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Barrancabermeja afronta una grave crisis social
 
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La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, se pronuncia ante los hechos ocurridos frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, donde víctimas, defensores-as- de Derechos Humanos, sus organizaciones, acompañadas por la Mesa Municipal de Víctimas adelantaban un plantón, refiere:

-  La ciudad de Barrancabermeja afronta una grave crisis social y económica que se ve profundizada por las medidas de cuarentena determinadas para afrontar la Pandemia del Covid- 19. El confinamiento y aislamiento social ha demostrado que la informalidad sustenta el precario ingreso económico de la inmensa mayoría de las familias barranqueñas. Ante la imposibilidad de trabajar, se viven momentos de hambre y precariedad.

-  Han sido múltiples las manifestaciones populares que reflejan estas necesidades: las protestas en barrios de las comunas Tres y Siete, los cierres de vías nacionales, plantones de transportadores y otros sectores sociales son muestras del creciente desespero de la población.

-  El día 22 de mayo, las víctimas y sus organizaciones determinaron realizar un plantón pacífico en la sede de la Alcaldía Municipal para manifestar su preocupación por las difíciles condiciones que atraviesan y exigir el cumplimiento de los acuerdos realizados con anterioridad. Cabe recordar que, según la Unidad para la Víctimas, Barrancabermeja cuenta con 52.467 víctimas del conflicto armado. Esta es una población en condición de vulnerabilidad con altos índices de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas.

-  Ante la imposibilidad de ser recibidos por el Señor Alcalde ALFONSO ELJACH MANRIQUE, según lo manifestado por el Secretario de Gobierno, Doctor LEONARDO GOMEZ ACEVEDO; la comunidad determinó mantenerse en el lugar hasta recibir una respuesta positiva a sus justas y legítimas reclamaciones. Esta situación propició un hostigamiento por parte del Oficial de la Policía Nacional Capitán Luis de Ávila y sus subalternos. En el sitio de los hechos varios miembros de la Policía Nacional retiraron las insignias de apellido y rango, acción totalmente fuera del procedimiento legal y del marco jurídico Colombiano. Además, en una acción de hostigamiento e intimidación grabaron con sus celulares al equipo de comunicaciones de CREDHOS, el cual realizaba acompañamiento político y humanitario a dicho plantón.

-  En conversaciones con el Coronel Gustavo Adolfo Martínez, Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, manifestamos nuestro rechazo de estos sucesos, situación que derivó en una negación de los hostigamientos por parte del alto oficial, al tiempo que nos instó de forma grosera a interponer las “denuncias que quisiéramos”, dando cierre a la conversación colgando el teléfono. Esta actitud rompe el diálogo, interlocución y canales de respeto que durante años han mantenido las organizaciones sociales y de DDHH del Magdalena Medio con la institucionalidad, en este caso con la Policía Nacional.

Por lo anterior, manifestamos que la Alcaldía de Barrancabermeja debe de manera urgente crear las condiciones propicias para el diálogo amistoso y respetuoso con los sectores sociales que se ven gravemente afectados por el confinamiento. Asimismo, junto a los entes competentes orientar sus esfuerzos en la atención eficaz y eficiente de la población víctima. Frente a esto, dar cumplimiento al Auto 149 de 2020 de la Corte Constitucional, referente a las “… medidas para garantizar los derechos de la población desplazada [...] con ocasión del COVID-19...”

-  Las acciones y procedimientos realizados por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares deben ampararse en estrictos protocolos de respeto a los derechos fundamentales de la población. Los recientes casos de abuso policial a población vulnerable (como el caso del adulto mayor en la ciudad de Bogotá), así como seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, líderes-as- sociales y defensores-as de Derechos Humanos por parte de las F.F.M.M, ponen de manifiesto la continuidad de la doctrina del Enemigo Interno y su propensión a violentar las garantías mínimas para vivir en democracia.

-  Llamamos al respeto de la labor que desarrollan las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos. Reiteramos la necesidad de activar la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 y sus posteriores adiciones (Decreto 1581 de 2017; Decreto 2252 de 2017 y Decreto 660 de 2018) emitidos por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes-as-, defensores-as-, comunidades y la labor de alcaldes y gobernadores. Recordamos que el objetivo del Estado Social de Derecho es la convivencia en el marco de la plena garantía de derechos. El diálogo y la resolución pacífica de conflictos deben ser los preceptos que rijan el actuar de la función pública en relación con los intereses sociales de la comunidad.

-  Solicitamos el acompañamiento del Ministerio Público en las diversas acciones que realiza la comunidad para la exigibilidad de sus derechos; que las medidas de aislamiento no restrinjan su labor de protección y garantía de los derechos de la población.