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La ilegalidad del cultivo de palma en el Chocó
La pretendida casualidad de la coincidencia de intereses entre empresarios de la palma y paramilitares en el bajo Atrato. Cultivo, producción, tipos de explotación y localización de la palma aceitera. El papel paramilitar y las consecuencias que para las comunidades y el ambiente tiene este proceso.
Óscar Andrés Sánchez / Jueves 17 de agosto de 2006
 

El cultivo de la palma aceitera llegó a América de la mano de los portugueses. Arribó a Colombia de manera marginal en 1932, pero sólo en la década del 50 se adoptó como política estatal la promoción de su cultivo como parte de la política de sustitución de importaciones, y se creó la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma). Actualmente ha recibido un nuevo impulso con las leyes que reglamentan la producción de biodiesel, ya que según el presidente Uribe, “en un país con declinación en petróleo, el biodiesel se convierte en una alternativa necesaria. Por eso nosotros miramos con mucho entusiasmo el cultivo de palma” [1]].

En Colombia la producción se desarrolla en varios departamentos, en los cuales hay municipios con una mayor concentración. Así aparecen Santamaría en Magdalena, Valledupar en Cesar, Bucaramanga en Santander, Yopal en Casanare, Girardot en Cundinamarca, Meta en Villavicencio y Pasto en Nariño.

La palma aceitera es una planta oleaginosa que se desarrolla entre los 15 grados de latitud norte y los 15 grados de latitud sur, en terrenos con una pendiente inferior a 15 grados; en zonas con una pluviosidad entre 1.800 y 2.200 mm y con una temperatura entre los 22 y 33 grados centígrados.

Una vez sembrada empieza a producir desde los tres años y puede hacerlo hasta los 50. Sin embargo, su máximo rendimiento empieza a los 10 años. Tiene gran potencial su uso en la alimentación y la industria, y más recientemente, como ya se dijo, en la producción de biodiesel. Su rentabilidad radica en esa diversidad de aplicaciones y en su alto rendimiento, pues mientras plantas como la soya producen en una hectárea sembrada 500 Kg de aceite, la palma produce 5.000 Kg. Se cree que la demanda internacional crecerá con la apertura del mercado de China e India.

La explotación comercial de la palma se desarrolla en dos modelos:

El empresarial: que se divide a su vez en vertical (integración de todos los procesos) y horizontal, en el que la empresa ya no se encarga de la producción sino del procesamiento y comercialización, descargándose de la responsabilidad sobre los trabajadores y técnicas de producción.

Asociativo: implica la asociación de productores con el fin de lograr mejores precios e inclusive llegar a controlar el procesamiento y la comercialización

En Colombia el modelo más extendido es el empresarial, en la medida en que para el éxito del asociativo se requiere de un gran compromiso estatal, para este caso inexistente.

A pesar de lo prometedor que parece el cultivo, se puede evidenciar en los últimos años “una caída de los precios desde un precio de más de 1.800 USD a menos de 300 USD por tonelada métrica, con diversas oscilaciones pero con una tendencia constante a la baja” [2].

Por tal razón se afirma que “los mercados internacionales de palma de aceite no tienen un futuro seguro, debido al incremento de la producción, a la disminución de las exportaciones y a la disminución de los precios” [3]].

Esto se ve agravado por características propias del cultivo como a) la baja elasticidad de la demanda, b) como consecuencia de lo anterior, cualquier aumento en las ganancias pasa por el aumento de la superficie cultivada, c) el procesamiento del fruto sólo se hace rentable con la puesta en producción de 10.000 a 25.000 hectáreas. Además, por ser un cultivo perenne, la producción continúa estable a pesar de la baja en los precios, lo cual le impide adaptarse a la coyuntura y va en detrimento de las condiciones de los pequeños productores.

Es decir, se repetirá la historia del café en la medida en que el tipo de cultivo separa la producción de la comercialización, lo cual favorece solo al empresario, quien accede a una producción constante mientras que los pequeños productores sumen sus tierras en una especialización poco rentable.

El Chocó

Colombia reúne las características necesarias para el cultivo de la palma. Inclusive se habla de nueve millones de hectáreas que serían aptas. Desafortunadamente se ha venido implementando en zonas selváticas como en el Pacífico, los llanos orientales y el Catatumbo, que a pesar de reunir las condiciones edafoclimáticas, son zonas con fuerte presencia paramilitar y que albergan tanto comunidades indígenas como negras y gran biodiversidad.

La zona de la que se habla tiene potencial para grandes proyectos de infraestructura como la carretera panamericana y el canal interoceánico, maderas, minería, palma y biodiversidad, aspecto central si se tiene en cuenta la negociación que Colombia está haciendo de las patentes sobre organismos vivos y las leyes que, como el código de minas, pretenden favorecer un modelo de explotación fundado en empresas multinacionales.

Como antecedente de los efectos de esta implantación están las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos realizados en el Magdalena Medio que involucran a grupos paramilitares y empresas de palma. Las comunidades más recientemente afectadas, afrodescendientes y mestizas de Curvaradó y Jiguamandó, están ubicadas en el departamento del Chocó, región del bajo Atrato, en los municipios de El Carmen del Darién y Belén Bajirá.

Sus territorios se extienden por 101.057 hectáreas otorgadas bajo títulos colectivos según la ley 70 de 1993, lo cual implica que estas tierras “solo pueden recaer en otros miembros de la comunidad o en otro miembro del grupo étnico, con el propósito de conservar la integridad de las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas” [4]. Es decir, son inembargables, inajenables e imprescriptibles.

En 1996, grupos paramilitares pertenecientes a las AUC entran a la región, desplazando a los miembros de estas comunidades, que después tendrían la sorpresa, al intentar retornar, de que allí se estaban desarrollando plantaciones de palma o adecuaciones para las mismas.

Inclusive se afirma que “la fuerte presencia y control que ejercen los grupos paramilitares en la región del bajo Atrato, coincide con el incremento acelerado del establecimiento de plantaciones de palma africana dentro de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas ubicadas en la región” [5], aunque, como vemos, pase de ser una simple coincidencia.

Ante esta situación el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) envió una comisión al lugar en octubre de 2005 que determinó que “el 93% de la siembra de la palma africana realizada por las empresas Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A. y Palmadó, están ubicadas en la zona de los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó” [6].

Es decir, 3.816 hectáreas están cultivadas de palma, 349 ya están adecuadas y hay una proyección para usar 21.142 hectáreas, sin contar 810 que están dedicadas a ganadería. Además, impulsados también por los paras, se está sembrando coca y plátano de tipo Beibi.

La táctica usada por los empresarios consiste en obtener contratos de compraventa de las mejoras realizadas, ya sea por medio de la coerción a través de los grupos paramilitares o por compras a colonos o miembros “individuales” de las comunidades. A la fecha del mencionado informe del Incoder se habían obtenido 203 contratos de este tipo que equivalen a 14.181 hectáreas.

En resolución numero 0482 de abril 2005, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó impone la suspensión de actividades para implementar palma. Sin embargo, los trabajos en ese sentido se intensificaron, con apoyo financiero del fondo para el financiamiento del sector agropecuario y el Banco Agrario, con el agravante de que las empresas ni siquiera están afiliadas a Fedepalma.

Dichas empresas están violando abiertamente la ley 70 y las restricciones hechas en atención al principio de prudencia que se debe tener frente a posibles violaciones de derechos humanos. Y es “sorprendente la coincidencia” de intereses entre los paramilitares y las empresas palmeras en la medida en que en la zona de producción palmera actúa el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC que “condiciona su desmovilización sobre la base de que se apoye la palma africana como proyecto agroindustrial”.

De lo cual se concluye que: “La única manera de convertir el sueño del comandante ‘Alemán’ en realidad es desatando un baño de sangre aun más terrible del que se ha vivido en la zona, bien sea para desplazar a las comunidades de sus territorios ancestrales o, como ya se viene haciendo, obligándolas a cultivar palma” [7]].

Medio ambiente e integridad étnica

Se presenta un conflicto de intereses entre las comunidades, interesadas en mantener su integridad cultural y su viabilidad territorial, y los empresarios que ven en las tierras un buen negocio, pues para aumentar la producción deben extender la superficie cultivada.

Estos distintos intereses sobre el territorio generan una diferente apropiación y explotación que influyen en la conservación ambiental, pues las comunidades “han desarrollado estrategias de adaptación y sistemas de producción, uso y manejo del territorio y de los recursos, acordes con las características y capacidades de estos frágiles ecosistemas” [8]].

En cambio, en el desarrollo del proyecto palmicultor se deben realizar obras de infraestructura como canales, carreteras, puentes y cables que generan un cambio del uso del suelo; deben talarse árboles, lo que implica una explotación indiscriminada de los bosques); se sedimentan ríos o se desvían, generando un cambio en la distribución del agua, lo que afecta no solo a la zona sino también a los sectores adyacentes en la medida en que las cuencas intervenidas producen menos agua.

Además de que en sí misma, según el Instituto Alexander von Humboldt: “La palma no se integra en el ambiente existente, lo reemplaza en el suyo, lo que quiere decir que destruye las especies de fauna y flora que no son compatibles con ella y las transforma. Los suelos cambian sus características empobreciéndose y la capacidad agronómica de estos se pierde” [9].

Conclusión

De lo expuesto hasta aquí podemos concluir: a) que la expansión del cultivo se lleva a cabo bajo la presión paramilitar; b) que esta presión afecta la integridad de las comunidades y de los territorios colectivos; y c) que el cultivo de palma es incompatible con el ecosistema.

No es de extrañar. Si se tiene en cuenta que los países donde se ha desarrollado el cultivo (Indonesia, Malasia, Nigeria) pueden ser catalogados como de una dudosa capacidad democrática, Colombia no es la excepción y, como vemos, los servicios del esbirro paramilitar están siendo pagados con la legalización de sus capitales y la legitimación de las tierras que se apropiaron. A costa de las comunidades, de las leyes y del verdadero potencial de una región tan rica en cuanto a biodiversidad se refiere.

Es productivo recordar las palabras de Miguel de Unamuno “Vencerán porque tienen sobrada fuerza bruta. Pero no convencerán. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitan algo que les falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pedirles que piensen en el país” (Oct 12 1936).