Desde el día miércoles 4 de marzo, los habitantes del Territorio colectivo de Cacarica han manifestado su temor a ser afectados por el desarrollo de hostilidades entre sectores de las FFMM y estructuras paramilitares de las AGC las que se incrementaron en los últimos días.

Mientras las comunidades de Cacarica conmemoran fuera de su territorio los 24 años de la operación Génesis y Cacarica por las que se vieron obligadas a desplazarse en febrero de 1997, los habitantes de las 23 consejos locales se encuentran la mayoría encerrados evitando ser nuevamente víctimas de ls confrontaciones armadas y un nuevo desplazamiento forzado.

En desarrollo de las actuaciones militares regulares, que en cinco años nunca se realizaron, y permitieron la consolidación paramilitar, se conoció hoy de la presión militar a civiles para ubicar los lugares de operación de las AGC que son totalmente conocidos por los militares.

Los militares además después de 24 años ubicaron un puesto de control sobre el río Atrato en el caserío de Tumaradó con restricción a los civiles dejando de lado el mismo rigor a los armados paramilitares.

Desde marzo las comunidades ante el exponencial control de la AGC que se preveía iban a consolidar con la pandemia invitaron al gobierno un acuerdo humanitario global que este despreció.

Hoy la militarización territorial debe realizarse en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, absteniéndose de involucrar a los civiles.

Desde noviembre de 2016 se denunció el ingreso de más de 150 hombres armados vestidos de camuflado atravesando el puesto del batallón fluvial en Travesía y su instalación en el caserío de La Balsa desde dónde consolidaron el control social territorial aseverando tener el apoyo de las FFMM y desarrollando obras básicas de infraestructura, puestos de salud, tiendas comunitarias, sin que ninguna entidad de gobierno o Estado haya actuado.

La visita del entonces Alto Consejero Presidencial, Francisco Barbosa, a Cacarica nunca tuvo un efecto real para las comunidades negras e indígenas.

Los compromisos en materia de protección e investigación ante la CIDH nunca se cumplieron. Y la sentencia de la Corte Interamericana ha sido un largo proceso de desconocimiento y revictimización.