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Masacre de La Rochela, 23 años sin justicia
Víctimas de la masacre de La Rochela piden justicia
Colprensa / Martes 17 de enero de 2012
 

El próximo 18 de enero se conmemorarán los 23 años de la masacre de La Rochela con evento simbólico en el municipio de Simacota, donde los familiares de las víctimas pretenden recordarle al país la tragedia que vivieron en 1989.

Los familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela, perpetrada en el municipio de Simacota, Santander, en 1989, pidieron a la Fiscalía que cumpla con su deber de brindarles protección ante las amenazas y persecuciones de las que han sido blanco.

Paola Martínez, esposa de Orlando Hernández, asesinado en esta masacre, denunció que “el Estado nos debía prestar protección, pero como no nos dieron importancia, ni atención, entonces pusimos una tutela que fue negada, la apelamos, niegan la apelación, se va a revisión de la Corte y ésta confirma el derecho y nos tutela el derecho”, sin embargo, este derecho no se ha hecho efectivo.

La esposa de la víctima aseguró que el responsable de las amenazas es el mismo Estado, “porque la masacre fue el Estado contra el Estado, hay militares involucrados que a pesar de no estar activos están vivos. No les conviene que sigamos con la lucha, quieren que nos quedemos callados. Queremos una reparación integral de justicia, verdad y no olvido”.

Además hizo un llamado a la fiscal Vivianne Morales para que cumpla el compromiso que adquirió cuando llegó a su cargo, “ella dijo que iba a meter mano fuerte en los casos de crímenes de lesa humanidad, pero hasta el momento no nos hemos dado cuenta que haya hecho esto con el caso específico de la masacre de La Rochela”.

DILACIÓN DEL PROCESO

La abogada, Jomary Ortegón, del Colectivo José Alvear Restrepo, aseguró que las dilaciones en la investigación se dieron desde que se cometió la masacre, cuando los funcionarios que se comprometieron con el proceso fueron amenazados.

“A partir de 1990 hasta 2007, no hubo una actividad real de la Fiscalía en orden de investigar e identificar otros posibles responsables, es decir, aquí más que obstáculos ha habido una omisión por investigar a altos funcionarios que estaban identificados desde el comienzo de la investigación”, indicó la abogada.

Ortegón afirmó además que se utilizó el fuero penal militar en diferentes momentos del proceso “como un obstáculo para el avance de las investigaciones. En los últimos años la actividad de la Fiscalía ha sido nula”.

Para Jomary Ortegón “incorporar el fuero militar en la Reforma a la Justicia es tomar una decisión contraria a las políticas del derecho Internacional Humanitario”.

Finalmente, la abogada reiteró su llamado a la fiscal Morales para que tome “la decisión política” de avanzar en las investigaciones, “hoy para nosotros, para las víctimas y sus familiares, no hay justicia”.

LA MASACRE

El 18 de enero de 1989 en la vereda La Rochela, municipio de Simacota (Santander), fueron asesinados doce miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de ka fuerza pública.

Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi veinte años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según el testimonio del desmovilizado paramilitar Alonso Jesús Vaquero Agudelo, alias “Negro Vladimir”, la orden de asesinar a los funcionarios investigadores la dio el capo del narcotráfico Gonzalo Rodríguez Gacha, miembro del Cartel de Medellín. En las investigaciones aparecen involucrados tres generales del Ejército: Farouk Yanine, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca y un ex congresista, Tiberio Villarreal.