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Metrallo
Alfredo Molano Bravo / Domingo 14 de febrero de 2010
 

Quizá fue la cercanía de los juegos suramericanos que se realizarán en la ciudad en marzo próximo, quizá la cercanía de las elecciones legislativas y las presidenciales, quizás un mero afán evangélico, las razones escondidas que llevaron a un grupo de ciudadanos notables —la palabrita es peligrosa— a tratar de acordar una tregua con las 2.000 bandas que, se dice, oficialmente existen en Medellín.

Las empresas que harán buenos negocios alrededor de los juegos —construcción, turismo, transporte, bares, tiendas de moda— hicieron cuentas y se unieron a la iniciativa: una ciudad donde en un solo mes hubo 1.800 muertos no tiene —como dirían— presentación. Con tal imagen pública los cálculos se van al suelo. Razones de economía simple. Las elecciones también cuentan. Sergio Fajardo es candidato a la Presidencia —con serias opciones— y su nombre está asociado a obras vistosas y útiles de servicio público. Las cifras rojas le mueven la silla a su heredero, Alonso Salazar, y de paso arrastran la imagen de buen muchacho que tiene Sergio. Dirán en el alto Gobierno: ¡A Fajardo hay que pararlo! No sólo agitando las cifras de muertos, robos, extorsiones, sino metiendo la mano en la pelea de unas bandas contra otras al ofrecer recompensas a estudiantes por delación. Así, la imagen de un Medallo ensangrentado jugará contra Fajardo. La Iglesia, sin duda, ha visto la tragedia. Conozco a monseñor Giraldo y sé de su fe, y de su buena fe, y creo que nunca ha dejado de buscar la paz porque sabe cómo se alimenta la guerra y quién lo hace.

El gobierno de Uribe se comprometió con los esfuerzos del grupo de notables. Después sacó la mano cuando estrategas electorales de Gobierno advirtieron el error. Frank Pearl es, como algunas mujeres, un hombre “fácil”. Uribe desautorizó la comisión de notables, que ya había logrado una tregua y un acuerdo de distensión entre los jefes principales de las bandolas de las comunas. A Uribe le han funcionado la guerra y la sangre como estrategia electoral. Así que, ordenó, los 20.000 muchachos armados que controlan Medellín deben ser reducidos a bala. El esquema es el mismo que usó contra las guerrillas desde 2002 y que, con astuta paciencia, arma contra Venezuela. Como se sabe hoy, los Héroes de Don Berna y los Héroes de la Oficina de Envigado fueron grupos de las Auc que entregaron los uniformes que estrenaban para la ceremonia, y claro —¡cómo no!—, unas pocas armas a cambio de plata contante y sonante pagada mes a mes. También les dieron otras gabelas: un par de talleres de relaciones públicas y la transformación de sus combos en ONG.

El engatuse duró mientras duró la plata. Entonces, el plan cambió: soltaron los combos a hacer su ley. Y la impusieron. Muchachos acostumbrados a “tirar pinta”, comer bien, ayudarle a la mamá y beber fino —y, para ajustar, desempleados—, pues a la de siempre: al rebusque con la pala, con la pistola, con la metra. Los combos son jerárquicos, los mandos se ganan matando y se alimentan cobrando impuestos, vacunas, extorsiones —o como se llamen—, y para hacerlo hay que controlar territorios calle por calle, casa por casa, comuna por comuna. Sin duda, parte de la red es de estupefacientes al detal, pero la gran estructura es la de la extorsión sobre todo negocio, desde la chaza hasta el supermercado —una forma de seguridad, digamos, plebeya—. Más allá, cobran a los contratistas de obras públicas, y no pocos son contratistas. Así se constituyen en autoridad e imponen su ley. El Gobierno las sindica de ser organizaciones de la mafia y sin duda tienen negocios con ella. Una vez definidas como narcotraficantes, a los muchachos se les puede aplicar todo: ley de fuga, falsos positivos, extradiciones. Y sobre todo, administrar el orden público —que no es controlarlo— en función de los intereses políticos y electorales del Gobierno. Razón por la cual se esconden las raíces sociales del problema, que son las que, sin duda, el grupo de notables ve. Una cosa es tratar de resolver el problema, y otra, utilizarlo. Dos modos distintos de gobernabilidad.