Casos como el de Julián Gil, los jóvenes acusados del atentado en el Centro comercial Andino, los universitarios detenidos en julio de 2015 bajo cargos de terrorismo por presuntamente haber participado en una protesta estudiantil en la Universidad Nacional, los estudiantes capturados en Lebrija, Santander tras un montaje de la sección de inteligencia de la policial Nacional, el proceso contra Harry Gil, el de Mateo Gutiérrez; el del profesor Miguel Ángel Beltrán, las detenciones que a diario se producen en las zonas rurales de Casanare, Cesar y Sur de Bolívar, los cuales se expusieron en el marco del “Encuentro contra la criminalización y la persecución judicial en Colombia”, hablan de esta comunidad de patrones sistemáticos del Terrorismo de Estado e invisibilizados desde el poder.

La persecución judicial y criminalización al movimiento popular es una realidad en Colombia. Es una política estatal sistemática que forma parte integral de un modelo de represión a través del cual se busca romper con la voluntad e identidad de lucha y resistencia de los pueblos.

La problemática fue abordada en el Encuentro contra la criminalización y la persecución judicial en Colombia, desarrollado el 19 de Julio en la ciudad de Bogotá, en el cual se dieron cita, familiares y amigos de luchadores populares criminalizados, defensores de presos políticos, docentes universitarios, profesionales en el campo sicosocial, e integrantes del movimiento popular colombiano, con parlamentarios y organizaciones de derechos humanos del país vasco. El escenario permitió caracterizar esta modalidad represiva desde distintas disciplinas y vivencias y evidenciar el impacto que causa, en todas sus dimensiones.

El espacio arrojó un balance preocupante. Por un lado mostró que la persecución no se limita a los detenidos/as sino que se extiende hacia sus núcleos familiares y acompañantes, generando rupturas que difícilmente pueden ponderarse; por otro lado reveló la existencia patrones comunes, así como el claro propósito de golpear moralmente tanto de los perseguidos y redes de apoyo, como de los procesos sociales en los que trabajaban los capturados.

Estos patrones pueden abordarse desde un antes, un durante y un después de la detención. Los seguimientos ilegales, los hostigamientos, la interceptación arbitraria de comunicaciones, los empadronamientos, los señalamientos, entre otras; son formas que suelen preceder a la captura; la cual, una vez producida se sigue de un despliegue mediático en el que se muestran los operativos espectaculares de la fuerza pública como heroicos y a los acusados como culpables, imponiendo el estigma de la exclusión y generando condenas anticipadas. Los cubrimientos de este talante, cumplen una función de estigmatización y amedrentamiento, que no sólo recae sobre los procesados sino también sobre los procesos populares, en este sentido es posible señalar, que el papel de los medios de comunicación ha sido el de justificar o legitimar la represión contra las expresiones organizadas del pueblo, aislando y criminalizando a luchadores populares.

Los procesos (montajes) judiciales suelen basarse en testimonios falsos de sujetos que persiguen intereses particulares como rebaja de penas; los cargos que se imponen son desproporcionados y ambiguos; los medios para defenderse son escasos y costosos; la institucionalidad en su conjunto se vuelca contra las personas procesadas a quienes se les despoja de toda garantía formal, y se les envía a la cárcel bajo el argumento de constituir un peligro para la sociedad; y luego, la privación de la libertad se prolonga al máximo. En suma, se aplica un derecho penal de enemigo y se exacerban las relaciones de poder, imponiendo un alto riesgo de sentencias condenatorias, a pesar de la arbitrariedad de los cargos.

Miedo, desconcierto, negación de lo ocurrido, incertidumbre, impotencia, son sentimientos que suelen confluir con gestas de solidaridad y organización alrededor de las y los perseguidos. La extensión de hostigamientos y represión contra familiares y acompañantes, incrementa la sensación de inseguridad y de protección. El propósito es castigar a los acusados y al movimiento popular y llevarles a la inmovilización (del colectivo) o (en lo individual) a la aceptación de cargos anticipadamente como medida para frenar la represión contra sus redes de apoyo. El escenario de la cárcel, por naturaleza hostil, se torna aún más para esta población: requisas, restricciones, dispersión, desarticulación, son entre otras, las medidas que afrontan de manera permanente.

Si bien es cierto que el panorama que se reveló durante el encuentro es poco alentador, también es cierto que tanto los familiares como los detenidos y el movimiento popular, en medio de la represión, han logrado asumir un papel fundamental en el acompañamiento, la denuncia y la visibilización; ello hace, que al menos en parte, la lucha política por el reconocimiento y la participación no queden aisladas, sino que por el contrario tomen otras banderas que reivindiquen la importancia de los luchadores populares y su trabajo por la transformación de la realidad.