Las jornadas de movilización convocadas por la Gran Coalición Democrática (GCD); las centrales obreras; la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y organizaciones indígenas como Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); para los días 10, 11 y 12 de octubre, evidencian la crisis social de la nación generada por la política de guerra y privatizaciones del actual gobierno. En términos de líderes sindicales, “son movilizaciones de carácter político y reivindicativo”.

Diversas organizaciones de carácter popular rechazan el proceso de privatizaciones de Ecopetrol, el Seguro Social y las electrificadoras, además del Plan Nacional de Desarrollo, el TLC y el recorte a las transferencias. Campesinos, afrocolombianos, estudiantes, organizaciones cívicas e indígenas son protagonistas de manifestaciones en todo el territorio nacional.

La movilización nacional en defensa de la salud que salió de Barranquilla el pasado 1 de octubre, debía arribar a Bogotá el miércoles 10 y sería recibida por una marcha en el monumento Los Héroes, para confluir con otra que partía de la carrera 30 con calle 26 para terminar en una manifestación política en la Plaza de Bolívar.

Puntos de la movilización

Los puntos por los cuales se produce la movilización son los que ha expresado desde meses atrás la GCD, y giran alrededor de la defensa del territorio y la soberanía nacional, la autodeterminación del pueblo colombiano, el acuerdo humanitario y la exigencia de un gobierno democrático de amplia participación popular.

La renuncia del presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente por su ilegalidad e ilegitimidad, para dar paso a un gobierno democrático de amplia participación popular, se convierte en el principal elementos de protesta de los campesinos. También se destaca la derogación de estatutos, leyes y códigos como el Plan Nacional de Desarrollo, el Estatuto de Desarrollo Rural, el actual Código de Minas y todas las concesiones mineras y de explotación de recursos naturales, el acto legislativo que permite la modificación del régimen de transferencias a las entidades territoriales, la ley de aprobación del TLC con los Estados Unidos y la actual legislación laboral.

Los campesinos también se oponen a la privatización del agua; la erradicación forzada manual o por fumigación de los cultivos de coca y amapola; la farsa de desmovilización paramilitar y su legalización a partir de la aplicación de la ley 975 de 2006, y la violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado, y exigen verdad, justicia y reparación, cese del desplazamiento y retorno con garantías de todos los desplazados más el no involucramiento de la población rural en la política de seguridad democrática.

También piden la derogación de las leyes que prohíben la producción y comercialización de la panela artesanal, la producción y comercialización de semillas no certificadas, el transporte y venta de leche cruda y la adopción de medidas que permitan la protección de la producción nacional de alimentos y la recuperación de la autonomía y soberanía alimentaria; además, la prohibición de cultivos transgénicos en el territorio nacional; la entrega de la soberanía nacional y la permanente violación de los derechos de territorialidad de los indígenas, afrodecendientes y campesinos. Asimismo, exigen respeto a los derechos de titulación colectiva de las comunidades afrodecendientes, de los resguardos indígenas y el respeto por los territorios campesinos constituidos o no en zonas de reserva campesina, prohibiendo la entrega en concesión de territorios a compañías privadas nacionales o extranjeras; se oponen a la privatización de la salud, exigen la derogatoria de la ley 100 de 1993; la privatización de la educación; contra la inversión en la guerra, la corrupción y la falta de control del gasto de las Fuerzas Militares y de Policía, la presencia de asesores y mercenarios extranjeros en Colombia; y solicitan el intercambio humanitario y la solución política negociada al conflicto social y armado.

Toma de tierras e instituciones

Entre las principales organizaciones campesinas que convocan a la movilización está, Fensuagro, la Coordinadora agraria del Tolima, el Proceso de Unidad del Suroccidente, organizaciones afro de Nariño, la Asociación Campesina del Río Cimitarra, la Asociación Campesina del Catatumbo y las comunidades campesinas del Putumayo. Estas organizaciones agrupan a alrededor de 150 mil campesinos y representa los intereses de los 13 millones de pobladores y trabajadores del campo. Los organizadores de la movilización campesina afirman:

“El Gobierno asegura que la propiedad de los ricos se mantenga y aumente, que las fronteras del capital se amplíen acabando con la producción parcelaria de campesinos e indígenas; entrega a transnacionales nuestros recursos naturales; mercantiliza bienes comunes; privatiza y desmejora las instituciones y empresas estatales encargadas de brindar condiciones de bienestar social al pueblo. (…) Los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas y los colonos, ya no tienen tierra para trabajar y han sido desplazados a las ciudades, las tierras y el dinero se concentran en pocas manos, los obreros padecen la política de flexibilización laboral, nuestros recursos estratégicos están siendo robados, los niveles de calidad de educación y salud son cada vez más bajos y su ingreso es cada vez más restringido. Las empresas sociales y comerciales del Estado han sido entregadas a la empresa privada a costos irrisorios, en campos y ciudades el Estado asesina al pueblo de forma selectiva, lo masacra, lo desaparece y lo desplaza para reorganizar el territorio y la sociedad de acuerdo a los intereses del capital mundial”.

Según Juan Efraín Mendoza, secretario general de Fensuagro: “Nos movilizamos contra el Estatuto de Desarrollo Rural porque borra de tajo todo lo que los trabajadores agrarios habíamos conseguido en más de 100 años de lucha. Por ejemplo elimina las zonas de reserva campesina y parte de los territorios indígenas y de los afrodescendientes”.

Respecto a reivindicaciones campesinas de carácter regional, afirmó: “Hay zonas en el Tolima donde por ejemplo se pide la construcción de una carretera, construcción de un puesto de salud, arreglo de escuelas. En el departamento de Nariño las comunidades negras solicitan también la construcción de puestos de salud. Uno de los principales puntos de nosotros es la exigencia de una reforma agraria integral y democrática que beneficie a esa inmensa cantidad de campesinos que no tenemos tierra”, concluyó Juan.

Según las condiciones de cada región, los campesinos e indígenas realizarán bloqueos de vías y tomas de instituciones del estado. Y el 10 de octubre participarían en las movilizaciones de los sindicatos y estudiantes de las principales ciudades del país.