Indignación sienten los colombianos cuando escuchan hablar al presidente de la República, Iván Duque, quien en momentos tan difíciles como los que está viviendo el país por la crisis económica agravada por la pandemia, pretende engañar a los colombianos para que acepten una reforma tributaria mal llamada Ley de solidaridad sostenible.

El proyecto fue radicado el pasado 5 de abril en el Congreso de la República, aunque ya se habían anunciado algunos aspectos fundamentales que tocarían el bolsillo de los colombianos de menores ingresos, como el IVA a los productos básicos de la canasta familiar, situación que enfureció a la ciudadanía y obligó a distintas organizaciones sociales a que se unieran a la iniciativa de un Paro Nacional el 28 de abril.

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá, en compañía de Andrés Álvarez, Magister en Economía de la Universidad Nacional y Carolina Castro, también economista de la Universidad Industrial de Santander, discutieron en un Facebook Live sobre los temas más perjudiciales de la reforma tributaria.

El IVA no es el único punto crítico del proyecto, hay otros aspectos bastante preocupantes que van a afectar de manera muy negativa a la clase trabajadora, dijeron los expertos.

Álvarez mencionó que esta es la tercera reforma tributaria que presenta el Gobierno de Duque. La primera fue bajo el nombre de Ley de crecimiento económico, aprobada por el Congreso antes de la pandemia y tumbada por la Corte Constitucional. Sin embargo, en el segundo intento tendría éxito y el país iba a regirse bajo una nueva política de recaudo que le generaría un déficit, del que nuevamente se iban a hacer cargo los colombianos de menores ingresos, porque al país iban a dejar de ingresarle recursos por cuenta de las exenciones y gabelas tributarias para las empresas y sectores económicos poderosos, con la excusa de generar más empleo.

La pandemia, el pretexto

La Ley de crecimiento económico generó un déficit fiscal, adicional al problema estructural que tiene Colombia por ser un país pobre a la hora de generar riqueza, debido a la gran desigualdad que se puede reflejar al ver cómo se recaudan los dineros de los impuestos, pues con todas las reformas tributarias regresivas que ha habido en los últimos años, los ciudadanos más vulnerables han visto cómo se les incrementan los costos por decisiones de gobiernos excluyentes, mientras los más ricos siguen amasando grandes fortunas sin hacer una contribución de acuerdo con lo que tienen.

Sin duda, para Carolina Castro esto es un atropello. Explicó que el covid-19 es el caballito de batalla, con el que el Gobierno pretende justificar la imposición de esta reforma tributaria, y argumenta que la pandemia no es el motivo por el cual el país se encuentra en una situación económica difícil, ya que Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo, el segundo en Latinoamérica y el séptimo a nivel global.

Estas condiciones se dan porque los gobernantes que han estado a cargo no quieren trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos, tampoco hay voluntad política para radicar una reforma tributaria progresiva, en la que todos aporten según el nivel de sus ingresos, añadió la analista.

Es importante recordar que todas las reformas tributarias presentadas en las últimas décadas se han enfocado en gravar el consumo y los productos básicos de la canasta familiar, por esta razón las condiciones económicas de las familias se desfavorecen, ya que el dinero que destinan a comprar artículos básicos disminuye, por lo tanto, también baja la calidad de vida.

Pero en lugar de ver cómo mejora esta situación de manera real, lo que plantea el Gobierno es un proyecto infame que supuestamente busca erradicar la pobreza. Por cierto, Carolina Castro mencionó los estudios de pobreza que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en los que esta situación se da solo si la persona recibe menos de 327 mil pesos mensualmente, “algo absurdo”.

Golpe a trabajadores y pensionados

Otro de los puntos llamativos que mencionó Andrés Álvarez fue el de un Gobierno austero, en el que se busca, por medio de un artículo de la reforma, que el presidente de la República tenga facultades extraordinarias para por seis meses fusionar o suprimir entidades del Estado. “Esto es algo que vimos en el mandato de Uribe, en el que se les quitó el empleo a muchísimos colombianos”, señaló el experto. También aseguró que los sindicatos deberán estar atentos ante esta medida para no dejar que se le vulneren sus derechos y manifestarse en las calles.

Los pensionados también serán afectados, según Álvarez se les va a gravar el aporte que han hecho durante toda su vida con un 25% y si algún trabajador en malas condiciones de salud o en cualquier situación adversa no tiene posibilidades de pensionarse, y si quiere retirar sus aportes, estos también serán gravados con un 35%.

“Poco se piensa en la población mayor y esto es una evidencia, el Gobierno en lugar de buscar políticas que mejoren el sistema de pensiones, que es una ‘porquería’, se centra en deprimir un sector de la sociedad muy vulnerable, que cada vez cuenta con menos posibilidades de tener una condición de vida digna”, anotó el economista.

Sin renta básica

El experto hizo hincapié en que si hay un mandato progresista en 2022, lo que se debe hacer es en los primeros cien días presentar una reforma tributaria que elimine las exenciones a grandes empresas, para de esta manera recaudar 90 billones de pesos con los cuales se pueda afrontar una renta básica real, con un grupo de senadores y representantes a la Cámara que trabajen en políticas sociales favorables para todos y que no solo se centren en perjudicar a la clase trabajadora. Por lo contrario, que hagan pagar a los que más tienen, no darle posibilidades de que sigan evadiendo impuestos y castigar drásticamente a los que envíen sus ingresos a los paraísos fiscales. “Esta sería la reforma tributaria del Gobierno del Pacto Histórico”, añadió Andrés Álvarez.

Por su parte, Heidy Sánchez y Carolina Castro estuvieron de acuerdo en que el Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá coinciden a la hora de presentar sus propuestas y de engañar a la gente, porque la intención es hacer creer a la ciudadanía que con las ayudas que le brindan los entes gubernamentales se está haciendo un gran esfuerzo. No obstante, lo que se logra es pauperizar a la sociedad ya que con la situación tan precaria que están viviendo millones de ciudadanos, no se puede llamar renta básica a los pocos apoyos que brinda el distrito y la nación.

Publicado en Semanario VOZ