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Hecha la ley, hecha la trampa
Sobre la ley de víctimas
El Cachicamo / Sábado 6 de agosto de 2011
 

La coyuntura política ha estado dinamizada por la discusión y aprobación en el Congreso de lo que inicialmente se llamó “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” y que últimamente han llamado “Ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

Los medios masivos del sistema colombiano, nuevamente desde su labor de desinformación, han desatado otra invernada de elogios al presidente Santos, presentándolo como el estadista que mayor compromiso ha asumido con los sectores populares, y su Ley de Víctimas se califica como la obra más revolucionaria que se ha hecho en Colombia en el último siglo, por encima de la “revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo. Con esto, Santos evidencia su pretensión de asegurar la inmortalidad en la historia del país.

Del dicho al hecho…hay mucho trecho

En el papel queda escrito que: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Para la restitución de tierras se fija la fecha a partir del 1º enero de 1991. Sin embargo, el problema es lograr que las víctimas reales tengan el debido reconocimiento y certificación, que se evidencien quienes fueron sus victimarios para que se aplique justicia y se realice una reparación integral. Decía Jorge Eliecer Gaitán, que la justicia no se logra con la igualdad frente a la ley, sino con la equidad frente a la vida; es decir, que el problema es pasar del papel a la vida.

Se pretende hacer creer que estamos en una etapa del post conflicto, que nunca existió ni existe el Terrorismo de Estado y la solución a la crisis humanitaria se reduce a una indemnización monetaria, de acuerdo a la ley 1290 de 2008, que establece un máximo de 14 millones de pesos a cada familia víctima de desalojo y de 21 millones de pesos por asesinato o secuestro.

Así, el genocidio estatal cometido en las últimas tres décadas, lo piensan pagar en 10 años, con una cifra entre 10 y 15 billones de pesos ¡y como por arte de magia!, Colombia queda viviendo en el paraíso terrenal.

Si dejamos a un lado, en pro de la discusión, la aplicación de la justicia a los victimarios y si nos atenemos a las investigaciones de Luís Jorge Garay, la indemnización costaría entre 65 y 70 billones de pesos, equivalente a lo que cuesta darle a Colombia una red vial aceptable.

Sin embargo, se debe recordar que en el parlamento se está aprobando la “Ley de Sostenibilidad Fiscal”, que establece como la principal obligación del Estado, pagar la deuda externa y garantizar los recursos para continuar la guerra interna y estos dos rubros representan cerca de la mitad del presupuesto colombiano. Después de esas deducciones, la regla Fiscal establece que no puede haber déficit fiscal, y, siendo obligatorio garantizar las transferencias territoriales y pensionales, es lógico entender que lo único que se puede recortar es el gasto social, que no llega al 20 por ciento. Con ese torniquete fiscal, el Estado no cuenta con recursos para indemnizar las víctimas del conflicto armado interno.

La tierra y la violencia

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en los últimos 25 años han sido desterrados más de 5,2 millones de campesinos, donde los narcoparamilitares se han apropiado de más de 8 millones de hectáreas, generando una anti reforma agraria. Además, la concentración de la tierra es tan escandalosa, que 13.000 personas naturales son dueñas de 22 millones de hectáreas.

Lo anterior obedece a las políticas imperialistas, neoliberales y antisubversivas basadas en la doctrina norteamericana de seguridad nacional y la protección del país del enemigo interno en el que todos y todas somos sospechosos y proclives al crimen, en términos más concretos, para quitarle el agua social al pez guerrillero, como excusa central para el despojo, con el fin de convertir a Colombia en un país extractivista de los recursos minero energéticos y de producción agroindustrial de exportación. En este modelo de país, deben ser eliminados los pequeños y medianos campesinos, por ineficientes -como decía Andrés Felipe Arias ex-ministro de agricultura-, a pesar de que la economía campesina representa el 67 por ciento de la producción agrícola.

Se necesita un “campo sin campesinos”, pues los megaproyectos deben eliminar el obstáculo de la pequeña propiedad y disponer de mano de obra asalariada, el proyecto sigue teniendo como espejo la producción industrializada y masiva del agro, exterminando la agro-cultura para hegemonizar la agro-industria, como en Europa o Estados Unidos. Con esos propósitos, se han cometido decenas de miles de masacres con millones de víctimas y ese modelo de despojo no lo revierten los mismos autores.

El despojo y el destierro se han ejecutado en zonas de colonización campesina, donde la mayoría no tenía los títulos de propiedad y no pueden reclamar. En las zonas donde la propiedad estaba legalizada, ha mediado una cadena de testaferrato, con la complicidad de los funcionarios públicos y hoy esas propiedades están en manos de empresas importantes o “gente de bien” (Sobre todo representada en la clase política, el paramilitarismo y los empresarios ricos del país), que la adquirieron “legalmente”.

Por lo anterior, se convierte en una farsa la afirmación de restituir la tierra a todos los desterrados por el conflicto armado. Sin duda que van a hacer un gran despliegue propagandístico, con algunas miles de hectáreas que van a devolver, con la certeza que, quienes retornen no tienen el capital para volver a hacer productivas sus fincas y se verán obligados a feriarlas al mejor postor. Además, la mitad de las familias desterradas, la componen madres cabeza de familia con niños que dependen de ellas y que no deberían ejercer otras labores distintas al ser niños y niñas.

Los principales causantes del destierro han sido los agentes estatales: fuerzas regulares o paramilitares, que siguen intactas en las regiones. Alvaro Uribe les cambió el nombre por BACRIM y Santos les ha dado un nuevo dinamismo, para que sigan asesinando los principales líderes campesinos que impulsan el retorno, esperando además que regresen los propietarios de las tierras despojadas, para eliminarlos.

Concluyendo: Los criminales de guerra que han perpetrado el genocidio colombiano seguirán impunes, la Sostenibilidad Fiscal impide el dinero para indemnizar a las víctimas y las tierras seguirán en manos de terratenientes, ganaderos, mafiosos y empresarios nacionales y extranjeros, dejando de lado nuestra anhelada reforma agraria.

El adagio popular dice que “hecha la ley, hecha la trampa”, pero la Ley de Víctimas ya tenía la trampa paramilitar hecha, para impedir que se cumpla.

La “Ley de víctimas” quedará como letra muerta, será otra víctima del conflicto armado interno, que se sigue agravando.