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Desplazados en Bucaramanga reciben del gobierno atropellos y no soluciones
 

Del movimiento hacemos parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos vivido el impacto de la violencia generada por el estado colombiano, a través de violaciones masivas y sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales.

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En Bucaramanga y su área varias comunidades de población en situación de desplazamiento han debido ocupar algunos terrenos, al parecer bienes de la nación, y según se colige algunos administrados por la CDMB, habiéndose ganado el derecho de ocupación como “albergues temporales” decretados por los Altos Tribunales, entre ellos la Corte Constitucional, en sentencias de tutela.

La CDMB ha interpuesto todos los recursos; ha acudido a demandar penalmente a los pobladores; ha usado de la Policía Nacional para quemar los ranchos, destruir los enseres y lo último, hurtar los alimentos de los desplazados para “donarlos” a ancianatos, como quedó demostrado en la última reunión del comité departamental de derechos humanos de la Gobernación, del pasado 16 de mayo.

Como se denunció y comprobó en esa misma reunión, la CDMB tan presta para realizar ese tipo de actos, argumentando la defensa del medio ambiente, ha callado ante el hecho comprobado de que en inmediaciones de uno los asentamientos existe (de hace más de dos años, según verificó la Sijín de la Policía) una plantación de coca, sin que la autoridad ambiental haya acometido la erradicación ni pedido la intervención de la autoridad. Pero de la misma manera la CDMB, ha alcahueteado acciones como las de algunas avícolas de la región, que han ocasionado graves y costosos problemas, en especial para sectores pobres, como la reciente avalancha en cercanías de Los Curos.

La señora Directora de la CDMB, que llegó a ese cargo no por sus preclaros méritos ambientales, sino por ser la esposa de un senador de esta región, que ahora pretende hasta desconocer fallos de control que señalan la inconveniencia del nuevo “relleno sanitario” en la vereda Chocoa, viene impulsando una campaña sucia contra los pobladores desplazados.

Nos hemos enterado de fuentes de la más alta credibilidad y seriedad (que nos lo comentó en reunión de más de quince dirigentes) que la mencionada señora Directora ha pedido a la Sijín que “investigue” si detrás de las ocupaciones en los asentamientos se mueven intereses políticos, para que si el del caso de proceda a la judicialización. Varios de los dirigentes de los pobladores desplazados, sí aspiran a ocupar cargos en las Juntas Administradoras Locales de las comunas en que están asentados, en una participación más cívica que política, que desgraciadamente y por la existencia de unas normas legales relativas a elecciones deben realizarse usando como vehículo a agrupaciones políticas y no a organismos cívicos y comunitarios.

La provocación de la Directora y sus más cercanos acólitos desconoce flagrantemente los derechos de participación política de todos los ciudadanos, que es un derecho constitucional del rango de los tutelables; y lo más grave es que se da en momentos en que en el país se debate la necesidad de dotar de garantías plenas, reales y efectivas a los dirigentes de la lucha por la recuperación de tierras de los desplazados. Cabe recordar que ninguno de los desplazados que están en los asentamientos lo son por gusto, sino que debieron abandonar su terruño, su modo de vida y sus pocos o muchos haberes –entre esos la tierra– ante la inoperancia y omisión del Estado.

Por eso la actitud de la Directora de la CDMB debe ser investigada por los organismos de control. Reclamamos la solidaridad efectiva con los pobladores de los asentamientos y recabamos el apoyo exigiendo del Gobierno plenas garantías.