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Comunicado
Decapitaron y quemaron la casa de líder campesino en el sur de Córdoba
Han sido asesinados ocho líderes campesinos este año en la región.
 

El día sábado 6 de julio, promediando la mañana, arribó hasta la vereda el Cerro, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré, Córdoba un grupo de hombres armados presuntamente integrantes del “Bloque Virgilio Peralta Arenas” o “Caparros”, quienes sin mediar palabras, de la manera más denigrante de la dignidad humana cortaron la cabeza del campesino Manuel Osuna Tapias, quien era miembro de nuestra Asociación. La violación a los derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario no paro ahí, tras deponer su cuerpo y cabeza a un lado, quemaron su casa de madera y palma.

De este grupo criminal se rumora, por acciones que han hecho conjuntas en el territorio que tiene alianza delincuencial con el autodenominado “nuevo frente 18” que según las autoridades es un grupo armado residual. En algunas veredas los han visto patrullar juntos y llegar hasta las comunidades con un mismo mensaje intimidador. En lo corrido de este año han sido asesinados ocho campesinos en el Sur de Córdoba, el penúltimo fue el campesino Manuel Gregorio González Segura, quien fue raptado, torturado y asesinado en el corregimiento el Palmar del municipio de Montelíbano el pasado 27 de junio.

La cifra actual de beneficiarios del PNIS asesinados asesinados es de quince, desde la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Estado Colombiano y las extintas FARC-EP. Aún estamos verificando si Manuel Osuna estaba o no vinculado al Programa. Estos hechos, que son determinadores de unos patrones de sistematicidad, dando claras muestras de la persecución contra las organizaciones, comunidades y ciudadanos que intervienen de manera directa e indirecta en la implementación del acuerdo de paz, muestra también el acorralamiento que viven los campesinos y campesinas en el Sur de Córdoba por “grupos sucesores del paramilitarismo” lo que nos lleva a exigir la eficaz acción de la Comisión Nacional de Garantías creada en el marco del decreto 154 del 2017.

En ese mismo sentido exigimos se realice una mesa por la protección de los derechos humanos con urgencia con presencia de la Ministra del Interior, la Gobernadora de Córdoba, el Director de la UNP, los Consejeros Presidenciales de DDHH y Seguridad, el Alto Comisionado para la Paz y por supuesto el Defensor Nacional del Pueblo en compañía de la oficina de DDHH de la ONU y la II Misión de Verificación de la ONU en Colombia.