Movilización en contra del fracking en Bogotá, Colombia. Foto Don Jumento.

La semana pasada se desarrolló la audiencia inicial sobre el marco normativo del fracking en Colombia ante el Consejo de Estado. Mientras Ecopetrol solicitaba a un magistrado que se incluyeran sus proyectos piloto de fracturación como parte de las pruebas para la definición que tomaría el tribunal frente al futuro de este método de extracción petrolera en Colombia, cientos de colombianos se manifestaron en las calles en contra de un tipo de fracturación, que de llegar a implementarse, impactaría de manera negativa los ecosistemas del segundo país más megadiverso del mundo.

Fracturación hidráulica de lutitas

Es importante reconocer la gran diferencia que existe entre la explotación petrolera convencional y aquella que se realiza en yacimientos no convencionales, esta radica en el tipo de roca que se fractura. Las rocas fracturadas diariamente por la industria petrolera en Colombia son las areniscas, que cuentan con mayor permeabilidad y se encuentran a una profundidad de unos 50 a 70 metros. Lo que se conoce como fracking es el fracturamiento que se realiza a un tipo de roca sedimentaria llamada lutita, que por la poca permeabilidad con la que cuenta, ya que su grano es bastante fino, requiere de una serie de condiciones diferentes para lograr la extracción del crudo.

La lutita se encuentra a una mayor profundidad a la que está la arenisca, aproximadamente 800 metros [1], de allí que se necesite una cantidad considerablemente superior de fluido fracturante, el cual tiene unos costos que difícilmente se asumirían en Colombia. Por esta razón, se tendría que utilizar agua en volúmenes alarmantes para poder cumplir con su función, que junto con arena y un “coctel químico” entrarían a fracturar de manera horizontal las lutitas.

Adicionalmente, hay que señalar que las lutitas cuentan con antecedentes de radioactividad [2] por la presencia de Torio y Uranio [3], situación poco mencionada por las empresas petroleras. Por tanto, la alta posibilidad de contacto de estos elementos, con el fluido fracturante que vuelve a superficie, representa un grave riesgo para el entorno donde se realice el procedimiento.

A partir de lo anterior surgen varios cuestionamientos en cuanto a las captaciones del agua y de la arena usadas para el fluido fracturante y la disposición de los residuos luego de la extracción. Preguntas que no han sido resueltas dando las garantías plenas para que no se impacte de manera negativa el medio ambiente.

Este tipo de fracturación no solamente llega a generar consecuencias en materia ambiental, por la experiencia que existe de la implementación en otros países como Argentina, también afecta la economía de las poblaciones aledañas, pues terrenos que lleguen a tener contacto con material del fluido residual quedan sin la posibilidad de ser usados para actividades agrícolas.

Esto en razón de la fuerte contaminación que llegaría a producir en los afluentes tan importantes para el país que se encuentran en una zona como el Magdalena Medio, lugar en el cual se planea iniciar los pilotos. En consecuencia los residuos radioactivos presentes que lleguen a suelo de uso agrícola contaminarían los alimentos que se produzcan allí, pues hay cantidades permitidas de ciertos elementos químicos para el consumo humano, esto por el riesgo de enfermedades y daños a la vida en general.

Algo de política petrolera

Las empresas petroleras, el Gobierno y sus aliados políticos se han fundamentado sobre la base de la economía para legitimar su postura favorable a la realización de fracking en Colombia, trazando falacias como que solo quedan cinco años de bonanza petrolera, argumento que fue usado por Pastrana para bajarle a las regalías del 50% al 30%, y que Colombia dejara de recibir un dinero importante de la renta petrolera.

Según el ingeniero de petróleos, experto en política petrolera de la Universidad Industrial de Santander, Oscar Vanegas, sólo se ha extraído el 17 % del crudo del país, en razón de que proviene de pozos que ya están hechos y de oleoductos ya construidos, pero que aún faltan muchos pozos convencionales por desarrollar.

El argumento del desarrollo económico para Colombia no está del todo sustentado, según la liquidación de las regalías en la ley 756 del 2002 artículo 16, a la explotación de yacimientos no convencionales se le aplicará una regalía del 60% de las regalías equivalentes a la extracción del crudo convencional, en pocas palabras se les hace un descuento del 40% y el Estado estaría recibiendo menos dinero de lo que recibe hoy en día.

Precisamente esta semana se da la noticia al mundo de la bancarrota en la que entra Weatherford, la empresa petrolera estadounidense líder en fracking, que reportó malos resultados debido a condiciones que le han hecho aumentar los costos para su operación. [4]

Realizado un esbozo en cuanto a la realidad de la política petrolera en Colombia, cabe cuestionar si realmente el costo que se pagaría en materia ambiental se suple con un beneficio importante en materia económica. La realidad hoy en día muestra que la política extractivista en el país no es apropiada para proteger la naturaleza, y menos para darle réditos económicos a los entes territoriales productores.

Como ejemplo, se puede observar el caso de Cerromatoso, productor de ferroníquel, y los graves problemas de salubridad que ha generado en poblaciones aledañas o la ausencia de gas natural en casas de corregimientos de Barrancabermeja, productores de petróleo. Existe una contradicción entre la riqueza que se produce en dichos lugares con el estado del sistema de salud o de educación. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo económico al que se sometería Colombia de abrirle las puertas a la fracturación hidráulica de lutitas?

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