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¡El paro se mantiene!
Las comunidades campesinas del occidente del Huila continuarán en el paro indefinido y no levantarán los taponamientos de las vías, hasta que no se efectué una audiencia pública con el Gobierno Nacional, mientras resaltaron la voluntad de la Gobernadora del Huila por solucionar la problemática.
Ginna Tatiana Piragauta G. / Viernes 13 de enero de 2012
 

Arreglo inmediato del puente Paso el Colegio, cese de las actividades de exploración y perforación petrolera en los territorios agrícolas y la realización de una audiencia pública para analizar los impactos del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, son las exigencias de las comunidades campesinas del occidente del Huila, para levantar el paro regional.

Más de 700 personas se encuentran sobre la vía que comunica al occidente del departamento. Niños, ancianos, mujeres y hombres conviven en difíciles condiciones de salubridad, mientras insisten en que esta es la única forma de llamar la atención del Gobierno Nacional sobre las problemáticas que los afectan, luego de meses de promesas incumplidas.

Aseguraron que el impacto de las multinacionales Emerald Energy y Emgesa, ha sido perjudicial para el medio ambiente y para la población campesina residente en la zona. Algunos mineros, paleteros, pescadores artesanales, jornaleros, mayordomos y agricultores, consideraron que El Quimbo los arruinó y los desplazó de su territorio, sin brindarles una solución real a su situación.

En el paro LA NACIÓN recorrió el taponamiento registrado en el cruce hacia La Plata. En improvisados cambuches ubicados a lado y lado de la carretera, núcleos familiares resisten las inclemencias del sol durante el día y de las lluvias en las noches. Cientos de historias se mezclan con la desesperanza y la sensación de olvido e indiferencia.
Los manifestantes organizaron grupos de trabajo para desarrollar sus actividades: guardia campesina, ranchería, prensa y logística son algunas de las comisiones conformadas. En ollas comunitarias se preparan los alimentos de toda la población. Niños, ancianos y mujeres embarazadas son los primeros en recibir las raciones.

Donaciones de mercados, carne y agua llegan de diversos municipios del occidente para respaldar a la protesta campesina y surtir a los cuatro puntos que aglutinan a las comunidades en paro. Dos concentraciones se encuentran ubicadas sobre la vía, una al lado del deteriorado viaducto frente al río Magdalena y la última, aguas arriba, al frente de la construcción de la represa.

Los únicos carros y motocicletas que se movilizan por la carretera hacen parte de la movilización. A pie se trasladan los obreros de Emgesa y algunos viajeros que atraviesan por canoas el río. Los manifestantes indicaron que la vía no la cerraron ellos, sino la falta del mantenimiento al puente, que colapsó y aisló a las poblaciones, acrecentando su problemáticas sociales.

Tres mil pesos le cuesta a una persona el pasaje por atravesar el río y siete mil pesos es el valor a una motocicleta. El servicio de mototaxi hasta los paraderos de transporte público es de cinco mil pesos. Los pobladores de la zona aseguraron que estos costos adicionales han tenido que cancelarlos durante más de siete meses, sin obtener ninguna solución efectiva del Gobierno Nacional y departamental.

Desconfianza

Promesas incumplidas, desinterés del Ejecutivo y mucha desesperación son las razones de los labriegos para realizar el paro indefinido. Algunos campesinos consideraron que la gestión de la nueva administración departamental es positiva y que Cielo González Villa se interesó por sus problemáticas.

Sin embargo, las comunidades perdieron la confianza en el Ministro del Medio Ambiente, porque según ellos, le incumplió la palabra a la Gobernadora. Los manifestantes aseguraron que Frank Pearl se comprometió con la mandataria a realizar la audiencia pública, pero posteriormente llamó a los campesinos a pedirles el cese de la protesta y el inicio del diálogo como condición.

Los manifestantes indicaron que el Ministro rompió las reglas del juego y que el funcionario sugirió una reunión con las comunidades sólo hasta mañana, lo que generó molestia y la exigencia a Frank Pearl para que firme el acto administrativo que convoque al encuentro de análisis regional.

El Quimbo

La mayoría de los presentes afirmaron que son afectados por la construcción de la represa El Quimbo. Para los campesinos, el deterioro del puente Paso El Colegio y su posterior colapso fue producto de la maquinaria pesada que la multinacional trasladó para la ejecución de las obras.

Aseguraron además que la empresa no quiso comprometerse con el mantenimiento de las vías, argumentando que éstas son una responsabilidad de Invías, pero los campesinos consideran que el desgaste progresivo de las mismas fue producto de la incursión de Emgesa a la zona.

Para los manifestantes, la aprobación de los estudios técnicos de impactos ambientales y sociales presentados para la construcción de la represa, no compensan los daños a la naturaleza y las comunidades. Por eso, insistieron en la realización de la audiencia pública, en la que quieren evidenciar toda la problemática que los afecta.

Emerald Energy

Líderes afirmaron que las afectaciones ambientales producidas por la exploración petrolera de Emeral Energy no solo perturban a los municipios de Garzón y Gigante, sino a todo el Huila, porque las fuentes hídricas que surten los acueductos del centro y el occidente del departamento se encuentran minimizadas como efecto de la intervención.

Asimismo, argumentaron que la construcción de las plataformas petroleras en estos sitios estratégicos ha sido perjudicial para la producción agrícola de la región, evidenciada en el progresivo desmejoramiento de los cultivos y el desprendimiento de suelos en los sectores explotados.

Los pescadores aseguraron que la contaminación del río Magdalena es constante, con el vertimiento de aguas sucias y productos de la construcción sobre su vertiente, así como una evidente deforestación del sector. Las comunidades dijeron que estaban dispuestas a permanecer el tiempo que fuera necesario en la vía, en aras de defender su territorio y cultura.

Edgar Urrea, pescador de Puerto Seco. “Estamos aquí porque nos vendieron el derecho al río y dejaron sin futuro a nuestras familias. Nos sentimos maltratados y pisoteados por las multinacionales. Nos quitaron las aguas y el sustento de nuestros hogares. Hace más de un año que no pesco y es la actividad que me heredaron mis padres y abuelos. Ahora estoy jornaleando pero lo que yo quiero es el agua. Soy pescador y no entiendo por qué me obligan a cambiar de profesión.”
Adolfo Males Ruíz, jornalero de La Jagua. “Emgesa compró las fincas donde trabajamos, que eran unos terrenos muy productivos. Nosotros quedamos desempleados y desplazados, no tenemos que hacer mientras vemos las tierras desocupadas, sin producción. Yo no quiero la represa porque ¿Cuál es la herencia para nuestros hijos y nietos? ¿Un desierto?”

Víctor Julio Serna Castro, habitante de la vereda La Hungría. “El Gobierno Nacional vendió nuestros derechos a unas empresas extranjeras y nos desplazaron de nuestros hogares. Somos entre 15.000 y 20.000 personas afectadas por El Quimbo. Las exploraciones petroleras llegaron al Cerro de Miraflores, el depósito de agua de todo el occidente del Huila. Queremos una solución verdadera, las tierras las compran por mucho menos de su valor real, a los afectados nos sometieron a la miseria, tal vez el Gobierno Nacional quiera un departamento de mendigos.”

Representante de volqueteros y paleteros. “Los sitios de extracción de material para la construcción, donde tradicionalmente trabajábamos, van a quedar totalmente inundados. La cola de los embalses será una palizada llena de sedimentos, barro y arenilla. Nosotros queremos que nos reparen por las afectaciones en nuestro trabajo, sitios de extracción y una maquinaria especializada para la selección, clasificación y lavado de material, para trabajar. Nosotros no hacemos parte de programas de reactivación productiva y sólo recibimos promesas incumplidas. Queremos reactivación laboral”.

Alexander López, habitante de La Jagua. “Nosotros vamos a ser desplazados de nuestro territorio ancestral y desempleados. La Jagua será la cochera de El Quimbo. El Gobierno nos masacró, porque la represa acaba con nuestra cultura, tierras y los ríos Suaza y Magdalena, en los que trabajamos alrededor de 300 familias. Queremos que El Quimbo se vaya de aquí.”

Jorge Enrique Cárdenas Ramírez, vocero del Comité La Honda. “Mi comunidad comprende tres veredas, es un sector que oscila entre 1.100 y 1.200 hectáreas en el que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería y tenemos reservas agroforestales. Hace seis meses nos declaramos en desobediencia civil por las violaciones a las licencias ambientales, los abusos y atropellos del Ministerio del Medio Ambiente y Protección Social, porque no respaldan la protección de nuestros derechos. Desde hace cuatro meses le cerramos la vía a Emgesa pacíficamente, porque no sabemos que pasará con los mayordomos, partijeros, empleados, comerciantes, aserradores y los habitantes de este sector, conformadas por 35 familias. Este proyecto no puede continuar.”

Gestiones estatales

La gobernadora del Huila Cielo González Villa se reunió en Bogotá con el ministro del Medio Ambiente Frank Pearl, para encontrar una solución al paro regional. El alto funcionario señaló que se requería el levantamiento inmediato de la protesta, para efectuar los procesos de diálogo sobre las problemáticas denunciadas por los campesinos.
Lucio Rubio, gerente general de Emgesa, señaló que no está de acuerdo con las vías de hecho que paralizan la realización del proyecto. Asimismo, señaló que las dificultades para trasladar y suministrar víveres y agua a los trabajadores han sido constantes. Rubio reiteró que se encuentran prestos a colaborar con la realización de la audiencia solicitada por los campesinos, con el fin de analizar los puntos a la licencia ambiental demandados por los manifestantes.