El pasado 18 de julio se cumplieron 12 años de vigencia de la Ley 387, marco legal sobre el cual se constituye la política pública de atención a la población desplazada.

Una persona poco conocedora del tema (o cuyo acercamiento al mismo ha sido por los medios masivos de información) pensaría que una Ley que ha regido durante más de 10 años ha traído grandes “beneficios” y “privilegios” para las personas internamente desplazadas, y que el fenómeno del desplazamiento forzado ha disminuido, pero lo cierto es que ninguno de los dos postulados se ha dado.

Las cifras presentadas por el Registro Único de Población Desplazada, RUPD, dan cuenta de 2.977.209 personas en condición de desplazamiento. Este sistema ha arrojado un promedio de 275.000 personas desplazadas desde el 2002, es decir durante el periodo del presidente Uribe y su “política de seguridad democrática”, que es segura y democrática para que se “viva Colombia y se viaje por ella” y para “garantizar la confianza inversionista” de la agroindustria, pero no para evitar el desplazamiento de la población campesina, afrodescendiente e indígena. Por otra parte, la ong Codhes indica que los migrantes forzados en nuestro país son 4.402.302.

Los sistemas de registro dan cuenta que los principales puntos de expulsión son aquellos departamentos donde con mayor intensidad se desarrolla la confrontación armada contra los grupos guerrilleros, sur del país, y aquellas zonas donde se presenta la llamada “reparamilitarización”. El desplazamiento forzado igualmente mantiene una cobertura nacional (incluyendo San Andrés y Providencia) e incluye todas sus modalidades (masivo, individual o de familias, intraurbano, intrarural, etc)

De igual manera, los desplazados han sido catalogados como “los más vulnerables entre los vulnerables”, de allí que la Corte Constitucional, 5 años después de emitida la emblemática Sentencia T-025 de 2004, considera que el Estado de Cosas Inconstitucional aun se mantiene, y que la política pública de atención a la población desplazada presenta entre otros, un gran rezago y vacíos protuberantes que amenazan con perpetuar el estado de cosas inconstitucional, por lo cual el alto tribunal ordenó al gobierno replantear componentes de la misma (Auto 008 de 2009)

La propuesta gubernamental para replantear y corregir las fallas de la política pública, presentadas el pasado 10 de julio no presenta nada nuevo a lo ya trabajado y demuestra la falta de voluntad política del gobierno y las instituciones para dar una respuesta real y efectiva al desplazamiento y garantizar el Goce Efectivo de Derechos a los migrantes forzados. El balance de la audiencia deja mucho que desear, en palabras del Presidente de la Corte Constitucional, ante las respuestas evasivas, la retórica exagerada y la falta de explicación a ciertas preguntas por parte del Luis Alfonso Hoyos, ex director de Acción Social y hoy embajador de Colombia ante la OEA. Hoyos es un funcionario que después de dejar a cuatro millones de personas aún más lejos de sus derechos fundamentales y colaborar con la revictimización de los desplazados, es premiado con un buen cargo en el exterior, en similares condiciones a las del ex Fiscal Luis Camilo Osorio y del ex Director del DAS, Jorge Noguera.

Ha sido tal la falta de compromiso con los desplazados que son los jueces quienes han venido a amparar y proteger a las víctimas del desplazamiento. La Corte Constitucional se ha apropiado del tema a partir de la promulgación de la Sentencia T-025 de 2004, emitiendo una gran cantidad de órdenes buscando superar la carencia de derechos de los migrantes forzados y buscando que las entidades del SNAIPD cumplan con sus deberes.

A pesar de lo anterior entidades como Acción Social continúan incumpliendo. Tal es el caso de las personas desplazadas que protestan en el parque Tercer Milenio de Bogotá. Allí la omisión no ha sido sólo de la entidad señalada sino también de la Administración de Bogotá. La administración de la capital ha brindado las medidas de la ayuda inmediata y de la atención humanitaria de emergencia, pero no se compromete con medidas de estabilización socioeconómica y de cesación del desplazamiento. Acción Social por medio de Armando Escobar, Director estratégico del programa de desplazados, señala que el caso del tercer milenio “es una protesta social, que debe manejar el Distrito”.

Y mientras las entidades se “tiran la pelota” de la responsabilidad, las víctimas son revictimizadas, tal como ocurrió con la menor desplazada que fue víctima de acceso carnal abusivo por parte de 6 Auxiliares bachilleres y un intendente de la Policía Nacional, en las instalaciones del parque. La revictimización no la viven únicamente los desarraigados que llegan a Bogotá y los que actualmente protestan, sino que ésta se presenta en todo el país, especialmente cuando se exigen los derechos, como el derecho a la tierra. Las organizaciones de población desplazada que exigen la restitución de su patrimonio y bienes inmuebles han sufrido 10 asesinatos, 563 amenazas, violaciones a mujeres y niños, golpizas, panfletos de las Águilas Negras anunciando masacres, incendio y saqueo de sedes y hostigamiento constante a quienes han retornado. Benigno Gil, Yolanda Izquierdo, Julio César molina y Walberto Hoyos, son los nombres de algunos de los líderes de la población desplazada que han sido asesinados por exigir sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la restitución. Mientras tanto la impunidad sigue reinante. Según el ACNUR, entre el 2004 y el 2006, fueron registradas 619.000 nuevos desplazados, pero tan sólo se iniciaron las investigaciones de 6.500 casos, llegaron a juzgados penales 32 procesos y fueron fallados únicamente 13, sancionando por este delito a 15 personas.

Podemos concluir que después de 25 años de desplazamiento, 12 de promulgación de la Ley 387, y 5 de la expedición de la Sentencia T-025, el país y sus gobernantes no han iniciado a saldar la deuda histórica que tienen con las personas internamente desplazadas y que por el contrario la falta de voluntad política de la elite gobernante hace ver lejano el fin de esta tragedia.

Con información de:

ACNUR, Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia, Enero 2004 – abril 2007. Bogotá, ACNUR, 2007.

Los están matando, Revista Semana, Edición 1402, marzo 16 a 23 de 2009, pp. 40-44.

Periódico Hoy, 23 de julio de 2009. pp. 2 – 6

Rodríguez César y Rodríguez Diana, Y los desplazados, ¿qué?, en El Tiempo, 12 de julio de 2009, sección “Domingo a Domingo” p. 1.