Una extensa relación de delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos por policias y militares durante las manifestaciones sociales que se desarrollan en Colombia desde el 28 de abril, hacen parte de la denuncia presentada este jueves ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La denuncia fue presentada por el senador Iván Cepeda, la Campaña Defender la libertad un asunto de todas, plataforma “Grita” de Temblores ONG, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

La denuncia solicita que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, y previene que este fenómeno se presenta gracias a la concentración del poder ejecutivo que recae en el presidente Iván Duque Marquez, lo que atenta contra el principio de separación de poderes, el Estado social y democrático de derecho y los derechos fundamentales establecidos en la constitución política de Colombia.
El informe, contiene evidencias de delitos contra la población civil tales como homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Refiere 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran graves violaciones de los derechos humanos. Se documentaron 24 homicidios y 50 víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular.

Asimismo, la denuncia determinó que 40 personas han perdido la vida durante procedimientos policiales contra la movilización social. La mayoría fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué. Además se alertó sobre el preocupante dato de 435 personas reportadas como desaparecidas.

Estos hechos de violencia policial habrían ocurrido con carácter sistemático y los responsables son en su mayoría miembros de Policía, institución que constantemente minimiza o ignora la existencia de los crímenes cometidos. Los denunciantes aseguran que “los altos mandos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano. Por el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas”.

Las organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos y el senador Iván Cepeda, advirtieron a la CPI que, aunque las protestas en Colombia surgieron como acción para reclamar al gobierno de Iván Duque, el aumento y la profundización de la violencia, la pobreza y la desigualdad, en lugar de abrir escenarios de diálogo, han estado plagadas de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.

En esa dirección, solicitan a la CPI que analice la información suministrada a la luz del Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”. Asimismo, solicitan a la fiscal, Fatou Bom Bensouda que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos. En concreto, sobre la investigación, procesamiento y sanción judicial de los responsables materiales y máximos responsables involucrados en los presuntos delitos de lesa humanidad, ocurridos durante las recientes protestas sociales del país.

A su vez, en la comunicación dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres, solicitaron que remita el informe a la CPI, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puede pedir al fiscal que investigue una situación, cuando corresponda, a uno o varios de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma, entre ellos, crímenes de lesa humanidad.

“Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales (…) nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, concluye el informe.

Con información de oficina de prensa del Senador Iván Cepeda