El MST nunca desvió dinero público para realizar ocupaciones de tierra: ésta es, en resumen, la conclusión de la CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación), integrada por diputados federales y senadores, instaurada para comprobar si había fundamento en las acusaciones, orquestadas por los señores latifundistas, de que los movimientos comprometidos con la reforma agraria se apoderaron de recursos oficiales.

En ocho meses fueron convocadas trece audiencias públicas. Y fueron examinadas exhaustivamente las cuentas de decenas de cooperativas de agricultores y de asociaciones de apoyo a la reforma agraria. No se encontró nada anormal. Según el relator, el diputado federal Jilmar Tatto (PT/SP), “fue una CPMI innecesaria”.

Aunque no tan innecesaria, pues demostró oficialmente que las denuncias de la bancada ruralista en el Congreso son infundadas. Y se constató que las entidades y movimientos volcados a favor de la reforma agraria desarrollan un trabajo serio de mejoramiento de la agricultura familiar y de calificación técnica de los agricultores.

Lo que pretendían los denunciantes era reavivar la antigua política –descartada por el gobierno de Lula– de criminalizar a los movimientos sociales brasileños. Ese tipo de terrorismo es bien conocido en la historia de nuestro país: Monteiro Lobato fue encarcelado por propagar que había petróleo en el Brasil (lo que perjudicó los intereses usamericanos); fueron llamados comunistas los que defendían la creación de Petrobras; y terroristas los que luchaban contra la dictadura y en pro de la redemocratización del país.

La Comisión Parlamentaria significó, para quien insistió en instaurarla, un tiro salido por la culata. Quedó claro para diputados y senadores bien intencionados que es necesario votar cuanto antes el proyecto de ley que prevé la desapropiación de propiedades rurales que utilizan trabajo esclavo en sus tierras. Y resolver cuanto antes la cuestión de los índices de productividad de la tierra.

La investigación sacó a la luz, no el supuesto bandidaje del MST y sus afines, como acusaban los señores del latifundio, sino la importancia de esos movimientos para ayudar a la población sin tierra. Éstos cuidan de la organización de campamentos y asentamientos y de ese modo evitan la migración que refuerza, en las ciudades, el cinturón de favelas y el contingente de familias y de personas desamparadas, sujetas al trabajo informal, al alcoholismo, a las drogas, a la criminalidad.

Según Jilmar Tatto, los enemigos de la reforma agraria “montaron toda una acusación, un discurso rabioso, sembraron dudas en relación al desvío de recursos públicos, y conocieron que la montaña había parido un ratón. Porque no había ningún desvío. Las entidades y el gobierno enseñaron todas sus cuentas. Fueron transparentes y en ningún momento se consiguió identificar ni un centavo de desvío del erario público. Quedaron desmoralizados (los denunciantes), y resolvieron ausentarse de los trabajos de la CPMI. (...) Fue un trabajo productivo, en el sentido de dejar claro que no hubo desvío de recursos públicos para realizar las ocupaciones de tierras en el Brasil. Lo que sí hubo fue una oposición montando una acusación muy seria contra el gobierno y contra el MST”.

Los diputados sensibles a la cuestión social se convencieron, gracias al trabajo de la comisión, de que es necesario aumentar los recursos para la agricultura familiar; garantizar que la legislación laboral sea aplicada en la zona rural; e incentivar más las plantaciones alternativas y los alimentos orgánicos, sobre cuya calidad nutricional no recae la desconfianza que pesa sobre los transgénicos. Y, sobre todo, intensificar la reforma agraria en el país, desapropiando, como lo exige la Constitución, las tierras improductivas.

Datos recientes muestran que, en el Brasil, se ocupan 3 millones de ha (hectáreas) para la producción de arroz y 4,3 millones para fríjol. Según el geógrafo Ricardo Álvarez, si lo comparamos con los 851 millones de ha que forman este coloso llamado Brasil, veremos que las cifras son raquíticas. Apenas el 0,85% del territorio nacional está ocupado con el cereal y la leguminosa. Un aumento de apenas 20% del área plantada significaría pasar de 7,3 a 8,7 millones de ha, con fuerte impacto en la alimentación del pueblo brasileño.

Para Álvarez, el aumento de la producción llevaría a la caída de precios, que es malo para el productor, y bueno para los consumidores. Le correspondería entonces al gobierno implantar una política de ampliación de la producción de alimentos, garantizar precios mínimos, forzar a la ocupación de la tierra, combatir el latifundio, crear empleos en el campo y atacar el hambre. Lo cual sería una actuación más eficaz, gracias a ese 20% de aumento del área plantada, que el asistencialismo alimentario.

El latifundio ocupa hoy más de 20 millones de ha para soja. Al comienzo de los años 90, esa cantidad andaba por los 11,5 millones. La caña de azúcar subió de 4,2 a 6,5 millones de ha en el mismo período. En cambio el arroz y el fríjol sufrieron una reducción del área plantada. Hoy el brasileño consume más masa que la tradicional combinación de arroz y fríjol, de gran valor nutritivo.

Álvarez concluye: “No faltan tierras en el Brasil, faltan políticas de distribución de las mismas. No faltan empleos, falta voluntad de enfrentar la tierra improductiva. No falta comida, falta orientar la producción para atender a las necesidades básicas de nuestra población”. (Traducción de J.L.Burguet)

 Frei Betto es escritor, autor de “Calendario del Poder” (Rocco), entre otros libros. www.freibetto.org

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