El día jueves 17 de septiembre se realizó de manera virtual el segundo encuentro interinstitucional construyendo paz desde los territorios, iniciativa impulsada por el programa ruta de protección del nororiente colombiano, la alcaldía municipal de San Pablo Bolívar, el consejo municipal de paz de este municipio y la Asociación campesina del valle del rio Cimitarra.

Atendieron la convocatoria representantes de la institucionalidad de la región del magdalena medio, la defensoría del pueblo en cabeza del defensor regional, la agencia de renovación del territorio, la agencia nacional de normalización y reincorporación, la unidad nacional para la atención y reparación de las víctimas, la Unidad nacional de protección, y la oficina del alto comisionado para la paz. También estuvo presente la representante de la misión de acompañamiento al proceso de paz de la OEA, MAPP OEA, la oficina de la ONU Derechos humanos en el magdalena medio, y la oficina en Barrancabermeja de la misión de verificación de las naciones unidas.

Los procesos comunitarios y organizaciones sociales de la región como la organización femenina popular, el programa de desarrollo y paz del magdalena medio, excombatientes de las FARC y comunidades de la vereda Bajo Cañabraval del municipio de San pablo que fueron anfitriones del encuentro, participaron activamente, garantizando una presencia importante de la institucionalidad y las comunidades en este espacio.

El encuentro se realiza en medio de una compleja situación humanitaria en el territorio, donde se han presentado asesinatos de líderes sociales y masacres, y tensiones frente a la implementación del programa de sustitución integral de cultivos de uso ilícito, lo que ha generado una profunda preocupación en las comunidades y los procesos organizativos comunitarios en la región.

Artemio Mejía del Consejo municipal de paz de San pablo, presentó una radiografía de la situación de derechos humanos en el sur de bolívar, y en especial en el municipio, donde ubico los elementos más relevantes que evidencian la agudización del conflicto que golpea especialmente a las comunidades campesinas. Diez homicidios en el marco de la cuarentena donde se destaca el crimen contra la lideresa social, activista de la OFP Isabel Salinas, los líderes sociales de la vereda San juan alto, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Fernando Gaviria y la fiscal Omaira Alcaraz, ademas del asesinato del dirigente del partido FARC Mario Morales. Este es un tema que genera zozobra en la población, ha generado desplazamiento de líderes, y afecta el tejido social en la región, indico el líder social.

En la presentación, se denunció la realización de operativos de erradicación violenta de cultivos, que además de desconocer los acuerdos con las comunidades, ha generado riesgo de contagio por covid- 19 producto de la movilización de tropa y las aglomeraciones que se presentan en la región. El representante del consejo de paz expreso su preocupación además por el aumento de casos de violencia de género en el municipio, como un fenómeno que preocupa a la comunidad, también planteo la preocupación de acciones de grupos armados que arremeten contra la comunidad desarrollando acciones de control social y detenciones ilegales de personas en la región.

Las representantes del Programa de la ruta de protección, Marisela Puerta del componente socio jurídico y Lucy Córdoba, presentaron un análisis de contexto y el trabajo de monitoreo a la situación de DDHH en la región realizado durante el año 2020. Hicieron hincapié en la situación de los líderes en la región, la no implementación del programa de sustitución, las amenazas, el incremento de acciones armadas del ELN en la zona, y de grupos sucesores del paramilitarismo como las autodefensas “carlos castaño vive” y caparrapos, situación que pone en riesgo a comunidades, líderes y procesos organizativos del sur de Bolívar. el análisis de situación indica que los derechos más vulnerados a la población en la región han sido el derecho a la salud, a la movilidad y el derecho a la vida. Después de la socialización de los elementos de contexto, se presentó en el espacio la propuesta de la ruta de protección, denominado ruta interinstitucional de prevención y protección a los derechos humanos, como metodología y acción para garantizar el reconocimiento a las iniciativas comunitarias y su derecho a la vida.

Se presentaron los hallazgos de la comisión de verificación realizada en la vereda San juan alto, y cómo esa experiencia plantea la necesidad de fortalecer las redes de derechos humanos y las casas de derechos humanos como espacios de permanentes de formación y acompañamiento a las comunidades, así como la importancia de concretar iniciativas de emprendimientos económicos que reivindiquen y empoderen a las mujeres por medio de su comité, jornadas de acceso a la oferta institucional etcétera, estas son propuestas que requieren financiación y respaldo de la institucionalidad, concluyeron las promotoras de la ruta de protección. Las comunidades participantes en el encuentro quedaron a la expectativa del compromiso de las diferentes entidades para garantizar que esta aspiración de la población de la región se materialice.

Se solicitó a los organismos internacionales e institucionalidad, la realización de actividades presenciales en la zona, para posibilitar escenarios que contribuyan en un acompañamiento real a la población, especialmente en la ruralidad, en clave de construir un blindaje que proteja a las comunidades de la vulneración a la que están expuestos en los territorios.

Se destacó la presencia de organizaciones de acompañamiento internacional, Brigadas internacionales de paz PBI y Acción internacional por la paz IAP, organización que participa activamente en la dinámica regional de la ruta de protección. Los representantes de la comunidad hicieron votos por que además de la presencia de estas plataformas solidarias con los procesos sociales y la población, se evidencie una presencia efectiva del estado, que se exprese en transformaciones en el territorio, inversión social y garantías plenas para desarrollar las actividades de liderazgo, así como la implementación del acuerdo de paz como eje fundamental.

Este encuentro, a pesar de su modalidad virtual producto de las restricciones generadas en tiempos de la emergencia sanitaria, se constituye en un espacio clave para avanzar en la reivindicación de derechos de hombres y mujeres de esta región históricamente golpeada por el conflicto. En el sur de bolívar sus gentes no quieren que vuelvan los días nefastos de la guerra, que trajeron horrorosas consecuencias y dejaron profundas heridas. Las comunidades le apuestan a la reconciliación, pero construida desde el reconocimiento a las aspiraciones de los habitantes de esta región abandonada por el estado y sometida a los grupos armados, es fundamental la implantación plena y rigurosa del acuerdo final de paz, el avanzar en escenarios de dialogo con el ELN, garantizar el cumplimento del programa de sustitución, son los mecanismos para consolidar modelos de economía comunitaria, familiar y campesina y lograr que el sur de bolívar y el magdalena medio , pasen la página de la tragedia de la guerra para construir futuro.

Los pobladores del sur de bolívar están a la expectativa, de que la institucionalidad cumpla sus compromisos y no se quede en reuniones de diagnóstico y promesas que terminan yéndose con la brisa para ahogarse en el rio magdalena