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La contrarreforma agraria en marcha
Diana Esperanza Orozco / Jueves 16 de agosto de 2007
 

“La tierra que yo sembré con el sudor de mi cara, la compraron los fusiles a dos disparos la vara. [...] Veinte fusiles llegaron a mi casa una mañana, y fusilaron la puerta y mataron la ventana”. (Mejía, 1961, pág. 118 y 119, párr. 12 y 20).

El desplazamiento forzado, como consecuencia del panorama de violencia que vive el país, puede estar generando una contrarreforma agraria, debido a la reconcentración en pocas manos de grandes proporciones de tierras a la que se ha dado paso cuando los propietarios de estas tierras son obligados a abandonarlas por diferentes actores. Comunidades indígenas, de campesinos, y afrodescendientes han sido obligadas a salir de su lugar de origen, dejando atrás sus propiedades, las cuales han sido usurpadas, saqueadas y usufructuadas en proyectos de la agroindustria exportadora con palma de aceite, con espárragos, con brócoli, a países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. De esta manera, el derecho a la tierra de las comunidades desplazadas es uno de los derechos con más alto índice de vulneración por parte de los grupos armados al margen de la ley y de los empresarios privados con la colaboración de los entes estatales, y el despojo de que estas comunidades han sido víctimas ha dado paso a una contrarreforma agraria que ha permitido la apropiación de más tierras que las reformas agrarias que ha vivido el país.

Antes de empezar a hablar sobre la problemática existente, se debe considerar que en la actualidad el Gobierno Nacional, y en su representación, Felipe Arias, el ministro de Agricultura, ha promovido la “Ley de desarrollo rural” mediante la cual se busca tres objetivos básicos: la recopilación de las normas existentes en materia de tierras en un estatuto, la organización en la entrega de subsidios a las familias y la modernización del cuestionado Incoder.

La propuesta de esta ley obedece a que según palabras del ministro Arias el 9 de abril de este año, en su exposición sobre la misma en la cátedra “Tierra y conflicto” ofrecida por la Universidad Nacional, “el problema de tierras de estas comunidades se reduce a un problema de títulos de propiedad”. De acuerdo a lo señalado por el ministro, “de las 29.700 hectáreas que se pretenden recuperar para las comunidades afrodescendientes, 5.000 hectáreas se encuentran sin registro, 6.500 hectáreas son reclamadas con títulos falsos y más de 17.000 hectáreas reclaman como título la accesión, mecanismo que ha dado lugar al incremento de la propiedad sin declaración judicial”. De esta forma, el gobierno actual considera que el problema existente en materia de tierras al que se han visto enfrentados las comunidades afrodescendientes es un problema de títulos de propiedad, legitimando de esta forma que estas comunidades sean despojadas de sus tierras al no poseer el título que los acredite como propietarios y desconociendo que esta tierra les pertenece a estas comunidades, no sólo por haber ejercido la posesión sobre las mismas desde vieja data, sino porque “la tierra como pueblo tribal es para ellos algo sagrado”.

Respecto al proceso de contrarreforma agraria que está viviendo el país, junto con los estudios realizados por la academia, las propias instituciones públicas encargadas de vigilar el funcionamiento de la actividad estatal como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, han denunciado cómo en los últimos años se produjo una auténtica contrarreforma agraria. "El despojo violento de tierras, la concentración de la misma, su encarecimiento o abaratamiento, los sub-usos, la tenencia por testaferrato", son apenas algunas de las modalidades sobre las cuales se ha materializado este fenómeno.

Es así como, diferentes organizaciones han realizado estudios que permiten dar cuenta de este fenómeno, desde hace ya varios años. Un estudio encargado por el Banco Mundial a la Universidad de los Andes, publicado en el año 2004 señaló que la tierra abandonada por desplazados en los últimos años ascendía a cuatro millones de hectáreas, la cual es una cifra considerable. Así mismo, se considera que la tenencia de la tierra aumenta la probabilidad de que un hogar sea víctima del desplazamiento forzoso. Esta consideración se cimienta en que el 60% de los hogares desplazados tenía la tierra como su principal medio de sustento. Bajo estos precedentes, "se sugiere que el deseo de establecer el control territorial es un elemento clave en la estrategia de guerra, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, que utilizan violencia para desocupar territorios obligando así a su abandono por parte de la población" (Banco Mundial, 2004).

En este mismo sentido, y con anterioridad a este estudio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 26 de febrero de 1999, párr. 61) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC - Recomendaciones 1996-2001-2003) ya se habían pronunciado sobre esta problemática. Al respecto, en un informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, éste manifestó: “(…) que la acumulación de tierra es un instrumento de poder y que el paramilitarismo ha contribuido con la protección del latifundio”. Este informe concluye que en las zonas del país donde existen grandes acumulaciones de tierras que han dado lugar a latifundios se ha presentado debido a "la privatización de la seguridad y a que el consecuente dominio paramilitar, actúa como expulsora de la población ...." Reiteró así mismo "...que la política del estado ha favorecido formas injustas de tenencia de la tierra y ha amparando a su vez la permanencia de dichas formas a través de los grupos paramilitares" (PNUD, 2003. pág. 350).

Ubicándonos sobre la manifestación del problema, se debe partir considerando que desde los años 50 y 60, a la par con el surgimiento de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, y de la expedición de normas que intentaron hacer una reforma agraria, se puede hablar de la implementación de una contrarreforma agraria, reforzada con la irrupción del narcotráfico y como resultado del conflicto armado interno que vive el país. La contrarreforma ha tenido lugar de manera evidente en la región del Caribe, en especial en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar, al igual que en regiones como el Magdalena Medio, Urabá y el Catatumbo, debido al predominio de los paramilitares, quienes a través de masacres, amenazas y el desplazamiento de campesinos, han propiciado una amplia concentración de tierra en pocas manos, dejando sin la misma a sus verdaderos propietarios que son los campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Alejandro Reyes Posada explica que en la región Caribe "(…) el campesinado fue utilizado para desmontar selva con la agricultura de subsistencia, para luego dar paso a la excesiva concentración de la tierra en la región". (Reyes, 1998).

De esta misma manera, existen otras regiones en las que se presentan disputas por la tierra; los pueblos indígenas y las comunidades campesinas del área del sur del Tolima y el norte del Huila al suroccidente del río Sumapaz y la región del Cauca entraron en disputa con las grandes haciendas por la posesión de amplias porciones de territorio adquiridas por parte de los carteles del Valle y del norte del Valle, a través de la compra y de la acción de los grupos paramilitares. En la Orinoquia y Amazonia, el conflicto de tierras se determina por las dinámicas impuestas por el conflicto armado.

A este respecto, la Contraloría General de la Nación ha señalado que "un total de 287.500 hogares poseían tierras antes de su desplazamiento, y que el área abandonada sería de 2,9 millones de hectáreas, con un costo aproximado de $7,2 billones; esta área equivale al 6% de las tierras con uso agrícola y de ganadería y más del 60% del área y costo de estas tierras abandonadas se encuentra en siete departamentos, así: Antioquia (14,7%), Caquetá (10,7%), Cesar (9,3%), Chocó (7,5%), Magdalena y Bolívar (7,3%) y Meta (5,4%) y concluyó que, por regiones, la Costa Atlántica representa el 33% del área y costo de las hectáreas abandonadas; le siguen el Piedemonte Llanero con 27%; Antioquia y el Eje Cafetero con 16%; y la Costa Pacífica y la Región Andina con 12% cada una" (Flórez, 2006).

De esta forma, los territorios objeto de la contrarreforma agraria han sido utilizados para el cultivo de productos agroindustriales o la siembra de cultivos de uso ilícito. La tarea de despojo de tierras ha sido llevado a cabo en la mayoría de casos por los grupos paramilitares, labor que no ha cesado después de la declaración del cese de ataques a la población civil por parte de los mismos, ya que estos "han seguido perpetrando violaciones de derechos humanos que propician el despojo de tierras y desplazamientos forzados, como en el Bajo Atrato (Chocó) y en los departamentos del Cesar y Meta" (CCJ. 2004. Pag. 72).

A este respecto y a la coyuntura que atraviesa el país en este momento, es necesario hacer una pequeña mención a la relación entre el despojo de tierras y la justicia transicional. En países como Tayikistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Sudáfrica, en los cuales se han generado procesos de paz, se ha establecido el retorno a las tierras y la reposesión de viviendas de las personas desalojadas a través de la violencia de sus hogares. En estos casos, se ha reconocido el derecho de los desplazados internos al retorno a sus lugares de origen y a la devolución de sus tierras y viviendas, incluso en los casos en los que no se ostentaba un titulo de propiedad sino de mera posesión sobre los mismos.

En Colombia, el desalojo de viviendas y la usurpación de tierras se ha convertido en un problema complejo que aún no ha recibido la atención adecuada, debido a los obstáculos del mismo, a la diversidad de actores, a la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los derechos sobre los bienes, a la carencia de información completa y confiable y por la destrucción de documentos y registros acerca de la situación jurídica de las tierras colombianas. No hay que dejar de lado, el hecho de que “en Colombia no existe un mapa claro de la titularidad de las tierras, existen áreas que no tienen ninguna formación catastral porque no han podido ser claramente identificadas o delimitadas a través de fotos o inspecciones directas, debido a los problemas geográficos y al conflicto armado. A esto hay que aunar el hecho que la información de las áreas que sí tienen formación catastral fue actualizada por última vez a nivel nacional en 1994”. (PGN, 2006).

En materia de propiedad rural la información que se tiene es precaria. Ésta hace referencia a la titularidad nominal y no real de los predios (Flórez, 2005: pág. 10), ya que deja de lado en primera medida que muchos de los propietarios de las tierras conocidos son testaferros de los actores armados que las han usurpado y por otro desconocen las estrategias que han utilizado los actores armados para “legalizar” sus tierras, estrategias que se cimientan en el uso de violencia, amenazas, y de recursos jurídicos que impiden al estado contar con información suficiente y veraz sobre la situación jurídica de las tierras. Situación que se ve compaginada con el hecho de que Colombia es un país de poseedores en el que sólo en ciertas ocasiones el ocupante de un predio tiene la titularidad del mismo.

Es así, como no todas las víctimas de la acumulación violenta de tierras por parte de los grupos armados son propietarios sino meros poseedores, a quienes se les presenta la dificultad de acreditar el titulo de propiedad sobre estas tierras con el fin de solicitar la protección del estado. Esta situación ha beneficiado a los usurpadores ilegítimos de estas tierras, quienes obtienen los derechos sobre las mismas por el hecho de haberlas ocupado. Esta situación ha dado paso a una contrarreforma agraria de inmensas proporciones que ha beneficiado directamente a los actores armados e indirectamente a muchos miembros de la élite económica y política del país.

Es así como se está presentando la contrarreforma agraria en el país, como consecuencia del conflicto que vive el mismo y de la evidente violación de los derechos humanos, en especial del derecho a la tierra de los campesinos, de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, dando cuenta del derecho que tienen estas comunidades a la protección de la misma. Para concluir, sólo basta por decir que la alta concentración de la tierra en unas pocas manos que ha dado lugar a una contrarreforma agraria, restringe la posibilidad de garantizar el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado en especial el derecho a la alimentación, el derecho a la libre determinación de los pueblos y arrebata la concepción de sagrada que se le tiene a la tierra por parte de los pueblos indígenas.

Esto, concatenado a que el derecho a la tierra es un derecho económico, social y cultural, lo cual implica que el estado realice acciones positivas, en este caso tendientes a que cese la vulneración del mismo a través de la restitución de las propiedades que les pertenecen, proceso que se enmarca dentro del derecho a la reparación a la que tienen derecho estas comunidades como consecuencia del desplazamiento del que son víctimas, producto del conflicto armado que vive el país.

En este sentido, el estado debe optar por la repartición equitativa de la tierra que no tenga dueño legalmente reconocido y debe gestionar políticas públicas que impliquen el otorgamiento de recursos económicos para que estas comunidades las adecúen y devenguen de las mismas su sustento. Finalmente, la utilización de la reforma agraria con el fin de redistribuir equitativamente la tierra entre campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes a manera de garantizar el acceso del derecho a la tierra no es suficiente para salvaguardar este último, ya que es necesario que este proceso de distribución de tierras vaya acompañado de políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población afectada, a la productividad agrícola y a una asistencia especial por parte del estado que les garantice a estas comunidades que su derecho a la tierra, así como los derechos que se derivan de este, no vuelvan a ser vulnerados.

Por último, debe establecerse un nexo entre el proceso de adjudicación de tierras a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y el proceso de justicia transicional que se está llevando a cabo en el país, teniendo en cuenta que se subsanen irregularidades que se presentan en este último, como lo es el hecho de que, dentro de las negociaciones de paz con los grupos paramilitares que ha adelantado el gobierno a través de la ley de "justicia y paz" (ley 975 de 2005), no se incluyen dentro de su agenda la reparación especifica a las víctimas del desplazamiento forzado, reparación dentro de la cual se encuentra el derecho de las víctimas de este fenómeno a la tierra. A la vez, no incluye mecanismos efectivos que permitan la entrega de todos los bienes que poseen los integrantes de estos grupos armados encaminados a surtir este derecho a la reparación, y finalmente, tal como lo señaló el procurador general de la nación en el lanzamiento de la cátedra “Tierra y conflicto” en la Universidad Nacional, dentro de los proyectos productivos que le son financiados a los reinsertados no se establece el porcentaje que de los mismos está destinado a la reparación de las víctimas y el destinado a la reinserción.