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Organizaciones rechazan señalamientos del gobernador del Meta contra campesinos y plataformas de derechos humanos
Agencia Prensa Rural / Martes 23 de junio de 2020
 

El espacio autónomo de defensoras y defensores de derechos humanos del Meta, se pronunció frente a las declaraciones que emitió el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, con relación a la situación que se presenta en la región del Guayabero, donde abiertamente señala y estigmatiza la labor de las organizaciones campesinas de la región y los procesos y plataformas de derechos Humanos.

La plataforma expresó su indignación ante las opiniones emitidas por el gobernador a los medios de comunicación regionales y nacionales, donde asocia los hechos de orden público presentados en el municipio de la Macarena, donde murieron seis soldados víctimas de una emboscada ejecutada presumiblemente por miembros de estructuras residuales, con las movilizaciones campesinas, donde los labriegos cultivadores de coca desde hace varias semanas, vienen exigiendo la implementación de los acuerdos en la región, y han sido víctimas de la respuesta violenta por parte del ejército, que ha dejado varios campesinos heridos y detenidos.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos ratificaron su compromiso en la lucha por la implementación de los acuerdos de paz, y le recuerdan al gobernador su compromiso en el trabajo permanente por instar a las autoridades, a todos los niveles de cumplir los acuerdos. por tanto rechazan vehementemente lo que sugiere el gobernador del Meta, al pretender relacionar a las organizaciones sociales, campesinas y de defensores, con las acciones violentas ocurridas en la región. Por el contrario afirman, que son un proyecto comprometido con la superación estructural de la guerra, que están comprometidas con la construcción de paz y reconciliación integral en el territorio.

La plataforma de derechos humanos, le recuerdan al gobernador que siempre han estado presentes en las generación de debates y condiciones debates, para construir las condiciones mínimas que permitan la aplicación de medidas que garanticen el respeto a las libertades fundamentales de todas las personas, sin distingo ni exclusión. Por lo tanto rechazan el planteamiento del gobernador, que considera parcializada la dinámica y el criterio en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en la región. Las organizaciones, en el pronunciamiento, ubican como contexto la situación presentada en las regiones de las áreas protegidas en el sur del Meta, donde hay comunidades campesinas que se han movilizado por la permanencia en el territorio, y han sido víctimas de las operaciones de erradicación forzada realizadas en la región del guayabero y zonas aledañas, enmarcadas en la estrategia de recuperación de control de territorios, y el despliegue de fuerza pública, en un plan denominado operación Artemisa, que ha sido implementado en el territorio desde 2018.

Estas acciones militares han generado tensiones con las comunidades campesinas cultivadoras de coca, que se han movilizado para manifestar su inconformidad y exigir la implementación del Programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS, exigiendo instancias de diálogo social donde haya un enfoque de derechos e intervención integral del estado en esta región., y frente a las cuales la respuesta ha sido la militarización y la provocación violenta de las tropas, dejando decenas de campesinos heridos.

Las y los defensores de Derechos Humanos, afirmaron que frente a este conflicto, han hecho el llamado permanente para que se establezcan escenarios de diálogo y el repudio a que se priorice la intervención de la fuerza pública, ya que esta región ha sido víctima del conflicto y ha padecido históricamente de la falta de presencia institucional, donde además es deficiente el cumplimiento del acuerdo final, para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera.

Los trabajadores del derechos humanos de la región del oriente y la Orinoquia colombiana, sostuvieron en su declaración, que es un imperativo garantizar que las comunidades superen las terribles penurias y dificultades socioeconómicas que se viven en la región, por ello los procesos y las plataformas de derechos humanos, instan a que se avance en la implementación de los puntos sobre reforma rural integral y solución a la problemática de drogas ilícitas, garantizando la ejecución inmediata del PNIS. El llamado que hacen las organizaciones por medio de esta declaración, es que las autoridades departamentales y locales exijan al gobierno nacional con contundencia, la implementación del acuerdo, como posibilidad cierta para superar las graves dinámicas de conflicto y confrontación en la región.

Los procesos organizativos de derechos humanos, expresaron también en esta declaración, que ratifican el rechazo a la guerra, ya que ha sido el conflicto el que ha sometido a la miseria y la exclusión a las comunidades de la región, y repudian todo acto violento y muertes en el territorio, por lo cual acompañan con su solidaridad a las familias de los militares que murieron en medio de la acción de guerra presentada la semana anterior, y rechazan los desplazamientos a los que se han visto forzadas las comunidades en proceso de reincorporación, firmantes del acuerdo de paz que se encuentran en la nueva área de reincorporación del diamante, en el municipio de la Uribe.

También ratificaron su repulsa frente a los homicidios contra personas protegidas, presentados en los últimos meses, la judicialización de dirigentes sociales y la persecución a la protesta pacífica. Las plataformas de derechos humanos, expresan su preocupación frente retorno del horror de la guerra, y la manera lenta como las autoridades actúan en clave de protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables, las organizaciones exhortan a que no se repita la terrible historia de tragedia en el departamento del Meta, por eso plantean la presencia de lo que ellos denominan, una fuerza Pública para la paz y fortalecimiento de las instancias civiles, para avanzar hacia la resolución pacífica de las problemáticas sociales económicas y políticas. Por último, las organizaciones hicieron un llamado a la solidaridad con la población del departamento del Meta, y a rechazar que se convierta en un nuevo teatro operaciones militares, invitan a respaldar a las comunidades que están en medio del conflicto por la tierra el territorio y la pervivencia en el campo, y a seguir trabajando por la salida negociada las conflictividades sociales y económicas que ha dejado la guerra y el incumplimiento del acuerdo de paz.

Las organizaciones de derechos humanos, responsabilizaron al gobernador del Meta, frente a estas estos planteamientos que satanizan las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, poniéndolas en riesgo, lo que no contribuye a seguir construyendo la senda de paz y reconciliación para el pueblo del Meta.
Las declaraciones del Gobernador Zuluaga, le echan más leña al fuego, y se circunscriben en la lamentable lógica de criminalizar la protesta social y desconocer el papel de los luchadores de derechos humanos, actitud que solo contribuye a atizar los conflictos y legitimar las acciones de los violentos. Ojala el gobernador rectifique y contribuya realmente a construir la paz en el territorio.