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Desplazamiento masivo de 120 familias en Las Pavas, municipio del Peñón, Bolívar
"Somos una comunidad campesina que exigimos el derecho a la permanencia en el territorio de manera productiva"
 

Denunciamos a la opinión pública la revictimización de nuestra comunidad por el desplazamiento masivo de 120
familias, ante el desconocimiento del estado de derechos por parte de las
autoridades civiles y militares del municipio de El Peñón, Departamento de Bolívar –
Colombia.

El 14 de julio de 2009 fuimos víctimas del desconocimiento de nuestro legítimo
derecho a la defensa y debido proceso, por parte del inspector central de policía
del municipio de El Peñón, (Sur de Bolívar), quien en abuso de su atribuciones llevo
a cabo el desalojo de 120 familias del predio “LAS PAVAS”, impidiendo que
ejerciéramos la oposición que permite el artículo 13 del decreto 992 de 1930 que
dicta: “Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad
exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde
suspenderá la diligencia de lanzamiento, quedando en libertad los interesados para
ocurrir al poder judicial”.

Esta diligencia contó con la presencia y acompañamiento del Programa Presidencial
para los Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena
Medio, el asesor de paz de la Gobernación, El Programa Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio, el Observatorio de Paz Integral y Fedeagromisbol.

Irregularidades dadas en la diligencia de desalojo

- Previo a la diligencia de desalojo el lugar fue acordonado por un grupo de
policías de asalto armados con fusiles y artillería pesada quienes ocuparon
inicialmente un sector de la finca Las Pavas.

- Además de esta fuerza de asalto, hizo presencia personal de la policía
nacional, un numeroso grupo de antimotines del ESMAD y agentes de civil
de la Sijin, quienes a lo largo de la acción, grabaron y fotografiaron a los
integrantes de ASOCAB y a los acompañantes de la diligencia.

- El desconocimiento jurídico que reconoció el inspector de policía del
municipio de El Peñón durante la diligencia, al expresar “no tengo formación
como abogado”, facilitó que la permanente presión del abogado defensor
de la empresa palmera (Aportes San Isidro S.A y C.I Tequendama ) y
funcionarios acompañantes como el comisario de familia, impidieran que
ejerciéramos nuestro derecho a la defensa, mediante la OPOSICIÓN para
que se presentaran las pruebas, que debieron ser valoradas y que
demuestran que este predio se encuentra en extinción de dominio, motivo
por el cual la ley colombiana prohíbe que se ordene desalojo de campesinos
en predios con esta condición (Artículo 5, decreto 747 de 1992); haciendo
caso omiso a los requerimientos que el ministerio público hizo frente al
respeto al derecho a la defensa y al debido proceso.

- De manera reiterada nuestra apoderada, las instituciones y organizaciones
sociales acompañantes a la diligencia ante el incumplimiento de dejar
constancia por escrito de todas las intervenciones de las partes, debieron
solicitar al inspector de policía que levantara el acta de la diligencia en varios
momentos, motivo por el cual el acta final carece del contenido total de las
intervenciones, requerimiento y decisiones.

- Consideramos un despropósito que un funcionario como el inspector de
policía en el ejercicio de una diligencia de este tipo, presente un “asesor”
como su apoderado para hablar en su representación.

ASOCAB esta conformada por 123 familias campesinas que congregan mas de 500
personas quienes exigimos al estado colombiano el respeto al debido proceso, al
derecho a la tierra, al mínimo vital, al trabajo, a la vida, a la integridad y a la
protección especial que merecemos la población en situación de desplazamiento.

Somos una comunidad campesina que exigimos el derecho a la permanencia en el
territorio de manera productiva.

ASOCIACION DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES

El Peñón, 15 de julio de 2009