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Opinión
¿Lucha contra la deforestación?
De ser aprobado este proyecto seguiremos con el rumbo de la criminalización de los medios de subsistencia de las comunidades campesinas como falsos positivos de la lucha contra la deforestación
José Maykol Quintero Arias / Martes 26 de mayo de 2020
 
Foto: EcoAmem

Las selvas colombianas las están deforestando a pasos agigantados, eso es innegable. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y el consiguiente vacío estatal generado por la salida de este grupo de las regiones se abrió una posibilidad para el mercado irregular de tierras. Esto fue advertido por diversidad de expertos que preveían una andanada contra las áreas de colonización y la ampliación de la frontera agropecuaria.

La zonificación ambiental participativa y el necesario cierre de la frontera agropecuaria fueron unos de los temas acordados en La Habana, pero como todo lo demás, el gobierno del Centro Democrático no está dispuesto a cumplir lo acordado ya que tienen intereses en que no se adelante la Reforma Rural Integral como herramienta para los cambios estructurales que urgen en el campo colombiano. Prueba de esto fue el sonado caso de apropiación indebida de baldíos por parte del hoy Representante a la Cámara Gustavo Londoño Garcia del Centro Democrático, a quien un juzgado municipal había adjudicado 6633 hectáreas en el Vichada y afortunadamente por la intervención del Tribunal Superior de Villavicencio se dejó sin efectos esta adjudicación [1].

Sobre la deforestación se han desarrollado una serie de argumentos que buscan criminalizar al campesinado. El gobierno, buscando aliados para reactivar la fumigación aérea con herbicidas ha dicho que la deforestación es culpa de los cultivos de hoja de coca. Argumento que se desarma cuando vemos que entre 2016 y 2017 la deforestación en el Guaviare aumentó 233% y los cultivos de Coca disminuyeron 23% en el mismo periodo de tiempo [2].

Otra de las estrategias para favorecer la criminalización del campesinado de estas regiones es la de considerar la ganadería como causa de la deforestación [3] [4], cuando en realidad la ganadería es resultado de un fenómeno que consideramos, es el motor principal de deforestación, el acaparamiento de tierras.

En estas regiones, la ganadería, al igual que la agricultura marginal, no tienen el nivel de rentabilidad suficiente para que las familias campesinas que habitan estas zonas apartadas y sin infraestructura puedan solventar sus gastos, pero sí representan una opción para que los inversionistas vinculen el trabajo campesino a las bastas áreas que previamente ordenaron deforestar, es una forma de legitimar la apropiación ante la comunidad al vincularla en labores de cuidado y mantenimiento de la ganadería.

Sin embargo, el Gobierno y algunos sectores ambientalistas hacen ver a las actividades subsiguientes de la deforestación como sus causas principales, cuando realmente son consecuencias o parte de la estrategia del proceso de acaparamiento de tierras.

Insisto en esto porque para solucionar un problema se debe primero entender su causa, ¿qué lo genera?, no sus consecuencias.

En este sentido el proyecto de ley 264 de 2018 que cursa en la Cámara de Representantes parte de las graves imprecisiones señaladas anteriormente. Ubicando al colono y al campesinado como sujetos promotores de la deforestación y olvidando quizás, de donde proviene la inversión que permite la compra de combustible para las motosierras, el pago de jornales y el pie de cría del ganado.

De ser aprobado este proyecto seguiremos con el rumbo de la criminalización de los medios de subsistencia de las comunidades campesinas como falsos positivos de la lucha contra la deforestación como la campaña Artemisa y en últimas en favor de quienes sí se han lucrado con la especulación del mercado de tierras abierto en estas regiones a partir de la firma del acuerdo final de Paz.

Lo que debemos buscar como Estado es asegurar que estas comunidades campesinas accedan a títulos y a la formalización de sus predios acompañados de inversión estratégica en infraestructura, servicios sociales y proyectos productivos como está establecido en el acuerdo final de paz y el necesario control del catastro de estas áreas de frontera productiva para evitar procesos de acaparamiento.

En segundo lugar, superar las visiones tradicionales de la conservación sin la gente. Pues promover la expulsión de estas áreas de quienes el mismo Estado condujo ante su incapacidad de realizar una reforma agraria redistributiva, provocaría nuevos ciclos de violencia social y armada ante la ausencia integral de la inversión estatal.

Y en tercer lugar, a partir del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, promover estrategias de titulación colectiva o figuras de concesión de derechos de uso que blinden los territorios de la voracidad de inversionistas y comerciantes que se lucran con la especulación y quieren ser acreedores de la valorización de estas tierras con el menor esfuerzo, ¡los verdaderos atenidos!