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Sigue la guerra contra los campesinos en el oriente colombiano
Agencia Prensa Rural / Viernes 29 de mayo de 2020
 

Los procesos articulados en el espacio autónomo de Organizaciones Campesinas, Sindicales, Sociales y Populares de los departamentos de Meta y Guaviare, denunciaron el día 27 de mayo, la afectación que han padecido las comunidades campesinas en estos departamentos, en el marco de las acciones militares en época de pandemia, en las labores de erradicación forzada y violenta que han vulnerado los derechos fundamentales de la población, al generar una crisis socioeconómica sin precedentes destruyendo además cultivos de pancoger y exponiendo a las comunidades de la región al contagio por Covid-19.

Los campesinos de esta región han expresado su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, a los que se han visto obligados a no tener ninguna alternativa que garantice sustento de sus familias, mientras el Gobierno insiste en la erradicación, no se impulsan garantías de sustento económico para el campesinado, ni se garantiza la implementación de los acuerdos en clave de Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, PNIS.

Las organizaciones denunciaron además, el trato violento por parte de la fuerza pública en estas operaciones donde confluye la Policía Antinarcóticos, ESMAD, e Infantería de Marina, que ha dejado como resultado varios campesinos heridos por impacto de bala, entre ellos: Alfonso Monsalve de 57 años, Christian Valanta de 24 años y Fernando Lozada de 40 años. Se precisa en el documento que dieron a conocer las organizaciones de la región, que también las comunidades han sido víctimas de agresiones físicas, verbales, y hostigamientos dónde son agredidos además, mujeres, menores de edad y adultos mayores; es importante también recalcar que el campesinado denuncia que en medio las operaciones militares, la fuerza pública no porta ninguna identificación, muchos de ellos llevan cubierto sus rostros y algunos se presentan como miembros activos de grupos paramilitares autodefensa en una clara intención de intimidar las comunidades de la región, que tienen viva en la memoria la barbarie de la acción del paramilitarismo en la zona.

Estos casos han sido especialmente delicados en las veredas Salto Gloria del municipio el Retorno y Tercer Milenio en la región de Guayabero, por todo ello el Espacio Autónomo, Campesino, Social, Sindical y Popular del Meta y Guaviare, pone en evidencia lo que está ocurriendo y exigió a las autoridades competentes, ministerio público, entidades defensoras de derechos humanos y Comité Internacional de la Cruz Roja, para solicitar que paren de manera inmediata los atropellos, se protejan los derechos, la integridad y la vida de los campesinos del Guaviare y el sur del Meta.

La cuestión de los cultivos ilícitos está articulada a las grandes inequidades sociales y económicas en el campo colombiano, por ello los acuerdos de paz lo abordaron con fórmulas e iniciativas de políticas públicas que sin duda pueden transformar esta realidad, el Gobierno de Duque hace caso omiso a esta hoja de ruta construida por el Estado y las comunidades, después de reconocer que este tema no tiene salida por vías violentas y en el estruendoso fracaso de la “guerra contra las drogas”, pero en su genuflexa posición frente al agresivo gobierno de Trump, vuelven a enfilar la ofensiva de la guerra que solo traerá, pobreza, desplazamiento, muerte y destrucción, y dejara el negocio del narcotráfico intacto y con ganancias estrafalarias sobre el drama de nuestros campesinos.