No deja de causar admiración que en Colombia algunos se sorprendan cuando se habla de manera crítica sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Gobierno y algunos sectores de la prensa están tan acostumbrados a repetir que bajo el régimen de la Seguridad Democrática, Colombia ha hecho enormes progresos en los asuntos de derechos humanos, que se escandalizan cuando aparecen voces que cuestionan el verdadero alcance de tales progresos.

De ese modo, han reaccionado escandalizados ante el último informe de Human Rights Watch que destaca la tolerancia de algunos sectores de la fuerza pública y funcionarios estatales con las nuevas bandas criminales aparecidas en los últimos años. Algo que se sabe desde hace tiempo, pues la única novedad es que ahora HRW lo ha documentado y fundamentado en su último reporte.

Pero si hay un caso emblemático de los pocos progresos que han hecho en realidad los DDHH en Colombia, éste es sin duda el de los llamados ‘falsos positivos’. Inicialmente quisieron negarlo y evadir la responsabilidad, pero al Presidente y su ministro de defensa de ese entonces – cuando ya no hubo modo de cubrir las evidencias – no les quedó más remedio que reconocer el delito y atribuir algunas culpas entre varios altos oficiales. El ministro Juan Manuel Santos dijo entonces que “habrá cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos”. Palabras huecas, como quedaría demostrado con el correr de los días.

La noticia de los ‘falsos positivos’ se conoció en septiembre de 2008. Un año más tarde no solamente no se veían todavía resultados de la aplicación de la justicia a los militares implicados sino que las víctimas, las madres de los muchachos asesinados que seguían insistiendo en que se hiciera justicia, estaban recibiendo amenazas de muerte y ataques violentos directos. No habían recibido prácticamente ayuda gubernamental, el crimen seguía en la impunidad, y además las querían callar a la fuerza.

¿Qué habrá dicho el ministerio de Defensa en ese entonces? ¿Cómo se las arregló el Gobierno de Uribe para camuflar estas nuevas violaciones a personas que se cuentan entre las más pobres y más vulnerables del país? ¿Con qué cara pueden seguir hablando de los progresos en DDHH? ¿Cómo decirle a Europa y a EEUU que Colombia es un país respetuoso de sus ciudadanos, y por eso ya se pueden firmar tratados de libre comercio con los colombianos? Recordamos que esta es supuestamente la condición que ponen esos países para la firma del TLC.

Por esos días, diferentes medios de prensa destacaron la noticia de las amenazas a las madres de los ‘falsos positivos’. Pero, como suele suceder en Colombia, ésta terminó despareciendo al poco de la actualidad periodística. Solamente el periodista Felipe Zuleta, quien dedicó en esos días una columna en El Espectador a las amenazas contra estas pobres mujeres, siguió preocupado con el tema.

El resultado fue la realización de un impresionante video que, con la contundencia que suscitan las imágenes, revela la gravedad del problema, la hipocresía del Gobierno colombiano en los asuntos de DDHH, y lo solas que están las víctimas en Colombia, las cuales por lo general hacen parte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, gente que vive en lugares como Soacha, o son indígenas en el Urabá antioqueño, y otros sitios por el estilo. El video se titula “La pobreza, un ‘crimen’ que se paga con la muerte” y se puede ver abajo.

Como si este caso de los ‘falsos positivos’ no hubiera llegado ya al extremo de lo que caracteriza la injusticia en un país como Colombia, en las últimas semanas se han conocido nuevos hechos que revelan una vez más lo que se puede esperar de la actuación de la ley en el país. Los militares vinculados al crimen no solamente han ido quedando en libertad “por vencimiento de términos”, sino que han sido premiados con sesiones de aromaterapia y fiestas con payasos.

Habiendo caído en tal nivel de cinismo, no es raro entonces que el Gobierno colombiano se sorprenda y se enfade cuando una entidad internacional destaca que Colombia no está cumpliendo con los compromisos de derechos humanos.

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