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Propuesta de resolución
Europarlamentarios plantean una resolución en defensa de la nacionalización de la petrolera YPF en Argentina
Apoyan la decisión del Gobierno de nacionalizar YPF, empresa creada por Argentina en 1922, privatizada como consecuencia de políticas puramente neoliberales aplicadas durante la década de 1990 con consecuencias muy negativas para la economía y un aumento sin precedentes de la pobreza
 

Tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

sobre la nacionalización de YPF (REPSOL) por parte del Gobierno de Argentina

Resolución del Parlamento Europeo sobre la nacionalización de YPF (REPSOL) por parte del Gobierno de Argentina(2012/2619(RSP))

B7‑0218/2012

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 207 del TFUE,

– Vista su Resolución sobre las relaciones comerciales UE-América Latina (septiembre de 2010, Informe Helmut Scholz),

– Vista la Declaración de Madrid con motivo de la cumbre de Jefes de Estado de la UE y de América Latina (mayo de 2010),

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando la decisión anunciada recientemente por el ejecutivo de la República Argentina de enviar al Congreso de este país el proyecto de ley para convalidar la nacionalización del 51 % de las acciones de la sociedad mercantil de hidrocarburos YPF, participada en su mayoría por REPSOL;

B. Considerando que la privatización de YPF tuvo lugar en la década de 1990 y como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales puras que comportaron un aumento de la pobreza y el colapso económico; que la actual recuperación económica de Argentina se debe a la decisión de su Gobierno de no aplicar políticas neoliberales que la UE sigue aplicando y que producen una agudización de la crisis y un aumento espectacular de la pobreza en toda Europa;

C. Considerando que es legal y forma parte de la soberanía de cualquier país intervenir en el ámbito económico para defender el interés público; que garantizar un acceso igual de todos los ciudadanos al derecho fundamental a la energía y poner fin a la pobreza son obligaciones de todos los gobiernos; que el acuerdo bilateral de inversiones de 1992 entre España y la República Argentina establece claramente que se permite la nacionalización o la expropiación «por causas de utilidad pública», si bien «en ningún caso deberá ser discriminatoria» y mediante «una indemnización adecuada»;

D. Considerando que, en el pasado, la mayor parte de los países europeos han nacionalizado sectores de su economía para defender el interés público de sus ciudadanos; que es necesario animar a los Estados miembros de la UE a servirse de posibilidades similares para hacer frente a la crisis actual, en lugar de aplicar políticas neoliberales;

E. Considerando que REPSOL no es una empresa española, puesto que más de la mitad de sus acciones son propiedad de extranjeros, y que las políticas de REPSOL benefician a una pequeña élite económica de accionistas; que mientras que los beneficios de REPSOL aumentaron un 11 % de 1998 a 2007, las rentas de los trabajadores aumentaron solo en un 1,7 %; que REPSOL suele pagar un rendimiento del 7 % sobre los dividendos, mientras que otras compañías petroleras pagan el 3 %, de media, a sus accionistas;

F. Considerando que el Gobierno argentino alega que REPSOL no ha cumplido sus obligaciones en Argentina puesto que ha priorizado el mercado internacional y ha ignorado las necesidades nacionales; que REPSOL parece ser responsable del 54 % del descenso de la producción de crudo y del 97 % de la producción de gas, lo que ha obligado al Estado a importar combustible por valor de 9 397 millones de dólares; que las reservas de YPF disminuyeron de manera espectacular debido a la falta de inversiones y de exploraciones;

G. Considerando que se ha demostrado que REPSOL no ha cumplido tampoco con sus obligaciones en otros países, puesto que ha provocado enormes daños ecológicos en Ecuador y Bolivia, donde ha aumentado la pobreza de la población local, y ha apoyado a varios Gobiernos responsables de violaciones masivas de los derechos humanos;

H. Considerando que REPSOL ha declarado sólo el 24,8 % de sus ingresos en España, el 21,41 % en Argentina y el resto en otros países, entre ellos algunos paraísos fiscales; que el Gobierno español y otros podrían valorar un mayor control o incluso la nacionalización de la propia REPSOL, lo que conllevaría el pago adecuado de los impuestos y la transferencia de parte de sus beneficios a los trabajadores y a los consumidores, en lugar de dar prioridad a los intereses de los accionistas;

I. Considerando que la Resolución del Parlamento sobre las relaciones comerciales con América Latina (octubre de 2010, Informe Scholz) recuerda que la Declaración de Madrid reconoce, de manera explícita, el principio del derecho soberano de los países a administrar y regular sus recursos nacionales, a la vez que destaca que debe prestarse la atención pertinente a los criterios de sostenibilidad;

J. Considerando que Argentina anunció que se abonaría una compensación adecuada, que establecerá el Tribunal de Tasaciones del Estado argentino, competente para las nacionalizaciones y la evaluación de la compensación adecuada sin discriminar si los propietarios de las acciones son nacionales o extranjeros; que los inversores no deberían solicitar un trato no discriminatorio en relación con los inversores locales sino acudir a un tribunal especial cuando tenga lugar un litigio; que la mayoría de los accionistas de REPSOL ha recibido beneficios enormes en el pasado, que han sabido siempre que la expropiación era posible y legal, y que podían haber tomado una decisión en consecuencia;

K. Considerando que el presidente de la empresa, el Gobierno español, la Comisión y la Señora Ashton han acusado y hasta amenazado al Gobierno de Argentina antes incluso de conocer el precio que se abonará por las acciones;

L. Considerando que, en aplicación de los nuevos poderes de la UE en materia de inversiones, de conformidad con el Tratado de Lisboa, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre los derechos y las obligaciones de los inversores; que durante más de veinte años se ha perdido este equilibrio en favor de los inversores y las corporaciones, como resultado del avance de las políticas neoliberales; y considerando la tendencia de las instituciones europeas a continuar y perseverar en esta dirección equivocada;

M. Considerando que este desequilibrio y la explotación inadecuada de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales han dado pie a destrucción, conflictos sociales, degradación del medio ambiente, pobreza y al desplazamiento de la población en muchos países, incluidos los de América Latina;

N. Considerando que las decisiones adoptadas por organismos de arbitraje tales como el ICSID (Banco Mundial) y la CNUDMI (Naciones Unidas) no reflejan la necesidad de establecer un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los inversores y las empresas, ni el derecho de un Gobierno a defender el interés público;

O. Considerando que debido a estas decisiones sesgadas del ICSID a favor de las sociedades mercantiles, varios países de América Latina (Bolivia en 2007, Ecuador en 2009 y Venezuela en 2012) han decidido anular su reconocimiento de este organismo al considerarlo incompatible con su mandado de controlar y organizar la explotación de sus propios recursos naturales en favor del interés público, del desarrollo y del medio ambiente;

1. Respeta el derecho de todos los países a ejercer su derecho a la soberanía para administrar sus recursos naturales y para regular sus economías en función del interés público; apoya la decisión del Gobierno de nacionalizar YPF, empresa creada por Argentina en 1922, privatizada como consecuencia de políticas puramente neoliberales aplicadas durante la década de 1990 con consecuencias muy negativas para la economía y un aumento espectacular de la pobreza;

2. Insta a todos los Estados miembros (especialmente España), a la Comisión y a la Señora Ashton a que, en lugar de defender principalmente los beneficios de los accionistas de la sociedad mercantil REPSOL, defiendan los intereses de todos los ciudadanos, sus intereses sociales y el medio ambiente, a que presten atención a las necesidades de los trabajadores y a la estabilidad de los puestos de trabajo, a las necesidades de los consumidores tanto en Argentina como en la UE, a la solución de la pobreza y al respeto por el medio ambiente; les exhorta a mantener buenas relaciones con Argentina y a abstenerse de acusar a su Gobierno y de anunciar represalias incluso antes de conocer el precio que se abonará por las acciones, el cual se basará en la valoración que fijará el organismo competente (el Tribunal de Tasaciones de la Nación);

3. Estima que, teniendo en cuenta el aumento de los conflictos entre, por una parte, los inversores y las sociedades mercantiles y, por otra, la población y las autoridades de América Latina, África y el resto del mundo, existe una necesidad urgente de diálogo constructivo en pie de igualdad entre la UE y los terceros países sobre el futuro de las inversiones extranjeras a fin de fijar un equilibrio correcto entre los derechos y las obligaciones de inversores y sociedades mercantiles, y un uso adecuado de los recursos naturales, y de buscar alternativas a los organismos de arbitraje actuales (ICSID y CNUDMI);

4. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que dejen de aplicar obsoletas políticas neoliberales que resultan perjudiciales y agravan la crisis económica actual a costa de los ciudadanos europeos, especialmente de los más pobres, y les pide que consideren enfoques más creativos y valientes para resolver la crisis, incluso inspirándose en algunas de las soluciones económicas que han aplicado algunos países de América Latina;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados Miembros, al Gobierno y al Congreso de la República Argentina y a los miembros del Consejo de MERCOSUR.