Una juez de garantías cobijó con medida de aseguramiento a dos patrulleros de las policías quienes presuntamente habrían participado en un plan para incriminar a una vendedora ambulante que trabaja en el centro de Bogotá de traficar con estupefacientes.

En la audiencia, la Fiscalía precisó que el primero de marzo de 2010 los uniformados llegaron a hacer una pesquisa al puesto ambulante ubicado afuera del Hospital Mederi, y en medio de una discusión sobre un posible tráfico de armas y estupefacientes a la mujer, “le plantaron la droga”.

“Los patrulleros Arnold Fernando Casanova Beltrán y Jimmy Antonio Corredor Cuyaban sindicaron a la mujer y a su hijo de traficar sustancias alucinógenas, y luego pusieron en el lugar 50 papeletas de bazuco y 15 papeletas de marihuana que llevaban dentro un casco”, precisó el Fiscal.

La mujer, Reina Isabel Perilla, quien lleva trabajando más de 20 años en el lugar, manifestó que los policías la golpearon en repetidas oportunidades, cuando su hijo quiso intervenir en la disputa, los uniformados la emprendieron contra él, golpeándolo, esposándolo y acusándolo de ser un traficante “y se lo llevaron a los juzgados de Paloquemao, sin embargo el juez consideró que dicha captura había sido ilegal”.

En ese momento, y aconsejada por otros vendedores ambulantes, presentó su denuncia en contra de los patrulleros. Empezó una lucha jurídica para esta mujer, pues tenía que demostrar además de la inocencia de su hijo, la responsabilidad de los policías quienes le habían “metido esa droga, pagados por personas que me querían hacer daño”.

Según doña Isabel, después de eso inició una serie de seguimientos por parte de un grupo de policía quienes en repetidas ocasiones la amedrentaron, amenazaron y le tomaron fotografías con el fin de que levantara la denuncia contra los dos patrulleros y además abandonara el lugar donde trabaja “sino quería meterme en problemas”.

Ahora esta mujer celebra que después de un año y medio, el proceso judicial contra su hijo de 25 años haya cesado, y los dos patrulleros “pagados por otros ambulantes” hayan sido enviados a la cárcel La Picota a la espera del juicio en su contra.