La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, también llamada Comisión de la Verdad, es una instancia de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Tiene como propósito conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante este, así como ofrecer una explicación amplia de su complejidad a la sociedad. Esta Comisión surgió en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC, por medio del acto legislativo 01 de 2017 y el decreto 588 de 2017.

Además de la Comisión de la Verdad, el SIVJRNR está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. Según el acto legislativo 01 de 2017, el SIRJVNR requiere ser integral con el fin de garantizar que las medidas adoptadas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas a lo largo del conflicto.

Se trata de un sistema que debe dar respuesta a las víctimas, especialmente en lo que concierne a procesos y prácticas de reparación integral, las cuales comprenden medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En suma, el sistema busca aportar a la restauración de la dignidad de las víctimas.

De acuerdo con su portal web, la Comisión de la Verdad tiene como principales actividades esclarecer y promover el reconocimiento de:

—responsabilidades colectivas de los actores del conflicto armado;

—el impacto humano y social del conflicto en la sociedad desde el enfoque de género y la perspectiva diferencial;

—el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia;

—el impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos;

—los orígenes y múltiples causas del conflicto;

—los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto;

—el fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y dinámicas;

—el desplazamiento forzado y el despojo de tierras con ocasión del conflicto;

—la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito;

—los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva;

—y los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.

Con muchas dificultades, a lo largo de dos años, la Comisión de la Verdad ha logrado desarrollar tres líneas estratégicas: la gestión del conocimiento para la producción del informe final; el diálogo social para la apropiación de la verdad, la convivencia y la no repetición; y su fortalecimiento organizacional.

En relación con la primera línea, se han desarrollado lineamientos metodológicos y diagnósticos locales sobre actores y dinámicas del conflicto.

Sobre la segunda línea, la Comisión definió varias temáticas de trabajo para consolidar los diálogos con las comunidades en los territorios, entre ellas “Mi cuerpo dice la verdad” y “Encuentro por la verdad”, que se centró en el reconocimiento de las mujeres y personas LGBTI víctimas de las violencias sexuales en el conflicto armado.

En lo que concierne a la tercera línea, la Comisión desarrolló su componente misional, haciendo énfasis en los ámbitos reconocimiento, convivencia y no repetición, en estrategias relacionadas con participación, comunicación, pedagogía, y artística y cultural, así como los enfoques de género, etnia, curso de vida, discapacidad y dimensión psicosocial.

No obstante, como es sabido, desde 2018, el Gobierno Nacional, su partido y otros sectores de extrema derecha han llevado a cabo una estrategia intencional y deliberada de desprestigio y estigmatización contra la Comisión y sus integrantes. A modo de ejemplo, el 28 de noviembre de 2018, en el marco de la instalación de la Comisión, encabezada por el padre Francisco De Roux, en el centro de convenciones de Bogotá, no se hizo presente ningún funcionario del Gobierno de Iván Duque. Se trata de un desplante que presagiaba la posición displicente y pendenciera de un Gobierno que, desde las huestes de su partido, anunció públicamente que haría trizas el Acuerdo de Paz.

Luego, durante 2019, en el marco de la nefasta ley de financiamiento, el Gobierno Nacional realizó un recorte del treinta por ciento del presupuesto de funcionamiento de esta entidad, situación que afectó claramente el cumplimiento de sus objetivos misionales. Posteriormente, el pasado 8 de julio, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa durante la presidencia de Juan Manuel Santos, quien ahora le hace guiños a Uribe para una eventual candidatura por el Centro Democrático en 2022, señaló que el trabajo de la Comisión no es creíble y que tiene una visión sesgada. En su cuenta de Twitter afirmó: “(…) Mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados. Se debe ampliar e incorporar nuevos miembros que den balance y confianza”.

Con estos antecedentes, el pasado 7 de diciembre, en el marco de una audiencia virtual organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Comisión de la Verdad en Colombia, el comisionado Alejandro Valencia denunció obstrucciones sistemáticas a esta instancia por parte de instituciones estatales y del partido de Gobierno.

Específicamente, el comisionado Valencia denunció las limitaciones y negativas para acceder a información de entidades oficiales que resultan fundamentales para el esclarecimiento de lo que ocurrió en cinco décadas de conflicto armado, entre ellas, el Ministerio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal, el Inpec, la Unidad de Información de Análisis Financiero, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A modo de ejemplo, las negativas de la Armada Nacional para acceder a documentos de inteligencia y contrainteligencia se basan en su condición de “reserva legal”.

Por otro lado, ante la solicitud de información a la Fuerza Pública sobre determinadas masacres, esta ha implementado una serie de dilaciones para impedir el acceso a la documentación. Asimismo, al solicitar información al Ministerio de Defensa sobre interceptaciones ilegales, altos funcionarios de esa cartera han señalado que la Comisión debe dirigirse a otras dependencias. Por último, al solicitar datos sobre los hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica, las Fuerzas Militares han respondido que no hay información disponible.

Como respuesta, la CIDH exigió al Estado colombiano que presente antes de marzo de 2021 un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la Comisión, relacionadas con el acceso a información, y que justifique por qué se dilata o niega dicha documentación. Asimismo, exhortó al Estado a que garantice la colaboración armónica con los mandatos y funciones de la Comisión.

Al respecto, Camilo Gómez Álzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y recordado por fungir como Comisionado de Paz en el Gobierno de Andrés Pastrana, afirmó que a Colombia le preocupa que la CIDH haga requerimientos basada en simple información de prensa, sin aportar ninguna valoración de pruebas.

El gris excomisionado, ampliamente conocido por su lánguida presencia en los diálogos con las FARC en el Caguán, hoy ubicado en las toldas gobiernistas del uribismo, añadió que el organismo internacional no tiene competencia en asuntos que deben resolverse entre las mismas instituciones, y que este “tiene una preocupación por intervenir apresuradamente en procesos internos de un Estado (…) No tiene función paralela aquí” (El Espectador, 9 de diciembre de 2020).

El anterior panorama parece mostrar tres problemáticas que involucran directamente al Gobierno Duque. En primer lugar, parece que la intención del Gobierno y su partido es impedir el avance de la Comisión de manera que esta no logre entregar su informe en once meses, tal como está establecido en la normatividad. En su interés de desprestigiar a las instancias del SIRJVNR, tal como ha ocurrido con la JEP, el Gobierno de Iván Duque ha implementado una estrategia de obstrucción y dilación burocrática que amenaza seriamente los objetivos y actividades de la Comisión.

Además de negar la información institucional, situación que se puede configurar en prevaricato por parte de los servidores públicos implicados, esta estrategia se enmarca en la postura negacionista frente a los hechos del conflicto que ha caracterizado al uribismo desde el 2002, la cual se expresa en “los informes de verdad” exhibidos ante los medios de comunicación por los ganaderos y los hacendados, representados por Fedegán, así como los informes entregados al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en los que el Ejército se presenta como víctima del conflicto armado.

Esto también explica por qué se nombró a Darío Acevedo como director del CNMH, a Miguel Ceballos como comisionado de Paz, a Nancy Patricia Gutiérrez como consejera presidencial para los Derechos Humanos y a Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior.

En segundo lugar, es sabido que buena parte del entorno que rodeó, y que aún rodea, al expresidente Álvaro Uribe está vinculado con acciones victimizantes en el marco del conflicto armado. Por esta razón, además de atacar a la JEP de manera permanente y buscar su eliminación, desde la Presidencia de la República y el Congreso, es claro que el sesgo ideológico de esta legión concibe la búsqueda de la verdad como una amenaza y presume que los integrantes de la Comisión son sus enemigos.

Esto hace que relacionen a estas personas y sus actividades con narrativas como ser de izquierda, ser cómplices de la guerrilla, estar en contra del progreso del país y dañar la imagen de Colombia en el exterior. No obstante, como se ha evidenciado desde los medios alternativos, se trata de una estrategia que busca debilitar de manera radical asuntos que se derivan del Acuerdo de Paz de 2016 y que son mandato constitucional, entre ellos, la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito, la protección de las comunidades históricamente abandonadas por el Estado, el desmonte de estructuras procedentes del paramilitarismo y la reincorporación integral de los excombatientes.

Por último, se puede afirmar que este bloqueo a la paz y la ratificación de prácticas negacionistas por parte del Establecimiento frente a los hechos atroces del pasado reciente que involucran a diversos actores (legales e ilegales) en más de medio siglo de guerra, hace parte de la campaña electoral de la ultraderecha de cara a 2022.

Tal como ocurrió en las pasadas elecciones, además de actuar en connivencia con la mafia del Consejo Nacional Electoral, las narrativas contra las FARC (así ya no existan), contra los de izquierda (así cuenten con excombatientes del M-19 en sus filas), contra los que ofenden a las Fuerzas Armadas (así sea evidente el problema estructural de violencia contra la población civil y la corrupción de esta entidad) y contra los que quieren todo gratis (en medio de una recesión sin precedentes en la historia reciente), será el mecanismo para exacerbar las pasiones políticas y obtener réditos en las contiendas electorales a la Presidencia y a las corporaciones públicas.

En consecuencia, debemos rodear a la Comisión de la Verdad para que logren entregar el informe final al país, a finales de 2021 y se avance en la restauración de la dignidad de las víctimas como parte del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

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