La historia del Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibio”, se remonta a finales del siglo pasado cuando fue creado. Se desactivó el 13 de mayo de 1910 para fusionarlo con el Batallón de Infantería No.17 y crear así el Batallón de Ingenieros “Francisco José de Caldas”, hasta el 26 de mayo de 1983, cuando en el Gobierno del Presidente Belisario Betancour, lo reactivó con el nombre de “Batallón de Ingenieros No.14 “Batalla de Calibío”, orgánico de la Decimacuarta Brigada recién creada y perteneciente a la séptima división del ejército, con sede en Puerto Berrío (Antioquia), y elemento principal del Comando de Desarrollo del Magdalena Medio.

Su misión como unidad de ingenieros militares consistiría en aumentar el poder de combate de las unidades de maniobra por medio de operaciones de movilidad y contramovilidad, que facilitarían el movimiento de las tropas e impedir el del enemigo. Su jurisdicción comprende el municipio de Puerto Parra (Santander), el área rural del municipio de Puerto Berrío y una porción rural de los municipios de Yondó (Antioquia) y Cimitarra.

El informe " Nunca Más” sobre crímenes de lesa humanidad en Colombia, denuncia sin embargo que "La creación de la XIV Brigada en Puerto Berrío, en 1983, fue fundamental para la consolidación del paramilitarismo en el Magdalena Medio, en ello jugaron un papel muy importante sus dos primeros comandantes: el Mayor General Daniel Enrique García Echeverry, quien fue comandante de abril 1 a diciembre 28 de 1983, y el Brigadier General FaroukYanine Díaz, quien fue comandante entre diciembre 1 de 1983 y diciembre 1 de 1985. En especial Yanine Díaz, quien no solamente jugó este rol cuando estaba en la XIV Brigada, sino también desde la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá y desde la Comandancia de la II División del Ejército con sede en Bucaramanga".

La historia más reciente de este Batallón es más conocida por sus acciones violatorias de los derechos humanos y contra la población civil, que por sus operaciones contra las guerrillas que operan en la región colombiana del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, con sede en Barrancabermeja denunciaba en el 2008 que "el Batallón Calibio de la XIV Brigada del Ejército, ha desatado una feroz persecución contra los pobladores y pobladoras de la región, al punto que los familiares de las víctimas están denunciando asesinatos cometidos por esta fuerza del Estado”.

El 25 de marzo de 2007, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), tropas del Batallón Calibío adscritas a la 14ª. Brigada del Ejército Nacional -al mando del teniente Castellanos y del sargento Palomino- capturaron a dos jóvenes campesinos de esta vereda, uno de los cuales escapó. El otro, Carlos Mario García, de 21 años, quedó en poder de los militares. La comunidad exigió al Ejército la liberación de Carlos Mario y lo que recibió fue el cuerpo sin vida del joven campesino, presentado como "guerrillero dado de baja en combate".

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El domingo 27 de enero de 2008, Miguel Ángel González Gutiérrez salió de su finca. En el trayecto fue interceptado por una patrulla militar del Batallón Calibío. Los soldados que la componían posteriormente lo asesinaron, justificando su muerte como una baja en combate. Miguel Ángel era un reconocido líder campesino. Además, era hijo del dirigente de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) Miguel Ángel González Huepa, privado de la libertad ocho días antes, y enjuiciado por el supuesto delito de rebelión debido a sus actividades como líder campesino y defensor de derechos humanos.

La determinación del Gobierno Nacional de retirar de sus cargos a 27 mandos militares en Octubre de 2008, a raíz del auge de las ejecuciones extrajudiciales (asesinatos de civiles) en Colombia por parte de efectivos militares, involucró a los siguientes oficiales y suboficiales de la Séptima División, XIV Brigada y del Batallón Calibío: mayor general Luis Roberto Pico Hernández, comandante de la VII División y el coronel Juan Carlos Barrera Jurado, comandante de la Brigada XIV, además de sus subalternos: teniente coronel Néstor Camelo Piñeros, ex comandante del Batallón Calibío, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, comandante del Batallón Calibío, capitán Javier Alarcón Ávila, oficial de inteligencia del Batallón Calibío, sargento viceprimero John Fredy Sotelo, ex ayudante de la sección de inteligencia del Batallón Calibío, sargento segundo Cristian Castro Ojeda, almacenista de armamento del Batallón Calibío y cabo tercero Felipe Perdomo Polanía, comandante de escuadra del Batallón Calibío.

Estos oficiales estuvieron comprometidos con el asesinato de campesinos que posteriormente fueron puestos en los medios de comunicación colombianos como guerrilleros dados de baja en combate.

Durante el mandato de Uribe Velez en la zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, los mandos y oficiales del Batallón Calibio han estado vinculados a las ejecuciones extrajudiciales de los civiles: Luis Sigifredo Castaño. Róbinson Alberto González. Carlos Mario García. Parmenio Manuel Hernández Anaya. Miguel Ángel González Gutiérrez. Luis Horacio Ladino Guarumo, Javier Leonardo Franco Carvajalino y Robinson Antonio Trujillo Márquez.

Pero los militares del Batallón Calibio están siendo investigados por otros delitos cometidos contra la población civil. A la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), a las cinco y media de la tarde del sábado 14 de marzo, arribó un soldado de apellido Carreras, integrante de las tropas del Batallón Calibío que operan en el lugar bajo el mando del cabo Sarabalí. El militar Carreras se presentó encapuchado ante la comunidad y afirmó que era de las autodefensas (grupos paramilitares) y se dirigió a la casa de Alix Contreras Henao, de 25 años, amarrándola junto a sus dos hijos, de 8 y 2 años respectivamente. En la misma casa también amarró y se llevó por la fuerza a dos niñas menores de edad que se encontraban allí en el momento de los hechos. A las cuatro de la mañana del día siguiente, la comunidad conformó una comisión para buscar a las dos niñas, de 15 y 16 años de edad respectivamente, encontrándolas en la zona boscosa de la vereda. Las niñas sufrieron maltratos físicos y fueron violadas.

Por lo anterior le exigimos al estado colombiano cerrar este Batallón comprometido de manera sistemática con crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Iniciamos una campaña internacional de denuncia de estos crímenes que perdurará mientras esta institucion militar permanezca activa y continúe violando los derechos humanos en el Magdalena Medio de Colombia.

Firman:

Frente Sindical Obrero de Canarias