La Asociación de Personeros del Catatumbo –APC-, expresa su preocupación por la erradicación manual de cultivos ilícitos llevada en la región del Catatumbo sin tener en cuenta políticas sociales y alternativas para el campesino.

Desde el 11 de marzo del año en curso se están adelantando acciones de erradicación manual en algunos municipios del Catatumbo, especialmente en Sardinata, en donde para 2019 según el Observatorio de Drogas de Colombia se erradicaron 123,72 hectáreas, ello, pese a que tanto Sardinata como Tibú firmaron acuerdo municipal PNIS, contando con familias inscritas en el programa y muchas otras que no pudieron inscribirse pero que también son afectadas por la falta de políticas claras para la sustitución de cultivos y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Una vez se iniciaron los procesos de erradicación para el 2020, las comunidades de diferentes sectores de la región han realizado una serie de manifestaciones como respuesta a las políticas y decisiones unilaterales desde el Gobierno Nacional ante la falta de estrategias que promuevan la legalidad en el territorio y ante la no existencia de un programa de sustitución manual que atienda las dinámicas territoriales del Departamento. Con lo anterior, durante el mes de marzo se presentó un bloqueo en la vía Cúcuta-Sardinata por parte de las comunidades afectadas de Sardinata, en particular de las veredas de El Guamo, San Miguel, El Bojoso, La Mesa, Cartagena, San Joaquín, Corinto, La Llanita, Llano Grande, el corregimiento de San Martín de Loba y el corregimiento de Las Mercedes, lo cual tuvo como consecuencia la restricción a la movilidad de la ciudadanía, así como del transporte de bienes y servicios sobre esa parte del territorio.

En concordancia con lo anterior, el día 18 de marzo la Gobernación de Norte de Santander firma un acta de compromiso con la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT -, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM -, las Juntas Unidas de Tibú, El Zulia y Sardinata, el alcalde de Sardinata, el Defensor del Pueblo Regional Cúcuta, el Procurador Regional, la alcaldesa de Tibú y el coordinador del PNIS para Norte de Santander, logrando el desbloqueo de la vía.

De acuerdo con el escenario expuesto, las erradicaciones en la zona se mantienen y hasta el momento han llegado al área rural de Cúcuta y Tibú, por lo cual se puede agudizar la crisis social en la región. Ante los requerimientos realizados por la Gobernación, las alcaldías locales y la comunidad, no se ve por el momento la voluntad por parte del Gobierno Nacional para frenar la erradicación manual, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia social, económica y ecológica en el cual se encuentra el país debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las consecuencias humanitarias causadas por la erradicación: enfrentamientos, desplazamientos, confinamiento, afectación y riesgo los derechos fundamentales: la vida, seguridad, libertad e integridad, tanto por las acciones de los actores armados como por el virus COVID-19.

En Norte de Santander hay 33.597,87 hectáreas de cultivos ilícitos según estadísticas del Observatorios de Drogas de Colombia (2018), posicionándose entre los primeros departamentos con más cultivos a nivel nacional. Por ello, después de décadas de erradicación manual y aspersión con glifosato (antes de 2015), se puede observar que la solución a la problemática de drogas a través de esos métodos no es viable al afectar en grandes niveles la naturaleza, la seguridad, la economía y la salud de los campesinos.

Es relevante mencionar que recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, ha propuesto una audiencia el 27 de mayo para discutir de forma virtual con las comunidades sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato en sus territorios. Sin embargo, es un proceso que no cumple con los criterios de participación real y efectiva pues las comunidades que se encuentran en confinamiento y sin conectividad no podrían expresar sus preocupaciones frente al tema. De tal forma, se evidencia una política contra las drogas enmarcada en modelos que afectan a las comunidades campesinas y se dejan a un lado programas de sustitución de cultivos ilícitos como una alternativa factible y congruente con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que el Estado Colombiano no debe dejar de lado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las graves afectaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas, la falta de políticas públicas que brinden garantías de subsistencia a los ciudadanos rurales, la actual emergencia social, económica y sanitaria que vive el mundo por el COVID-19, se exhorta al Gobierno Nacional, la Cooperación Internacional, a las organizaciones sociales y comunitarias, y a toda la institucionalidad competente a trabajar en pro del punto cuatro del acuerdo de paz sobre la solución a la problemática de las drogas:

• A realizar monitoreo permanente a los DDHH de los campesinos y líderes sociales que actúan desde el territorio en defensa de las actividades agrícolas y la sustitución de cultivos ilícitos.

• A establecer espacios de Interlocución que garanticen el Derecho a la Participación real y efectiva de las comunidades.

• A la Gobernación de Norte de Santander para que se gestione ante el Gobierno Nacional la suspensión de la erradicación manual de cultivos en la Región hasta que se supere la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y, rutas para la implementación efectiva del PNIS en los municipios de Tibú y Sardinata.

• A través de las estrategia de Compras Públicas Locales, aumentar la compra de la producción agrícola de los campesinos de la región para surtir las ayudas humanitaria de emergencia que se están brindado a la población en el marco del COVID-19, brindado así un alivio económico en medo de la crisis.

• A las organizaciones sociales y comunitarias para que promuevan la importancia del cumplimiento del aislamiento social y adopción de medidas de prevención sugeridas por las entidades de salud; a la par, se hace un llamado a los gobiernos locales para que en medio de la crisis no se dejen de garantizar los Derechos Fundamentales; y, a todos, para que la solidaridad sea el criterio orientador en medio de la crisis de salud que hoy vive el Departamento con 69 infectados y 5 fallecidos por el COVID-19.

Finalmente, la Asociación de Personeros del Catatumbo, siempre está dispuesta a respaldar a las comunidades vulnerables de la Región, de igual forma a actuar en lo competente para la defensa y garantía de los “Derechos Humanos para Todos”, en este caso para los campesinos que día a día trabajan por el sostenimiento de sus familias, del campo y el Departamento.