Son veintiún personas, diecisiete hombres y cuatro mujeres. Visten uniforme militar, portan fusiles de asalto y posan ante la cámara en posición a discreción. En la mitad del grupo, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, lee un manifiesto en el que anuncia el regreso a la lucha armada de un grupo de excomandantes de las FARC. Junto a él, están rostros conocidos por la opinión pública, como Jesús Santrich, Édison Romaña, y Hernán Darío Velásquez, el paisa, entre otros.

El video tiene una desafiante duración de 32 minutos y el relato de Márquez por momentos cae en repeticiones y recursos retóricos innecesarios para un discurso político. No es un manifiesto dirigido a la opinión pública ni tampoco a los que ocupan los cargos gubernamentales. Es una proclama cuyo objetivo son los exguerrilleros que dejaron la guerra y hoy le apuestan al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Por eso mismo el discurso merece ser escuchado con atención hasta el final pues dice cosas nuevas e interesantes.

Lo que ya se sabía

Márquez alega que han sido traicionados y no le falta razón. El Estado –y en particular los gobiernos de Santos y Duque– ha incumplido sistemáticamente los Acuerdos con la estrategia de hacerse el tonto. Las modificaciones al texto, los montajes judiciales de la Fiscalía, el incumplimiento con la financiación de los proyectos en los territorios, el asesinato de casi 150 exguerrilleros desde la firma, la caída del proyecto de Circunscripciones Especiales de Paz, las objeciones a la Ley y el desfinanciamiento de la JEP, el nulo avance en la Reforma Rural Integral o la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito son algunos ejemplos de cómo el Estado, en particular el Gobierno y la Fiscalía, han hecho todo lo posible para torpedear la implementación de los Acuerdos.

Lo que permanece

Márquez recuerda que la insurgencia fue efectivamente la guardiana y protectora del medio ambiente. Y en general esa afirmación es cierta. A pesar de algunos episodios lamentables, las FARC no tuvieron como objetivo prioritario la infraestructura petrolera y con su presencia y control territorial sí lograron detener la depredación de la biodiversidad en muchas regiones del país como el Pacífico, el Darién o la Amazonía.

El manifiesto, además, invita a la definición de un nuevo acuerdo de paz que lleve a la conformación de un gobierno popular que conduzca a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, un viejo anhelo de las FARC. Esta asamblea debería tener todas las garantías políticas y permitiría la redefinición de la función pública con personas buenas y honorables que hagan posible el tránsito hacia una sociedad con justicia social, paz, soberanía y decoro. Para ello, Márquez convoca a lo que llamó “la potencia transformadora del pueblo”.

Lo nuevo

Márquez advierte en su manifiesto algunos elementos nuevos que diferencian este proyecto del original de las FARC-EP. Renuncian a las retenciones por motivos económicos y dicen que se financiarán a través de la captación de rentas ilegales (gramaje, se entiende) y legales (extorsión, se entiende) a través del “diálogo con empresas multinacionales, ganaderos, comerciantes y, en general, la clase pudiente del país”.

Solo se defenderán y en cualquier caso no dirigirán sus operaciones contra las tropas del Ejército o los agentes de la Policía, pues son “pueblo uniformado”, que en su mayoría quiere la paz y la reconciliación. A través de lo que llaman una “nueva modalidad operativa”, su objetivo será ahora la oligarquía a la que Márquez llama, de nuevo no sin razón, “excluyente, corrupta, mafiosa y violenta”.

Las consecuencias

Es cierto que las causas objetivas que dieron origen al conflicto armado colombiano siguen intactas. Es cierto también que el Gobierno ha incumplido los Acuerdos y que es responsable político por los casi 150 exguerrilleros asesinados desde la firma. Es cierto, además, que este ha sido históricamente un Estado mafioso y faltón, que firma lo que sea para luego incumplir y perseguir a quienes firmaron. Seguramente será cierto también que los excomandantes de las FARC, que han decidido retornar a la lucha armada, tienen fuertes motivos para hacerlo, como lo sostuvo el propio Juan Manuel Santos cuando dijo que Santrich se fugó porque sabía que lo iban a extraditar.

Todo eso es cierto pero la noticia no puede ser más lamentable. No tanto por la explicación o las causas de esta decisión sino por las consecuencias que ello acarreará, es decir, el debate aquí no debe ser ideológico ni moral, sino táctico. Esta decisión es inconveniente para los esfuerzos de construcción de la paz, en especial en las regiones y los territorios.

Expone aún más a la represión a los líderes sociales en todo el país. Da la oportunidad a la ultraderecha de regresar al momento político que mejor conoce y maneja, la guerra. Permite ambientar un clima de odio y venganza que solo conviene a los nostálgicos de la violencia. Da la excusa perfecta para aumentar el presupuesto militar a costa de la inversión en educación o salud. Crea el escenario para que se desvíe la atención sobre las informaciones sobre la corrupción –Odebrecht, Reficar o Sarmiento Angulo– mientras los noticieros nos entretienen con las imágenes de los bombardeos. Da permiso a los censores y fascistas de turno para perseguir el pensamiento crítico y la libertad individual.

En resumen, el país está ante un escenario muy preocupante donde las fuerzas más reaccionarias están tomando la iniciativa. Por ello, el llamado debe ser a mantener los esfuerzos por la paz, a seguir construyendo democracia desde los territorios y a continuar impulsando la reconciliación. Si el mensaje de Márquez iba dirigido a los exguerrilleros, el mensaje de la sociedad colombiana debe ser al Gobierno nacional para exigirle el cumplimiento cabal de los acuerdos. La única forma de evitar que esta situación escale y se convierta en un nuevo ciclo histórico de violencia es evitando que los excombatientes abandonen el proceso. Y para ello hay que cumplirles.

Si bien el video de Márquez y los suyos es un reto al Establecimiento y un llamado a la insurgencia, también es un llamado al diálogo. Sin embargo, y como era previsible, el Gobierno y la ultraderecha están aprovechando la ocasión para exacerbar los ánimos, se sirven de la polarización para enardecer a sus bases con miras a las próximas elecciones y tratarán de sacar el mayor rédito político posible.

El desafío para la sociedad colombiana es entonces insistir en lo contrario: la reconciliación, la paz, la democracia. Lo que está sucediendo es muy grave. Hay que movilizarse, el país del próximo siglo está en juego.

SEMANARIO VOZ