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Detenciones masivas en Arauca:¿Administración de justicia o secuestro estatal?
Perisferia / Viernes 23 de abril de 2010
 

La estrategia de agresión consistente en la judicialización de personas (detenciones masivas y selectivas de dirigentes sociales, comerciantes, políticos y pobladores en general), ha sido de las más utilizadas en los últimos 7 años, principalmente en el departamento de Arauca; con él se criminaliza la protesta social, se persigue a la oposición, se penaliza el pensamiento crítico o diferente y se pretende desarticular el tejido social que históricamente han construido las comunidades.

Se cuentan por millares a quienes en todo el país fueron estigmatizados, señalados y luego capturados y sometidos a un ilegal y arbitrario proceso penal, acusados de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y otros delitos. Estas acusaciones se fundamentan en “declaraciones” de sujetos presentados como supuestos reinsertados de la guerrilla, verdaderos profesionales de la mentira que por un beneficio económico, jurídico o de otra índole, aceptaron firmar como suyas las falaces imputaciones contenidas en los informes de inteligencia. Estos sujetos, finalmente, han concertado con miembros de la fuerza pública, organismos de inteligencia y funcionarios judiciales para inventar los montajes que sirvieran de base del sumario. Dichos sujetos conviven en las guarniciones militares donde también se encuentra la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía de Arauca.

En el departamento de Arauca, desde agosto de 2002, han sufrido el martirio de estar privadas de su libertad física, procesados a través de estos mecanismos, más de 2.000 personas, que fueron enviadas a las diferentes cárceles del régimen, donde pasaron períodos largos de cruel prisión; si sumamos a esto los que fueron objeto de “retenciones administrativas”, sin llegar a actuación judicial alguna, llegamos a una escandalosa cifra que supera las 10.000 personas.

Sólo en el año 2009, en tres redadas, fueron detenidas y judicializadas 49 personas: El 9 de mayo se adelantó en el casco urbano del municipio de Saravena la “Operación República 188”, liderada por la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Especializada de la Unidad contra el Terrorismo y personal del DAS; en esta operación se capturaron 13 personas. El 19 de octubre se desarrolló en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Arauca capital, la “operación ABC” por parte del DAS y del Ejército Nacional; en esta ocasión realizaron allanamientos a varias viviendas y en las cuales capturaron a 20 ciudadanos. Y, por último, el 19 de diciembre tropas de la Decimoctava Brigada del Ejército, en operación conjunta con la Unidad Antiterrorismo Estructura de Apoyo de Arauca (EDA) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en zona rural del municipio de Arauquita y en el casco urbano del municipio de Arauca capturaron a 16 pobladores. Pero estas no fueron las únicas detenciones, pues a ellas hay que sumarle las capturas selectivas o individuales.

Todas estas personas fueron sometidas a tratos crueles, discriminatorios y ofensivos de la dignidad humana; fueron llevadas a varios centros de reclusión de mediana y alta seguridad desde el mismo inicio de la etapa instructiva, alejados del entorno familiar, y no en pocas ocasiones sus seres queridos también recibieron malos tratos durante las visitas o las audiencias.

A lo largo del proceso se cometen toda suerte de irregularidades, para finalmente precluir la actuación o dejar que por el inexorable paso del tiempo se extinga la acción penal por vía de prescripción. Y es que incluso, en varios de estos procesos, se condenó a algunos de los procesados en primera instancia, a pesar de estar claro que no existía la más mínima prueba de responsabilidad.

Las informaciones recogidas en los censos, retenes, reseñas “de rutina”, empadronamientos, “entrevistas” en las retenciones, las fotografías tomadas durante las mismas, el escaneo de las cédulas de ciudadanía, interceptaciones ilegales y fraudulentas, son insumos para los montajes judiciales.

Debido a que se ha demostrado, a través de la defensa técnica, la denuncia y la presión internacional, la forma irregular y amañada en que se han urdido estos litigios, el Estado se vio obligado a reconocer la inocencia de los acusados y en varios casos hasta a iniciar investigaciones contra los funcionarios y particulares que participaron en montajes. A pesar de lo anterior, el Estado continúa con esta estrategia y presagiamos que la recrudecerá con las arengas e instigaciones de Uribe Vélez, sus ministros y el alto mando militar para que se perpetúe la política de seguridad democrática. Pretenderá que, con base en estas estrategias, la Fiscalía detenga, persiga y encarcele a todos los que considere un estorbo para los proyectos imperiales o sus propósitos, a los detractores o contradictores políticos, o simplemente con el afán de mostrar un resultado no obtenido en el combate contrainsurgente.

Separar a una persona del seno de su familia, del trabajo, labor social y cumplimiento de sus obligaciones, y tirarlo en un establecimiento carcelario, sin fundamento jurídico en el marco de un Estado que, teóricamente, se jacta de ser “de derecho” y además “social”, dista mucho de ser un ejercicio de administración de justicia, y se corresponde mejor con la figura del secuestro, aunque parezca un contrasentido pensarlo.

Pero, como entendemos la facultad fundamental de la libertad en el sentido que dijera José Martí, quien dice que “la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía”, el pueblo araucano, sus organizaciones sociales y dirigentes, no hemos dejado que las paredes y rejas encierren nuestro pensamiento, ideas, propuestas, sueños e ilusiones ni mucho menos quebranten nuestras convicciones y voluntad de trabajo social por un mundo mejor.