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El Teniente Coronel Camilo Ernesto Álvarez Ochoa reconoce la ilegalidad de las pruebas utilizadas contra la defensora de derechos humanos Liliany Obando Villota
“Traspasa Los Muros” / Lunes 25 de octubre de 2010
 

El 15 de octubre de 2010, día nacional de solidaridad con las y los prisioneros políticos, fue sometida a audiencia de juicio (etapa probatoria) la defensora de derechos humanos y prisionera política de conciencia Liliany Obando Villota, quien desde el 8 de agosto de 2008 se encuentra privada de la libertad en el Patio 6 de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

La audiencia adelantada por el Juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, inició a las 9 de la mañana y tuvo como objeto escuchar el testimonio del Teniente Coronel Camilo Ernesto Álvarez Ochoa, oficial de la Policía Nacional que participó el pasado 1 de marzo de 2008 en la operación “FENIX”. Dicha operación fue ejecutada conjuntamente por las fuerzas militares y la policía Colombiana, mediante la cual se bombardeó -en territorio ecuatoriano- el campamento del guerrillero de las FARC conocido como Raúl Reyes.

Álvarez Ochoa fue interrogado por la defensa, por la acusada y por la fiscalía, por su parte, el representante del ministerio público y el juez se abstuvieron de cuestionarle.

Durante el desarrollo de sus respuestas, Álvarez Ochoa reconoció que la operación militar fue preparada durante el 26 y 27 de febrero de 2008, con el objetivo de atacar el campamento guerrillero que, según el oficial, estaba ubicado en territorio colombiano, pero dos horas antes de la operación los altos mandos militares tuvieron información de que se hallaba en coordenadas Ecuatorianas.

Declaró el oficial, que tuvo conocimiento que el campamento se encontraba a 2 kilómetros dentro de territorio Ecuatoriano cuando se bajó del helicóptero en el que se transportaba, debido a que el GPS le indicó las coordenadas exactas, situación que informó a sus superiores quienes le dieron la orden de continuar con la operación.

De manera contradictoria, el Teniente Coronel expresó que al ingresar al campamento y observar la vegetación y ubicación de los “cambuches” podría decirse que el mismo era de carácter permanente, lo cual no concuerda con el “supuesto traslado” del campamento de Colombia a Ecuador de manera repentina.

Álvarez Ochoa narró que el campamento fue bombardeado antes de la incursión por tierra y al llegar al mismo, en compañía de 9 policías más, encontraron los cuerpos sin vida de varios guerrilleros, entre quienes estaba Raúl Reyes, dos mujeres heridas, dos cajas que contenían computadores, discos duros, usb, varios libros y fotografías.

Precisó el oficial que aunque ninguno de los policías que participó en la operación tenía funciones de policía judicial, éstos actuaron como tal, filmando y recolectando los sistemas informáticos que afirma fueron hallados, los cuales fueron trasladados a Colombia junto con los cadáveres del guerrillero Raúl Reyes y de otro hombre de quien se pensaba que tenía un alto rango en las FARC.

A pesar de haber encontrado dos mujeres heridas, las mismas no fueron trasladas a Colombia, fueron dejadas a la intemperie en el destrozado campamento.

Álvarez Ochoa reconoció que en la recolección de los elementos, comas que según él fueron hallados, “no se cumplieron los procedimientos que exige la ley procedimental penal”, los cuales finalmente fueron entregados al capitán Coy.

A pesar que el teniente coronel afirma haber hecho cursos sobre procedimiento penal y conocer la existencia de convenios y tratados internacionales, excusa la ilegalidad del procedimiento por considerar que se trató de una situación de riesgo, desconociendo así los convenios específicos de cooperación en materia penal entre Colombia y Ecuador, y por haberse encontrado bajo el cumplimiento de órdenes de sus superiores.

Una vez más, queda en evidencia la artimaña jurídica a la que son sometidas las y los opositores políticos en Colombia, en el caso de Liliany Obando Villota, basada en pruebas ilegales desde su supuesta “recolección” hasta la manipulación de las mismas dentro de la investigación penal, en una flagrante violación a la cadena de custodia y los presupuestos internacionales en materia de derechos humanos y cooperación penal.

Finalmente, el Juez levantó la audiencia manifestando que aún quedaba pendiente la práctica de algunas pruebas en el extranjero, citando nueva fecha de audiencia para el día 12 de noviembre de 2010, a las 9 am, en la cual se escucharán los alegatos finales de las partes.