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“Nuevo asesinato en San José de Apartadó a manos de paramilitares”
La política de ‘seguridad democrática’ sigue ensañada contra esta comunidad que acusa a la Defensoría y a los demás entes de control de mirar para otro lado
Camilo Raigozo / Miércoles 3 de marzo de 2010
 

Casi simultáneamente a las declaraciones ante los tribunales de justicia de tres oficiales de la Brigada 17 del Ejército, las cuales coinciden con las de varios paramilitares, en las que vinculan el ex general y hoy embajador del gobierno de Uribe en Costa Rica, Mario Montoya Uribe, con la masacre de tres niños y cinco adultos en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, cometida por un comando de militares y paramilitares el 21 de febrero de 2005, se vuelven a conocer hechos dolorosos para esa comunidad tan duramente atacada por el régimen.

“Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida”.

“La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo”, dice un aparte del documento conocido por Voz.

Igualmente afirma que “los organismos de control brillan por su ausencia. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección”, afirma.

El pasado 9 de febrero a las 5:30 am, fue asesinado por paramilitares Fabio Manco en su casa ubicada a diez minutos del caserío de San José, en el camino que conduce hacia La Unión.

Durante el resto del día los ‘paras’ fueron vistos en el lugar llamado Tierraamarilla entre San José y Apartadó, sin que la Fuerza Pública se tomara el trabajo de incomodarlos.

La muerte del labriego ya había sido anunciada el 16 de noviembre último, cuando el paramilitar ampliamente conocido Wilfer Higuita, acompañado de otro personaje de civil, abordó a un poblador del caserío de san José y le mostró una lista de personas para ejecutar, entre las cuales estaba el nombre de Fabio Manco.

Siete millones por campesino asesinado

Otras personas que figuraban en la lista para ser asesinados estaban entre otros Luis Arnelio Zapata, asesinado el 29 de noviembre, 13 días después del anuncio; Reinaldo Areiza, Mario Arias, Jesús Quintero y Wilmer Tuberquia.

Según el paramilitar, por cada una de estas personas asesinadas se ofrecen siete millones de pesos, sin aclarar de dónde sale la plata. “Es plenamente confirmado que Wilfer Higuita trabaja con el Ejército y fue quién le sirvió de mediador al coronel Germán Rojas Díaz, el 17 de enero de 2009, para chantajear a Reinaldo Areiza, pidiéndole que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz ganándose enormes sumas de dinero y si no aceptaba sería judicializado como narcotraficante y financista de las FARC”, dice la denuncia.

El 24 de enero de 2010, paramilitares ingresaron a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, conminándolo a abandonar su parcela o de lo contrario sería ejecutado.

Dos días después, el coordinador de la Comunidad de Paz en la misma vereda recibió una llamada a las siete de la mañana en la que los paramilitares le dijeron que lo iban a matar por ser guerrillero integrante de esa “hijueputa Comunidad de Paz”.

Le advirtieron que, si no quería morir, tenía que cumplirles una cita. Como ésta no se ha cumplido, la Comunidad espera impotente lo peor.

La Comunidad ha puesto en conocimiento de todas estas atrocidades al presidente Uribe, al ministro de Defensa, al coronel Rojas Díaz, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, sin que nadie haya hecho nada para evitar que los campesinos que aparecen en las listas continúen siendo ejecutados.

“¿Seguirán esperando impasibles el Presidente y todos los organismos de control a que terminen de ejecutar a todos los de la lista? ¿Le seguirán dejando las manos libres al coronel Rojas, al paramilitar Wilfer Higuita y a todos los que actúan junto a ellos?”, se pregunta la Comunidad al final del documento.