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Más de 120 familias del sur de Bolívar están en litigio con la familia samaria Dávila Abondano
Revista Cambio / Jueves 8 de octubre de 2009
 
Foto: Héctor Fabio Zamora / Cambio

En un terreno de la escuela de la vereda Buenos Aires, en el sur de Bolívar, viven en cambuches 123 familias que, el pasado 14 de julio, fueron desalojadas por la fuerza pública de Las Pavas, una finca de tres mil hectáreas. La petición de desalojo la hicieron dos empresas -Aportes San Isidro y C. I. Tequendama- del Grupo Daabon, de la familia samaria Dávila Abondano.

Según el líder campesino Misael Payares, es la tercera vez que son sacados de esas tierras: primero por los paramilitares, luego por un tío de Pablo Escobar, ahora por la familia Dávila Abondano. Lo hicieron por las buenas, sin oponer resistencia. "No queríamos ni muertos, ni heridos" -dice-. "Pero lo hicimos con dignidad y permaneceremos aquí lo que sea necesario hasta que nos devuelvan esa tierra que es nuestra".

Efraín Alvear, otro líder campesino, insiste en que la tierra les pertenece a las 123 familias. "Las trabajamos durante más de 13 años", dice, y cuenta que su propietario original era Jesús Emilio Escobar, que la abandonó tras la muerte de su sobrino Pablo Escobar en 1993, que fue cuando ellos ocuparon la finca para sembrar cacao, maíz y algodón. La trabajaron hasta 2003 cuando fueron desalojados por el Bloque Central Bolívar de las AUC. Se refugiaron en Buenos Aires y en 2006, tras la desmovilización de los paramilitares, regresaron a Las Pavas.

Ese año, el Incoder inició un proceso de extinción de dominio para repartir la finca entre sus ocupantes. "Estábamos tan confiados" -afirma Alvear-, "que a mediados de 2006 hicimos con mucho esfuerzo un préstamo al Banco Agrario por 234 millones de pesos para sembrar cacao". Pero a finales del año apareció el dueño original y los sacó a la fuerza. Volvieron de nuevo a Buenos Aires. Escobar vendió la tierra en 2007 al grupo Daabon, pero en noviembre de 2008 Incoder finalmente inició el proceso de extinción. "Recuperamos la fe y volvimos en enero de 2009", relata el líder campesino.

Demanda y tutela

El vía crucis no terminó. Las empresas del grupo Daabon, Aportes San Isidro y C. I. Tequendama, demandaron en 2008 a los campesinos por ocupación de hecho y éstos, para responder a lo que consideraron una injusticia, interpusieron una tutela ante el juez promiscuo de San Martín de Loba (Cesar), que fue fallada a su favor el 30 de abril pasado. De nada sirvió. Haciendo caso omiso de la decisión judicial, el inspector de El Peñón ordenó el desalojo.

Las empresas del grupo Daabon sostienen que compraron el predio de buena fe, ya que en la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados Las Pavas no figuraba con reserva alguna, cosa cierta porque Incoder nunca notificó el proceso. Pero la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires, a la que pertenecen los desalojados, argumenta que desde 2006 el Incoder verificó que las familias trabajaban ese predio e inició el proceso de extinción.

El caso, que ha sido denunciado también por el sociólogo y columnista Alfredo Molano, lo llevan abogados en forma gratuita porque los campesinos no tienen cómo pagarles, y agencias internacionales le hacen el seguimiento. "Cuando ganemos la querella entenderán que la justicia existe" -dice Payares-. "Recuerden que en la historia David le ganó a Goliat".

Los campesinos están de nuevo sin tierra para trabajar y Las Pavas en poder de las empresas de la familia Dávila Abondano, la misma que según investigación de Cambio recibió en 2008 subsidios por más de 2.200 millones de pesos para riego y drenaje del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura en el departamento de La Guajira.

Además otro documento conocido por la Revista revela que Aportes San Isidro, propietaria de Las Pavas, recibió 372 millones de pesos de la línea de crédito Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) de Finagro para un proyecto en El Regidor, a 35 minutos de la mencionada finca.

Las 123 familias desalojadas no entienden por qué el Estado no les tiende la mano, mientras sí lo hace, y en forma generosa, con una familia poderosa, cabeza de un grupo que mueve 120 millones de dólares al año.

Lupa internacional

Más de 15 ONG internacionales, entre ellas la inglesa Christian Aid, iniciaron una campaña de divulgación en todo el mundo para denunciar el caso de Las Pavas y han recomendado "abstenerse de comprar productos" de las empresas Aportes San Isidro y C. I. Tequendama por considerar que violaron derechos fundamentales de los campesinos desalojados el 14 de julio.

"Daabon está vendiendo a The Body Shop y como agencia británica tenemos deber especial de asegurar que el bienestar de los británicos no provenga del sufrimiento de 123 familias desplazadas y pobres, y por eso hicimos la denuncia", le dijo a Cambio Jonathan Glennie, representante de Christian Aid. Las dos empresas llevan 20 años dedicadas a la extracción y refinamiento de aceite y en los últimos diez años se ha especializado en la producción de aceite orgánico de palma y sus derivados.

Daño ecológico

Cambio acompañó a un grupo de campesinos y a delegados del Programa de Paz del Magdalena Medio (PPM) durante una visita a Las Pavas y pudo comprobar que hay varias hectáreas de tierra quemadas y otras devastadas por la siembra de palma aceitera, y que los humedales, clave para la vida silvestre, la pesquería y el abastecimiento de agua, se están viendo afectados. "Están talando bosques de más de 30 años que va a ser muy difícil de recuperar", asegura Efraín Alvear.

Por su parte, los delegados de PPM sostienen que la empresa palmera viene haciendo canales para secar los humedales y ganar más terreno "para la siembra de palma". Las autoridades ambientales de Cartagena han sido informadas del asunto.