciones al puente colgante sobre la quebrada boca de conejo (Tierralta – Córdoba). Sus responsables y razones de muerte por determinar.

Para nosotros y nosotras, como organización campesina es necesario reclamarle al Estado Colombiano, en cabeza del Señor Presidente Iván Duque Márquez respeto a la constitución y las leyes. El “Acuerdo final”, que tiene implícitas las garantías provistas en la negociación de la habana, hace parte del cuerpo constitucional del país, por tanto el Gobierno Nacional, en nombre del estado colombiano, con su política “Paz con legalidad”, debe ser tan legal, que debe honrar lo firmado en el teatro colon.

¡No más muertos, que la vida sea sagrada, que no se abran más puertas a la muerte!