La justicia de manera tardía comenzó 20 años después a realizar unas pesquisas en medio de las dificultades propias de hacer las cosas a destiempo, sus fallos han sido cuestionados por los dos últimos presidentes de Colombia, la fiscal que comenzó a investigar las desapariciones fue retirada de su cargo unas horas después de que pidiera vincular a tres generales del ejército por el asesinato del Doctor Urán Rojas.

26 años después, hay un epílogo refundido. El informe de la Comisión de la Verdad integrada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia reconoce la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio, sendas providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado que datan de 1994 ordenan devolver las personas vivas o muertas al seno de su hogar y condenan administrativamente al Estado por las desapariciones. Hoy solo sobreviven cuatro, de los 22 padres y madres de los desaparecidos. Yo he vivido dos exilios en compañía de mis hijos y mi esposa. En mi caso particular, como lo he dicho, meses después del 6 y 7 de noviembre de 1985, me vincule al M/19. Después de la desaparición de mi hermana Cristina del Pilar Guarín en el Palacio de Justicia, viendo el dolor de mis padres y el rechazo de las autoridades a su desesperada búsqueda, me sentí afrentado por el Estado y contacté a un enlace del M-19 en la Universidad Nacional, donde yo estudiaba Ingeniería de Sistemas, desde principios de abril de 1986, a los 22 años de edad, acepté ser auxiliar de las fuerzas especiales de este grupo guerrillero, al que pertenecí por cuatro años. Fui perdonado por el Estado colombiano en un proceso de amnistía e indulto por el delito de rebelión, hecho que se ha usado para desvirtuar la comisión de crímenes de lesa humanidad sobre los civiles y disidentes armados por parte de agentes estatales.

Las instancias internacionales del Sistema Interamericano vigilan el caso de manera rigurosa. Me temo que la más reciente decisión de la rama judicial -que tiene elementos propios de los estándares internacionales de justicia- frente a las desapariciones será flor de un día: casi nada de lo que allí esta consignado como mandatorio se cumplirá.

No creo que la parada militar pidiendo perdón sea una realidad, ni creo que el ex presidente Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional, ni siquiera la sentencia será colgada en las páginas web del ejército -su actual comandante en meses pasados afirmó que el proceso tenia falencias de integridad en la recolección de pruebas-, y ese mismo General sostuvo que Plaza Vega era un "héroe de la patria". Lo siento con los optimistas, pero mi vida me ha enseñado que entre más pesimismo tengo menos decepciones.

La experiencia personal de acercamiento más reciente con el presidente Santos y la Fiscalía General de Colombia, en la que propuse reducir penas o excarcelar a quienes indiquen el sitio donde están los restos de las 11 personas que figuran como desaparecidas y que la eventual exhumación se haga de la mano de un ente como la Cruz Roja internacional, no fue tomado de manera seria. La fiscalía en respuesta de junio pasado, traslada la responsabilidad a los familiares pidiéndonos que les indiquemos las coordenadas para ellos proceder a exhumar, eso indica que no se quiere o no se puede entender bien la magnitud de la propuesta.

Sin embargo y en medio de los esfuerzos tardíos de justicia que hay que destacar y todas las trabas que lo acompañan y acompañaran, la pregunta que comenzó el 7 de noviembre de 1985 en medio del humeante Palacio de Justicia, sigue sin respuesta: Dónde están los desaparecidos del palacio de justicia?. Es una duda y una deuda que aún esta en pié, ojala esa respuesta no las tengamos que conocer con el alma en otros escenarios sino con los ojos en la tierra.