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Las caras del despojo de tierras
Muchas de las tierras y el patrimonio que los desplazados dejaron atrás ahora aparecen registradas a nombre de otros. Este es un panorama nacional y regional de las modalidades de despojo a través de las cuales actores legales e ilegales se están quedando con tierras de campesinos, quienes se han visto forzados a venderlas o a abandonarlas.
Hechos del Callejón / Miércoles 24 de junio de 2009
 

“Me vende o le compro a la viuda”. A través de esta amenaza, que en algunos casos se ha convertido en realidad, colombianos han sido obligados a entregar sus tierras por algunos pesos, que en ocasiones no han alcanzado a recibir. Esta frase, que las víctimas han escuchado en muchas regiones del país, se ha convertido es uno de los instrumentos para la apropiación ilegal de tierras en Colombia.

Son 5,5 millones de hectáreas de tierras que la población en desplazamiento ha sido forzada a abandonar, según la segunda encuesta nacional realizada por la comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado.

De estas tierras, algunas se encuentran abandonadas. Otras, están ocupadas por terceros, ya sean ocupantes de buena fe, como campesinos desplazados de otras regiones, u ocupantes de mala fe, como paramilitares, testaferros y algunas empresas de cultivos agroindustriales, según lo ha declarado el Estado. Y otras hectáreas ya han cambiado de dueño bajo presión o a través de diligencias administrativas fraudulentas y se encuentran en manos de testaferros o han sido vendidas a terceros de buena fe.

La magnitud del despojo es tal que la Comisión estableció que la mayor proporción de las tierras forzadas a dejar en abandono se encuentra en la región de la Costa Caribe (38,2%), seguida por la Amazonia, la Orinoquia y el Pacífico (34,5%) y finalmente por la región Andina (27,3%).

Esta situación se ve agravada por los medios usados para la apropiación de las tierras: el miedo, las amenazas, el asesinato de campesinos y los procesos administrativos fraudulentos.

Los diferentes tipos de despojo que se presentan en el país fueron identificados por el programa de Consultas para la Recuperación de Tierras del Ministerio de Agricultura (Conret): la transferencia forzada de dominio, las ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de propietarios y el desplazamiento de poseedores, ocupantes y tenedores, entre los principales.

Una de las situaciones que ha facilitado este despojo es la altísima informalidad de la tenencia de la tierra en Colombia. Esto se debe, en parte, al retraso del Estado para titular las tierras baldías a los colonos y, también, a la práctica generalizada de no registrar los documentos de propiedad en las oficinas de registro de instrumentos públicos, ya sea por evitar el costo de esta diligencia o, simplemente, por el poco peso que aún tiene la cultura del papel en el campo.

Lo cierto es que entre la población desplazada sólo el 18,7% puede catalogarse como propietaria formal de los predios abandonados, es decir, que han inscrito la propiedad de su predio en una Oficina de Registro e Instrumentos Públicos (ORIP), según el informe de la Comisión de Seguimiento.

Otros desplazados son “poseedores” o dueños de un predio con un documento de propiedad no registrado. También hay un alto número de “ocupantes”, colonos que explotan un terreno baldío y luego les puede ser adjudicado por la Nación. Y se encuentran también “tenedores”, quienes trabajan un predio, ya sea en calidad de arrendatarios, cosecheros (quienes viven de recoger las cosechas) u otros.

“No es gratuito que las acciones de despojo y usurpación recaigan especialmente sobre bienes inmuebles cuya propiedad no ha sido registrada ante las ORIP”, dice el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento.

“Los casos en los que se han adelantado trámites de transferencia de titularidad de la tierra se presentan en los territorios de dominio paramilitar, como la Costa Caribe, mientras que en territorios de dominio de la guerrilla, ésta desplaza con fines de control territorial. En algunos casos, como Huila, Tolima y Caquetá, se presenta repoblamiento, pero no se conocen casos de transferencia de títulos”, señala patricia buriticá, comisionada de la cnrr y coordinadora de la comisión técnica especializada en el tema de tierras.

La forma ilegal como han sido transferidas enormes cantidades de predios rurales, y en menor medida urbanos, ha significado un retroceso en la distribución de la tierra en el país. Instituciones del Estado y organizaciones sociales han descubierto que, a través de procesos delincuenciales o fraudulentos, pequeñas parcelas de campesinos se han convertido en grandes fincas a nombre de un solo propietario y, además, que se ha despojado incluso tierras adquiridas por el Incora, que parceló y adjudicó a familias campesinas del Urabá antioqueño y de los departamentos de la Costa Caribe.

Ante esta situación de despojo, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social (PPTP) ha protegido hasta el momento 3,2 millones de hectáreas a lo largo del país. De ellas, 1,2 millones de hectáreas corresponden a solicitudes individuales de protección de predios.

Aunque se ha hecho un esfuerzo importante, hay fenómenos que continúan y se están investigando, como la venta masiva de tierras en varios municipios, como Tibú (Norte de Santander) y Vistahermosa (Meta), que ha multiplicado las solicitudes de enajenación o permisos para la venta de tierras protegidas. También en los Montes de María las autoridades han expresado su preocupación por el aumento de los negocios de tierras y la venta “al mejor postor”.

“Estamos estudiando estos fenómenos ya que podría tratarse del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada y de su difícil situación económica, por lo que podrían verse forzados a vender su predio a bajo costo”, asegura Ricardo Sabogal, del PPTP.

La mirada está centrada, especialmente, en esas regiones del país donde la Comisión de Seguimiento ha advertido que la situación es más compleja. Esta es la situación de esas regiones:

Región Caribe

La región Caribe concentra la mayor proporción de tierra abandonada en el país, el 38,2%, a pesar de ser la población desplazada que menos tierras poseía: sólo el 48,6% de las familias reporta la posesión de tierras, según la Comisión de Seguimiento. Esto se debe tanto al retraso del Estado en la titulación de baldíos colonizados, como a los niveles de pobreza de estas familias. En la Costa Caribe son más las familias que abandonaron predios menores de cinco hectáreas, que las que abandonaron predios más grandes. En promedio, cada familia abandonó 13,7 hectáreas, señala la Comisión.

Según la información más actualizada, los departamentos de esta región donde se concentra el abandono y despojo de tierras son Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar. Y los municipios en los que se ha presentado un alto número de solicitudes de protección de tierras son Tierralta (Córdoba); San Onofre y Ovejas (Sucre); El Carmen de Bolívar, San Pablo y María la Baja (Bolívar).

La modalidad de despojo más común

Una de las modalidades de despojo que más se observa en esta región es el desplazamiento de quienes han sido beneficiarios de la reforma agraria de hace unas décadas.

Lo ocurrido con el predio El Toco, en el Cesar, muestra esta modalidad. Este predio había sido adquirido por el Incora en los años 80 y entregado a 43 familias. A principios de los 90, mediante amenazas y la quema de sus casas, un testaferro del paramilitar Jorge 40 obligó a los parceleros a firmar letras de cambio y pagarés a su favor. Con estos documentos logró el embargo y remate de los bienes. Posteriormente, el Incoder adjudicó estas parcelas a nuevos beneficiarios.

De acuerdo con los procedimientos, una vez los predios quedan solos, se solicita al Incoder determinar la caducidad administrativa o, en otras palabras, revocarles a los adjudicatarios de la reforma agraria el derecho de dominio sobre los predios.

Según el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Agricultura “en los procedimientos de caducidad administrativa se observa que cuando la entidad verificó los hechos no tuvo en cuenta aspectos como la situación pública y notoria de violencia en la zona, así como la presencia de grupos paramilitares armados al margen de la ley que para la época ejercían control en la región”.

Ventas forzadas y desplazamiento de propietarios

En departamentos como Córdoba y Magdalena los propietarios se han visto forzados a vender sus predios bajo intimidación directa y, además, a precios irrisorios.

“Los grupos de autodefensas contactaban inicialmente a los propietarios inscritos de los inmuebles, les proponían comprar las fincas a precios que ellos mismos imponían y sin considerar las condiciones de mercado de la época, ni el área objeto de compra. Evidenciamos hasta valores de $150 mil pesos la hectárea de tierra cultivable en plátano, yuca, banano e, incluso, para la explotación de la ganadería”, señala el diagnóstico de Conret.

Otra modalidad de despojo es el desplazamiento y los asesinatos de propietarios, como ha sucedido de manera especial en Córdoba. Así le sucedió a María Zabala, ganadora del premio a Mujer Cafam en el 2004, cuyo esposo e hijo fueron asesinados y su finca de 80 hectáreas despojada. Ella fue víctima de un atentado contra su vida en abril pasado, el cual se suma a otros hechos de este tipo contra líderes que, como María, luchan por la recuperación de las tierras.

En otro lugar de Córdoba, “los campesinos y pescadores de la Ciénaga Grande de Lorica del Bajo Sinú y de la Ciénaga Grande deben vender su poca tierra ante la agresiva presión que tienen de actores económicos y políticos externos y de inversionistas”, escribe Astrid Álvarez, de la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo (Swissaid) en la revista Semillas.

Una situación semejante ocurre en Cesar, Magdalena y Bolívar. En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, se han presentado 1.883 solicitudes de protección de tierras, la cantidad más alta en el país -según el PPTP-, y se han multiplicado las solicitudes de enajenación de predios. Por esta razón, Acción Social se encuentra en alerta “pues se puede tratar de una situación de aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población desplazada”, afirma Sabogal.

Un caso emblemático de las presiones por la compra de la tierra en este municipio es el caso El Verdún. Este predio fue parcelado por el Incora y entregado a la comunidad. El Incora –ahora Incoder- subsidiaba el 70% del valor y la familia campesina debía pagar el 30%. Cuando fueron desplazados, los campesinos tenían vigente la deuda y hoy no la han cancelado. El cobro del dinero pendiente por las deudas de los campesinos fue vendido por el Gobierno a la Central de Inversiones CISA.

“Ahora tenemos a una población desplazada que quiere retornar a ese predio, pero por una parte CISA les está cobrando y, por otra, inversores interesados en las tierras les están haciendo ofertas de compra. La población está en medio de ese dilema. Tratamos de acompañarlos para que retornen y no pierdan las tierras, pero ellos están sometidos a muchas presiones”, afirma el funcionario del Proyecto de Protección de Tierras de Acción Social.

Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes

Una de las formas de despojo que más ha afectado al Caribe colombiano es el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes, debido a la altísima informalidad de la tenencia de la tierra.

En el sur de Bolívar, por ejemplo, “de cada cien campesinos que hay en Simití, 71 no tienen forma alguna de acceder a la tierra”, dice Álvarez, de Swissaid. Muchos de ellos son colonos que llevaban más de diez años cultivando tierras baldías sin que el Estado les titulara, mientras que otros aprovechaban zonas de reserva, como sabanas y playones comunales, para lograr su sustento. Pero con la llegada de paramilitares y grandes empresarios el panorama cambió.

“Estamos acorralados en las propias tierras que teníamos y aprovechábamos colectivamente. Ahora, las vemos y no podemos entrar porque están cercadas. Los rastrojos para la leña fueron arrasados y tumbadas las palmas amargas con las que hacíamos los techos de las casas. Somos campesinos sin tierra que vemos cómo las sabanas y playones comunales son cercados y saturados de palma aceitera y ganado”, afirmó Salvador Alcántara, de la Asociación de Productores Alternativos de Simití (Asproas) en el seminario “Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI”.

“Las tierras que no podían ser tituladas a los campesinos y pescadores sí fueron entregadas a las empresas de palma”, concluyó.

Región Andina

En esta región, donde hay más pequeños que grandes propietarios, se encuentra el 27,3% de las tierras abandonadas en el país, según la Comisión de Seguimiento. En promedio, cada familia abandonó 11,8 hectáreas de tierra, y 2,5 hectáreas de cultivos.

Antioquia, Norte de Santander, Tolima, el Magdalena Medio, el Catatumbo, el bajo Cauca y el Urabá antioqueño registran más abandono y despojo de tierras.

Por su parte, los municipios que mayor número de solicitudes de protección han presentado en la región Andina son Turbo (Antioquia), con 677 solicitudes, y Tibú (Norte de Santander), con 485. Actualmente, en estas dos zonas hay alerta por la posibilidad de que continúen los despojos.

En Antioquia, ante la lentitud de los procedimientos oficiales para la devolución de las tierras arrebatadas por paramilitares a sus propietarios legítimos, los campesinos de Mutatá se organizaron y regresaron, en una recuperación de hecho. En respuesta, su líder, Benigno Gil, integrante de la Mesa Nacional Campesina de Recuperación de Tierras, fue asesinado en noviembre pasado.

Transferencia forzada de dominio

La situación más grave de transferencia de dominio en la región Andina se ha presentado en el Urabá antioqueño, según el Ministerio de Agricultura. Allí, los paramilitares que dominaron la región obligaron a cientos de familias a desplazarse. Y antes de partir, a algunas de ellas las forzaron a cambiar los folios de matrícula inmobiliaria y a transferirles la propiedad de sus tierras. Esto ocurrió de manera especial en los corregimientos El Tres y Currulao, ubicados entre Turbo y Necoclí, y en la zona del río Tulapas, en Urabá.

Ventas y firmas falsas

En Urabá también se ha presentado la transferencia de dominio de tierras y de parcelas adjudicadas por el Incora mediante documentos con firmas falsas de venta de la tierra o la renuncia a la parcela adjudicada. En el caso de las parcelas, quienes despojan han presentado solicitudes de adjudicación, las cuales han sido aprobadas prontamente y el mismo día han sido inscritas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ahora, decenas de familias desplazadas en Medellín quieren retornar, pero no hay garantías de seguridad, y sus tierras se encuentran en manos de testaferros o de ocupantes.

Usurpación de cultivos

Otra modalidad de despojo descubierta en esta región es la usurpación de los cultivos. Un ejemplo emblemático ocurrió en Urabá, en cuatro veredas expropiadas por el Incora a la sociedad Emilio Hasbún. En el 2000, el Incora entregó las parcelas a decenas de familias campesinas. Raúl Hasbún, empresario bananero y paramilitar que está siendo juzgado, obligó a los campesinos a pagarle las tierras de sus familiares.

Unos pocos las pagaron y otros se vieron forzados a entregarlas, ante la incapacidad de producir lo exigido por el paramilitar. En esta modalidad, líderes campesinos han sido asesinados, se han desplazado familias y se ha entregado el trabajo no remunerado durante dos o tres años. Actualmente se adelanta la devolución de algunas de estas tierras a sus adjudicatarios, como resultado de los acuerdos preprocesales del juicio a Raúl Hasbún.

Desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes

En la región Andina hay situaciones críticas por el desplazamiento de poseedores, tenedores y ocupantes. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, hay grandes extensiones de baldíos que, durante años, fueron habitados por familias completas. Allí construyeron sus casas y la infraestructura para el ganado pero nunca legalizaron dicha situación. Ante la expropiación masiva de tierras, hoy no tienen pruebas para un proceso judicial.

Los paramilitares entregaron algunos de estos predios en el proceso de desmovilización, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y el fondo para la reparación de las víctimas ya las ha subastado.

Tierras abandonadas

En otras zonas, como en Huila y Tolima, donde el actor armado que predomina es la guerrilla, no se presentan las modalidades de despojo que practicaron los paramilitares.

“El desplazamiento de la guerrilla es por vacuna: ‘o paga un precio por estar ahí o se va’. Los campesinos no pueden entrar a su predio por el conflicto, pero a diferencia de los paramilitares, en estos casos la guerrilla no tiene afán de apropiarse del territorio”, afirma Eugenia Méndez, directora de Conret.

Sin embargo, las tierras sufren otras afectaciones. No solamente se deterioran sus viviendas y se pierden sus animales y cultivos. En algunos casos son ocupadas por terceros de buena fe, como desplazados de otras regiones. Y en otros, como, en San Francisco (Antioquia), la tierra está sembrada de minas antipersonal colocadas por la guerrilla.

Despojo en la zona urbana

En la zona andina se ha presentado una situación particular: el despojo en la zona urbana, como lo han vivido Barrancabermeja (Santander) y la Comuna 13 de Medellín (Antioquia).

En Barrancabermeja, por ejemplo, la situación se evidenció entre 1998 y 2000 después de la confrontación entre guerrillas y paramilitares por el control de las comunas. El poder paramilitar se consolidó, sacó a muchas familias de sus casas y posteriormente repobló los barrios. Actualmente, Acción Social ha iniciado el estudio de esta situación para restituir las viviendas a sus verdaderos dueños.

Región Pacífica, Orinoquia y Amazonia

El 34,5% de los predios que han sido abandonados o despojados en Colombia están ubicados en esta región, según la Comisión de Seguimiento, que también encontró que estos son predios más extensos que los de las regiones Caribe y Andina, ya que el 42,2% de los predios abandonados o despojados tienen más de 15 hectáreas.

Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Arauca, Vichada, Guaviare y Casanare son los más afectados por la situación de despojo. Precisamente por ello, municipios como Riosucio, en Chocó, y Vistahermosa, en Meta, tienen la mayor cantidad de solicitudes de protección de tierras: el primero con 338 y el segundo, con 325.

La Comisión ha advertido que hay compras masivas de tierras en la Orinoquia, especialmente en Meta, Caquetá y Guaviare, y ante la poca presencia de la institucionalidad no hay vías eficientes para proteger a los campesinos del despojo.

Usurpación por legales

Las disputas territoriales en zonas mayoritariamente afrocolombianas, como los territorios colectivos en el Pacífico, han estado relacionadas con la expansión de monocultivos de palma de aceite.

En ocho años, los cultivos de palma en Tumaco pasaron de 20.996 hectáreas, en 1999, a 34.610 hectáreas, en 2007. Según el primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana, “Raza y Derechos Humanos en Colombia”, que será publicado por la Universidad de los Andes, las empresas Palmeiras S.A. y Salamanca S.A. han explotado 800 hectáreas, la primera, y 2.400 hectáreas, la segunda, en territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

A pesar de que el Incora declaró a estas empresas como ocupantes de mala fe y, con un fallo, les negó sus solicitudes de explotación en el territorio colectivo, aún no se ha efectuado la entrega material del territorio a las comunidades y las empresas siguen allí.

“La ocupación de los territorios con los cultivos de palma aceitera ha implicado una dramática pérdida territorial para las comunidades negras”, señala el informe.

Adicional a esta situación, hay otra que también preocupa: actores armados han hostigado y amenazado a la comunidad que defiende el derecho a la tierra y dos de sus líderes han sido asesinados.

Por otra parte, “las empresas palmicultoras han talado vastas extensiones de bosque primario, han drenado los suelos y han construido infraestructura vial en los territorios colectivos para dar paso al monocultivo”, continúa el informe. Esto ha generado la desaparición de cultivos de subsistencia y el desplazamiento de familias del Consejo Comunitario en busca de otros medios de subsistencia.

Similar situación se presenta en los casos emblemáticos de Jiguamiandó y Curvaradó, al norte del Chocó, donde empresas de palma, ganado y maderas han usurpado alrededor de 3.836 hectáreas de territorios colectivos afrocolombianos, y también se han dado operaciones violentas de grupos paramilitares, según publica Cecoín en su revista Etnias y Política.

Ante la inseguridad en la zona, en febrero pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas provisionales a miembros de la comunidad.

Asimismo, algunas de las empresas cultivadoras de palma pretendieron legalizar la expropiación de tierras mediante mecanismos fraudulentos, según lo afirma Cecoín. Aunque las comunidades tienen sus títulos de propiedad, empresas continúan explotando los recursos, mientras las comunidades emprenden acciones judiciales para recuperar la posesión material de sus tierras.

Usurpación por actores ilegales

En su informe Primero las Víctimas, la Procuraduría General señala que “narcotraficantes y grupos paramilitares han ingresado al territorio de pueblos indígenas y afrocolombianos apropiándose de predios mediante la fuerza, ocupaciones de hecho, o vía títulos fraguados u obtenidos de manera controvertida, ya sea para beneficio propio, para la siembra de coca o para facilitar la consolidación y “penetración de terratenientes o campesinos externos (CIDH, 1998)”.

En el caso de la guerrilla, la modalidad es otra, según la entidad. En los departamentos del Pacífico las FARC presionan a las comunidades a sembrar coca en sus territorios y, además, a vender o a prestar las tierras para la siembra ilegal a favor de quienes ellos designan. Además de esto, impiden el derecho a la libre circulación y al ingreso de alimentos.

Pérdida de territorios colectivos por macroproyectos

Los macroproyectos han influido en la pérdida de territorios colectivos, como lo dice la Procuraduría en su informe, donde señala que “los pueblos indígenas han perdido territorio durante décadas ante la implantación no consultada de proyectos de explotación de recursos naturales”.

En el mismo documento esta entidad advierte de esta situación en Putumayo, ante la construcción de la vía Mocoa – Puerto Asís y el ingreso de las petroleras Texas Petroleum Company y Gulf Oil Company, a las que el Gobierno les entregó en concesión por 30 años la explotación del crudo en Orito.

Aunque el Incora constituyó cuatro reservas en este departamento, a comienzos de los años 70, en 1992 a los indígenas sólo les quedaba el 26% de los territorios reconocidos por la construcción de megaproyectos, según la Procuraduría.

La entidad ha encontrado que “los actores armados ilegales amenazan, intimidan, asesinan y desplazan a los dirigentes, líderes y demás miembros de los consejos comunitarios y de los resguardos que se oponen a la siembra de cultivos de uso ilícito o a los proyectos de desarrollo en los territorios colectivos”.

En otras regiones del país, el retraso del Estado en la titulación de territorios colectivos, como lo ordena la ley 70 para los territorios de los afrocolombianos, ha expuesto a estas comunidades al despojo de sus tierras.

En el Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la organización popular campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y la Diócesis de Quibdó han gestionado ante el Incoder y la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT) para que se catalogue como territorio colectivo, sin lograr una respuesta positiva. Mientras tanto, la comunidad ha denunciado hostigamientos por parte de empresas mineras que gestionan una licencia para explotar su territorio.

Estas son algunas de las caras o las facetas del despojo de tierras en Colombia.


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