Los principales sindicatos de Gran Bretaña e Irlanda representando alrededor de 7 millones de trabajadores, han escrito al Comisionado de Derechos Humanos de Colombia para expresar su "extrema preocupación" tras el aumento de masacres y asesinatos de activistas sociales y excombatientes de las FARC-EP.

Según la organización colombiana de derechos humanos INDEPAZ, 205 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el 2020.

En la carta los líderes sindicales denuncian también las recientes acciones de la Policía colombiana después de que esta abriera fuego sobre población civil desarmada durante protestas en Bogota lo que puede haber dejado muertas hasta trece personas.

Las principales centrales sindicales de Gran Bretaña e Irlanda, así como 19 sindicatos individuales, también dijeron que estaban "muy alarmados" por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado: _Se trata de asesinatos extrajudiciales...el monitoreo ilegal de la oposición política...y el bombardeo militar en agosto de 2019 que mató a varios niños a pesar de que las autoridades fueran advertidas de la presencia de menores en la zona_.

Frances o’ Grady, Secretario General de la Central Sindical Británica, dijo: "_Ya sea cometida por grupos armados ilegales o fuerzas de seguridad del Estado, la violencia en curso en contra de activistas y sindicalistas en Colombia es inaceptable. El movimiento sindical internacional se ha comprometido con la paz y los derechos humanos en Colombia desde hace muchos años y lo que estamos viendo en este momento nos está recordando de algunos de los peores períodos en la historia de violencia en Colombia_".

Los firmantes de la carta, incluido la Central sindical británica (TUC), la Central sindical escocesa (STUC) y la Central sindical irlandesa (ICTU) representando en su totalidad alrededor de siete millones de trabajadores coordinan su trabajo solidario en Colombia a través de la organización británica-irlandesa Justice for Colombia.

Según Hasan Dodwell, Director de Justice for Colombia: "_El Estado colombiano ha sido demasiado lento para implementar el acuerdo de paz y no está participando lo suficiente en los mecanismos creados para contrarrestar la violencia paramilitar que es una causa fundamental de esta crisis de derechos humanos. Todavía hay un enorme apoyo internacional al proceso de paz colombiano, pero si el gobierno colombiano no cambia radicalmente el ritmo frente la implementación o tome medidas más significativas para responder a los asesinatos de líderes comunitarios y excombatientes de las FARC-EP, corre el riesgo de ser el gobierno que preside sobre una de las mayores oportunidades perdidas en la historia de Colombia_".

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