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Por duda probatoria fue absuelto el general Ramírez Quintero y otros dos oficiales en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia
Esta sentencia marca nuevamente la situación de impunidad que durante 26 años ha caracterizado este caso. Es importante recordar que es Iván Ramírez Quintero, uno de los gestores de la triple A, plan creado para cometer actos de barbarie –tortura, desaparición, asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos-, desde el ejército de Colombia
 

Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.

Ramírez Quintero, para la fecha de los hechos era el Comandante del “Comando de Inteligencia y Contra-Inteligencia – COICI - Batallón Brigadier Charry Solano”, quienes con antelación, conocían de la ocurrencia de la toma del M-19 a las Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. El 6 y 7 de noviembre de 1985 y días siguientes, participaron activamente en las labores de identificación en la Casa del Florero y coordinaron con el B2 de la Brigada 13 del Ejército Nacional en los interrogatorios a los denominados especiales o sospechosos de pertenecer a la Guerrilla, evacuados con vida del Palacio de Justicia.

Las declaraciones de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, personas catalogadas como especiales en el Plan de Operaciones, afirmaron fueron objetos de toda clase de torturas en el Batallón mencionado, pruebas que son coincidentes con lo narrado por ex integrantes de inteligencia, como el Cabo Bernardo Alfonso Garzón. Testimonios que públicamente en una entrevista Luis Alfonso Plazas Vega -condenado a 30 años-, no desmiente, señalando como responsables de la desaparición del integrante del grupo subversivo M-19 Irma Franco Pineda al Batallón Charry Solano.

Esta sentencia marca nuevamente la situación de impunidad que durante 26 años ha caracterizado este caso. Es importante recordar que es Iván Ramírez Quintero, uno de los gestores de la triple A, plan creado para cometer actos de barbarie –tortura, desaparición, asesinatos, entre otras violaciones a los derechos humanos-, desde el ejército de Colombia.

Respetamos el fallo proferido por la Juez 51, pero nos apartamos de sus consideraciones de manera tajante y decidida, por ello como defensores de las víctimas, apelamos la decisión.

Abogados de las víctimas


Rafael Barrios Mendivil

Germán Romero

Jorge E. Molano R.


Absuelven al general Ramírez Quintero en caso del Palacio de Justicia

Por: El Tiempo

La decisión también beneficia al sargento (r.) Gustavo Arévalo y al mayor (r.) Fernando Blanco.

El juez 51 Penal de Circuito absolvió al general Iván Ramírez Quintero en el caso del Palacio de Justicia.

Según la decisión, no se encontró suficiente evidencia y existen dudas de su nivel de participación en la retoma del Palacio de Justicia.

Los absueltos eran miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía (COICI) en la época de los hechos.
La Procuraduría había dicho que no existían pruebas para comprometer al general (r.) Iván Ramírez en las desapariciones del Palacio de Justicia.

La Fiscalía sólo lo había acusado de la desaparición de la guerrillera Irma Franco, ya que no había evidencia de su participación en el resto de las desapariciones.

El fiscal Álvaro Osorio dijo, en el juicio contra el oficial y los otros dos militares, que Franco "fue separada del resto de las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y sometida a un violento interrogatorio (...), procedimiento que se constituyó en la antesala de su desaparición forzada (...) y que necesariamente requería de una orden superior que sólo podía darla el entonces coronel Iván Ramírez Quintero".

El argumento del Ministerio Público se sustentó en ocho argumentos en los que se controvierte la veracidad de los testigos. Estos serían, en buena parte, los mismos que sustentaron la condena contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega.

Ramírez está detenido desde mayo del 2008 en una unidad militar de Bogotá.

Según la Fiscalía, subalternos del entonces coronel participaron en los interrogatorios de las personas que fueron rescatadas del Palacio de Justicia tras la sangrienta toma del M-19.

La investigación apunta a que el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) "coordinó" la inteligencia con el B-2, cuyo jefe era el coronel Edilberto Sánchez, quien se convirtió en el 2006 en el primer militar detenido por los hechos.

Ramírez sostuvo durante todo el proceso que la participación del Comando en la operación fue marginal y que por eso no aparecen órdenes ni reportes importantes sobre sus actividades del 6 y 7 de noviembre de 1985.

"La única razón (...) para que sistemáticamente se niegue la participación del Coici -dice la Fiscalía- es, sin lugar a duda, eludir la vinculación con los hechos imputados".

Y agrega que hay certeza de que "las personas que no murieron en el Palacio fueron llevadas al Museo (frente a la Plaza de Bolívar) y que en particular las personas que aquí son objeto de investigación fueron desaparecidas".

La Fiscalía dice que el Coici tenía pleno conocimiento de que el M-19 planeaba la toma y que le habían asignado funciones específicas para esa situación.

También asegura que su gente se desplegó hacia la Plaza de Bolívar una vez se produjo el ataque de la guerrilla.

Además, en el proceso hay testimonios de varias personas que señalan que personal de inteligencia realizó interrogatorios y que algunas personas fueron enviadas a la Escuela de Caballería en carros del batallón Charry Solano, asignados al Coici.

En la acusación contra Ramírez la Fiscalía insiste en que Luis Otero, jefe del M-19 que dirigió la toma, "salió y de igual manera fue trasladado vivo".
La Fiscalía se basa en varias comunicaciones militares que fueron grabadas por radioaficionados.

El cadáver, sin embargo, apareció después entre las ruinas del Palacio.
Por eso el ente acusador reitera que "existieron ejecuciones extrajudiciales" y menciona en particular el caso de dos guerrilleros que, desarmados, habrían sido asesinados.

¿Quién es el general Iván Ramírez Quintero?

El entonces coronel fue jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici).

Fue detenido en mayo del 2008 después de que su caso fuera reabierto por la Fiscalía, que sostiene que Ramírez y sus hombres manejaron varios interrogatorios a los sobrevivientes.

Los otros militares implicados

Edilberto Sánchez, coronel retirado

Era el comandante de inteligencia de la Brigada XIII y es el oficial más cuestionado, pues fue él quien manejó los interrogatorios. Fue destituido en 1990 por su supuesta participación en la desaparición de la guerrillera Irma Franco durante la retoma. Actualmente, está detenido y acusado por las desapariciones.

Por la muerte del magistrado Horacio Urán están investigados tres generales: el ya sentenciado Jesús Armando Arias Cabrales, el general Rafael Hernández y el general Carlos Fracica.

Los militares condenados

Jesús Armando Arias C., general retirado

Dirigió, como comandante de la Brigada 13 del Ejército, la operación de retoma del Palacio. Durante la operación fue el jefe inmediato de Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas. El ex oficial fue capturado en el 2008 y está sentenciado a 30 años de cárcel por las desapariciones.

Alfonso Plazas Vega, coronel retirado

Fue sentenciado a 30 años de cárcel y está pendiente de que se confirme su sentencia porque una ponencia absolutoria en el Tribunal Superior de Bogotá fue derrotada.

El caso de Plazas se encuentra para decisión de segunda instancia en el Tribunal desde el 13 de julio del 2010, tiempo en el que se examinaron 42.465 folios.

La discusión del fallo empezó en julio pasado y se revisó incluso el informe sobre los restos óseos hallados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá, donde, según la defensa de varios de los militares acusados, estarían algunas de las víctimas que aún no aparecen.