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Las comunidades de Suárez (Cauca), dispuestas a defender su territorio
Frente al objetivo de sacarlos de sus tierras, los pobladores de la región hicieron al menos 59 denuncias de violaciones a sus derechos humanos y al DIH recibidas en la audiencia pública por la defensa del territorio, la cultura y la dignidad, realizada el pasado 10 de diciembre.
Camilo Raigozo / Miércoles 27 de enero de 2010
 
El líder indígena del resguardo de Honduras muestra al público el cadáver del gobernador suplente del mismo resguardo, asesinado por los paramilitares. Foto: Lina Martínez.

El pasado 10 de diciembre se realizó en el municipio de Suárez (Cauca) la Audiencia por la Defensa del Territorio, la Cultura y la Dignidad de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas pobladoras de esta región del occidente colombiano. La audiencia fue convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Corporación Nomadesc, Corporación Sembrar, el CRIC, la ACIN y otras 16 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Por parte de las comunidades atendieron el llamado unas 500 personas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, quienes colmaron el coliseo deportivo del centro educativo Francisco de Paula Santander. Ocuparon la mesa directiva el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Víctor Velásquez, el senador del Polo Democrático Alternativo Alexánder López Maya, el líder indígena Feliciano Valencia, la defensora de los derechos humanos Berenice Celeyta y otros importantes líderes sociales de la región.

Feliciano Valencia denunció que en el norte del Cauca lo que el Gobierno ha llamado “la recuperación social del territorio” no es otra cosa que convertir a toda la zona en un teatro de operaciones militares, lo cual ya ha traído nefastas consecuencias en materia de respeto a los derechos humanos. “Hace dos semanas conocimos la orden impartida por el presidente Álvaro Uribe y su ministro de la Defensa, de asignar 2.500 miembros de la Fuerza Pública para los municipios de Corinto y Toribío. Los militares han ocupado los territorios indígenas, campesinos y afros, y en enfrentamientos con la insurgencia de las FARC han dejado en los últimos tres meses al menos 56 civiles muertos”, dijo Valencia.

La creación de un comando militar conjunto especial para esta región y el traslado de la Tercera Brigada a Popayán ya dan sus resultados negativos, entre los que se mencionaron retenes permanentes donde se judicializa a la población, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, hostigamientos, reclutamiento forzado de menores, señalamientos, desplazamientos y ocupación de las veredas y las viviendas, donde se pone a la población como escudo humano, y la siembra de artefactos explosivos por parte de todos los actores armados, incluyendo el Ejército, los que han dejado a 12 niños muertos, 12 heridos graves y pérdidas económicas incalculables desde 2008.

Defender el territorio cueste lo que cueste

Sigifredy Ararat, miembro del Consejo Comunitario del corregimiento La Toma, dijo:

“Que el Estado pare ya todos los hostigamientos contra nosotros, porque en esta región no le hacemos mal a nadie. Todo lo que pedimos es la defensa de nuestro territorio de la voracidad de los megaproyectos de los que hemos sido víctimas desde 1980 con la explotación de la caña de azúcar, luego por la explotación del oro por la AngloGold, después la hidroeléctrica Salvajina. Mientras que todos esos empresarios e inversionistas se han enriquecido, a las comunidades nos han desplazado, asesinado y pauperizado. El Gobierno nos sindica de que estamos contra el desarrollo, sin tener en cuenta el costo humanitario y ecológico del desarrollo que él propone. Lo que nosotros pedimos es que nos dejen vivir aquí porque estas tierras nos pertenecen desde nuestros antepasados más remotos”.

Los dirigentes del Consejo Comunitario de La Toma fueron amenazados por paramilitares del régimen, quienes les dieron un corto plazo para abandonar la región. “Aquí las amenazas son contra la vida de todos los pobladores y sus dirigentes por parte de paramilitares con el objetivo de que abandonemos estas tierras, porque el Gobierno tiene planeado entregarlas a las multinacionales para desarrollar megaproyectos y explotación minera. Pero nosotros vamos a defender nuestro territorio cuéstenos lo que nos cueste”, dijo Ararat.

Como las anteriores, fueron recibidas 22 denuncias públicas y otras 34 en privado, dado el inminente riesgo que corren quienes se atreven a denunciar.