El 25 de enero del 2018 fueron asesinados los señores Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, quienes en años anteriores habían defendido su territorio y su finca ’El Trebol’ de las amenazas y desalojos promovidos por William Rodolfo Martínez Santamaría, reconocido ganadero de Sincelejo, Sucre, y ex director de COMFASUCRE sobre el cual rondan acusaciones de corrupción en una región que históricamente ha sufrido del flagelo paramilitar y ha sido escenario de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados.

El señor Martínez Santamaría había pretendido por años desplazar a la familia Escobar Mercado argumentando que estaban perturbando su propiedad, cuando en realidad las víctimas habían ejercido una posesión quieta, pacífica e ininterrumpida a su favor y el de su familia. El día señalado, los hermanos Escobar Mercado se encontraban realizando la delimitación con cerca de su propiedad EL TREBOL que esta junto a la finca La Concepción, cuando fueron interceptados por tres sujetos que manifestaron ser enviados por Martínez Santamaría quienes los insultaron y abrieron fuego contra ellos.

En la actualidad cursa un proceso penal que busca la sanción de los responsables en el múltiple homicidio de los señores Escobar Mercado, ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre; donde se encuentran acusados los señores Neisser Manuel Contreras Montiel, Ever ;anuel Álvarez Madrid y Roger Alfredo Contreras Macea; quienes posiblemente fueron los autores materiales del homicidio; y el señor William Rodolfo Martínez, imputado como presunto determinador de los tres sujetos mencionados que produjeron los homicidios de las víctimas con el ánimo de arrebatar sus tierras.

El próximo viernes 14 de junio del 2019 se encuentra programada ante ese Despacho Judicial, la continuación de la Audiencia Preparatoria, en la cual se están tramitando las solicitudes de pruebas que las víctimas elevarán ante el Juez para probar la responsabilidad penal de todos los ya señalados, en especial la del señor Martínez Santamaría, quien se empeñó a toda costa de desalojar a los hermanos Escobar Mercado del predio que poseían. En el transcurso de esta semana, sujetos sin identificar se han venido comunicando repetidas veces desde el número telefónico 321 739 1512 con la señora Candelaria del Carmen Barrio Acosta, dirigente y Secretaria Técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE – Capítulo Sucre, quien ha acompañado activamente dentro de la investigación y el juicio a la familia Escobar Mercado en la búsqueda de la verdad y la justicia en el homicidio de sus familiares; intimidándola a ella y a la señora Malena Mariet Martínez Montoya, ambas hacen parte del MOVICE que han acompañado este caso, en esas llamadas se han proferido amenazas: …“para que no asistan ellas a la audiencia en mención, ni los abogados, de lo contrario serían asesinados y desmembrados todos, hasta los escoltas, exigiéndoles que abandonaran el Departamento de Sucre, estando ya advertidos y que tomaran cada amenaza en serio”.

La anterior situación de intimidación contra las víctimas de la Masacre de La Guaripa, donde se está confrontando directamente a un terrateniente de la región con influencias en el ejercicio del poder político en Sucre, hoy su sobrino Andrés Gómez Martínez que también se ha enfrentado a estas comunidades y proferido amenazas, es candidato a la Alcaldía de Sincelejo. En este Departamento hay sectores históricamente vinculados con el paramilitarismo a tal punto de existir en la actualidad un total de 35 políticos procesados por sus nexos con las Autodefensas, 8 ex alcaldes, 7 ex concejales, 1 ex diputado, 3 ex gobernadores, 3 Representantes a la Cámara y 3 Senadores elegidos para el periodo 2006 – 2010, 2 alcaldes y 5 concejales elegidos en el 2007.

Además de los antecedentes de amenazas mortales que culminaron con el homicidio de los hermanos Escobar Mercado – LOS PENSO, preocupa al CAJAR, quien ha venido acompañando jurídicamente a las víctimas dentro de la investigación en esta masacre y por esta razón realiza esta ALERTA TEMPRANA URGENTE, con el fin de informar sobre estos eventos a las autoridades y exigir del Estado Colombiano una pronta actuación preventiva y reactiva para garantizar el libre ejercicio de los derechos de las víctimas en el proceso penal que sigue su curso, y la protección de su vida e integridad personal gravemente amenazada, precisamente cuando ejercerán su participación clave dentro de la causa dentro de la cual se busca la sanción de los responsables.