Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Territorio y minería en el Nordeste Antioqueño
Freddy Ordóñez / Miércoles 24 de noviembre de 2010
 

El campesinado del Nordeste Antioqueño vive la tragedia de habitar en la riqueza y no poder acceder a ella, esto ha hecho que en la construcción del territorio, los campesinos hayan sido marginados de los espacios de decisión por muchos años, ya que quienes definen lo hacen obedeciendo a fuertes intereses económicos. Lo anterior permite sostener que el capital define la configuración de los espacios y construye y mantiene territorios, así como reterritorializa y desterritorializa, de acuerdo a sus intereses. Por eso se dice que “las grandes multinacionales de la minería y del agronegocio están reconfigurando nuestros territorios rurales y urbanos” (Zibechi, 2009, 323), con el objetivo de poder implementar proyectos como el monocultivo extensivo de agrocombustibles y la minería a gran escala. En Colombia las élites y los centros de poder político-económicos subordinan comunidades campesinas a modelos de desarrollo transnacional, haciendo uso de la acumulación primitiva y fundamentalmente, de la acumulación por desposesión. En contradicción con este modelo territorial, el campesinado concibe otras significaciones de territorio, entendiendo que “la lucha por la tierra [que adelanta] es la lucha por un determinado tipo de territorio: el territorio campesino” (Mançano, s.f., 2), con su propio modelo de desarrollo que rivaliza con el del capital:

“Tenemos entonces una disputa entre el capital y el campesinado. Las propiedades campesinas y las capitalistas son territorios distintos, son totalidades diferentes, donde se establecen relaciones sociales desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo […] los territorios del agronegocio y los de los campesinos y de los indígenas son diferentes, se organizan de diferentes formas, a partir de diferentes relaciones sociales. Así, mientras el agronegocio lo hace para la producción de mercancías, los grupos de campesinos lo hacen, primero, para su existencia, para desarrollar las dimensiones de la vida” (Mançano, 2009, 42, 46).

Esta apuesta territorial campesina, tendría como elementos centrales la presencia poblacional de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños, que viven en condiciones dignas, produciendo mercancías, cultura e infraestructura social, en un paisaje que se construye de manera heterogénea, su punto de partida es la posibilidad del ejercicio de derechos humanos y fundamentales, iniciando por el derecho a la vida, y los derechos conexos con el derecho a la tierra como el derecho al trabajo, a la alimentación, al mínimo vital y al desarrollo; y el reconocimiento político del campesinado. Este territorio campesino se ha identificado con la implementación y puesta en marcha de la figura jurídica de la zona de reserva campesina.

Contraria a la propuesta campesina se presentan las apuestas mineras del capital y de los gobernantes, que se orientan a construir el nordeste como el principal distrito minero del país, desconociendo no sólo a los campesinos que allí habitan, sino también a los indígenas y las comunidades afrocolombianas allí presentes: Indígenas Embera Katio del resguardo Tagual La Po y afrodescendientes del Consejo Comunitario Porce Medio.

El distrito minero Nordeste Antioqueño, para las autoridades nacionales, principalmente en el documento marco Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019 será el principal distrito minero nacional, pasando de 21.977 Kg de oro en el 2005 a 88.382 Kg en el año 2019 (Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, 33). Lo anterior hace pensar en una negación de derechos total en el futuro de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan la región y la negación del derecho al territorio en general en el país, pero particularmente preocupante para el caso del Nordeste Antioqueño.

Ligado a lo anterior se tiene que la política económica del Presidente Juan Manuel Santos (Véase el programa de gobierno de Juan Manuel Santos y el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014), buscará duplicar los niveles de exportaciones mediante la actividad minera, la cual es una de las líneas de continuidad en materia económica del gobierno de Álvaro Uribe, donde el departamento y la zona minera de la subregión nordeste, tienen importante participación.

A estos modelos económicos que afectan a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas legislaciones como la Ley 1382 de 2010, le son funcionales y brindan el marco de legalidad necesario para el desconocimiento de derechos de las comunidades campesinas, afro e indígenas, por esto la Corte Constitucional debe tachar de inconstitucional la norma, como muy sabiamente ordenó con el Estatuto de Desarrollo Rural y el Estatuto Forestal.

Fuentes.

Mançano, B. (2009). Territorio, teoría y política. En F. Lozano y G. Ferro (Eds.). Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI (pp. 35 – 62). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de estudios ambientales y rurales.

Mançano, B. (s.f.). Territorios en disputa: campesinos y agribusiness. Recuperado el 16 de agosto de 2010 de: http://www.landaction.org/spip/IMG/pdf/Bernardo_halifax_esp.pdf.

Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética (2006). Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019. Bogotá: UPME.

Zibechi R. (2009). Los territorios como sustento del conflicto social. En F. Lozano y G. Ferro (Eds.). Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI (pp. 317 – 332). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de estudios ambientales y rurales.