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Conjugando despropósitos: El caso del periodista Roméo Langlois
"La primera baja de una guerra es la verdad" H. Johnson – 1918
Andrés Monroy Gómez / Miércoles 9 de mayo de 2012
 

La retención del periodista francés Roméo Langlois, declarado como prisionero de guerra por la guerrilla colombiana, sumada a la manipulación informativa de este caso y los equívocos en la aplicación de normas humanitarias, son el comienzo de una cadena de contrasentidos.

El periodista francés Roméo Langlois, corresponsal de France 24, fue privado de su libertad el pasado 28 de abril durante combates entre efectivos del ejército y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, en la selva del departamento colombiano de Caquetá. Langlois, quien con autorización de los militares realizaba un trabajo periodístico sobre los operativos en la región, portaba un chaleco antibalas y casco suministrados por el ejército como medida de protección. En el momento del combate Langlois optó por quitarse esas prendas para identificarse como periodista ante los guerrilleros.

Secuestro, custodia o retención como prisionero de guerra. Del nombre dado se desprenden varias consecuencias jurídicas, las mayorías enmarcadas en la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH), usualmente (mal)interpretadas de acuerdo a los intereses de cada parte. Pero existe un resultado común, independiente de cómo se clasifique esta conducta: en este momento un periodista está privado de su derecho a informar y la sociedad cuenta con una voz menos que le informe sobre la magnitud del conflicto en los campos y selvas de Colombia.

Tan pronto se tuvo noticia de la desaparición de Langlois, la organización Reporteros Sin Fronteras clamó por “prudencia en el manejo de la información”. Agregó más adelante que “el conflicto armado colombiano también implica, en sí, la guerra de palabras y de medias verdades que pueden tener consecuencias peligrosas para sus víctimas”. En el mismo sentido, la Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper, exigió claridad con respecto a la información entregada a los medios de comunicación y solicitó que “la situación del periodista no sea utilizada como estrategia de manipulación informativa por los actores del conflicto”.

Sin embargo la guerra de palabras no se hizo esperar.

Durante más de una semana la comunidad periodística colombiana estuvo al vaivén de especulaciones y manipulaciones informativas, sin conocerse realmente la suerte de Langlois. Finalmente, Karl Penhaul difundió un video[1] en el que un guerrillero lee un comunicado mediante el cual las Farc se atribuían la retención del periodista francés, declarándolo prisionero de guerra. Esta retención, paradójica por no decir más, al parecer fue motivada por la aparente confusión de la guerrilla al creer que Langlois tomaba parte en el operativo, puesto que usaba prendas militares. En el video reconocen que ya habían verificado la identidad del periodista francés. Es necesario mencionar que Langlois goza de un especial prestigio por sus trabajos sobre las comunidades y las víctimas del conflicto armado.

Al margen de los contundentes pedidos provenientes de diferentes sectores de la sociedad, comenzaron los interrogantes, algunos de ellos son: ¿Cuál es el papel de los periodistas en el conflicto armado? ¿Un periodista puede ser declarado prisionero de guerra? ¿Por qué un periodista extranjero acompañaba a tropas oficiales? ¿Por qué otro periodista extranjero sí fue capaz de obtener noticias sobre el paradero de Langlois? ¿Este combate demuestra que el ejército sufre derrotas militares que nunca son informadas? ¿Qué pasaría si un periodista es encontrado con un grupo guerrillero luego de un enfrentamiento? ¿El Estado le garantizaría su libertad de informar?

Por ahora, la información conocida sobre el estado de Langlois llegó hasta el comunicado suscrito por el Secretariado del Estado Mayor de las Farc, fechado el 3 de mayo (paradójicamente el día internacional de la libertad de prensa), donde en siete puntos cuestionan la labor de los periodistas en el conflicto armado.

Contrasentidos o “lavado de manos”

Mucho se ha escrito en Colombia durante estos días sobre las contradicciones de la versión de los militares, definiciones del derecho humanitario aplicables al caso Langlois e inclusive, pronósticos sobre cómo esta situación afectaría un eventual diálogo con la guerrilla.

Sin embargo, dos afirmaciones, cada una proveniente de los protagonistas enfrentados del conflicto armado, llaman la atención por el contrasentido inherente a ellas.

La primera es la exigencia de la guerrilla de las Farc de “la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar” como requisito “mínimo” “para la recuperación de la plena movilidad” de Roméo Langlois.

Cuando una parte del conflicto armado pretende asumir la vocería para solucionar el desequilibrio informativo causado por la otra parte del conflicto, es síntoma de la sordera de los actores del armado frente a los esfuerzos de la sociedad civil para reivindicar su derecho a la información

Hay iniciativas en Colombia en las que se debaten temas como la calidad de la información, seguridad de los periodistas, condiciones laborales del ejercicio periodístico e influencia de las grandes corporaciones en los medios de comunicación. Por otra parte, la creciente influencia de los medios alternativos, el periodismo ciudadano y el cada vez más fuerte activismo en las redes sociales ha contrarrestado la miopía informativa de las empresas mediáticas. El debate está dado hace mucho tiempo. Por supuesto que es necesario ampliarlo, fortalecerlo y llevarlo a acciones concretas en favor de la libertad de información. Pero si de aproximarlo a una fecha se trata, desde la firma de la Constitución de 1991 las diferentes Cortes han aportado tan interesantes como innumerables discusiones sobre los alcances de la libertad de expresión, en sus diferentes manifestaciones como lo son la libertad de informar y la libertad de prensa.

Ahora, surge un temor. “El debate sobre la información va a ser declarado subversivo”, señaló la periodista Constanza Vieira. No es de extrañarse esta prevención. La intransigencia y estigmatización son herencia de la política de “Seguridad Democrática”, donde las nociones de “enemigo” y “victoria” restaron valor al diálogo, para darle prevalencia al sometimiento. Es innegable que en muchas ocasiones la reflexión ciudadana suele estar permeada por la descalificación de la opinión contraria. El botón de la muestra está en las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en lugar de fomentar el consenso nacional en torno a la libertad de Langlois, lo calificó como grosero y “un individuo que le daba mucha desconfianza”.

Los puntos 1 a 5 del comunicado de las Farc (ver al final el texto completo del comunicado) son el diagnóstico de una realidad del periodismo en Colombia, que por lo demás, debe ser aplicada desde cualquiera de las orillas desde donde se observe el conflicto armado. Muchos intentos de periodismo objetivo han sido silenciados por disímiles actores de la violencia, siendo cierto que desde los aparatos estatales y paraestatales se ha silenciado el periodismo crítico. Sin embargo, esto no justifica un reclamo cuyo precio es la libertad de un periodista, quien es reconocido por su trabajo en favor de las víctimas de la violencia.

El segundo contrasentido, es la afirmación del comandante de las Fuerzas Armadas, general Alejandro Navas, sobre la existencia de un documento firmado por Langlois en el que éste asumía la responsabilidad por viajar en este operativo militar.

Varios periodistas consultados coincidieron en afirmar que se trata de una práctica común por parte de las Fuerzas Armadas, en la que condicionan el transporte de un periodista o su ingreso a zonas de alteración del orden público, a la previa suscripción de un documento donde asumen toda la responsabilidad de lo que les pueda suceder.

Contradiciendo lo anterior, la Constitución Colombiana ordena a las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y “para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Sin salvedades ni excepciones. Un acuerdo entre partes no puede ir en contra de lo establecido por la Constitución.

Al parecer, este tema no estuvo exento de participar en el juego de contradicciones. Un día después de que el comandante del ejército fuera enfático en indicar la existencia de este documento, el ministro de defensa aportó una versión distinta. Se trataba de un documento firmado días atrás, y no para el día de la operación militar.

Pero el tema sigue en pie. ¿Pueden los militares exonerarse previamente de fallas en el cumplimiento de su misión constitucional?

Las organizaciones de libertad de prensa han estado de acuerdo en señalar que "el trabajo periodístico es fundamental para informar y comprender el conflicto colombiano. La situación de Romeo Langlois, demuestra las difíciles condiciones y el peligro para el periodismo cubrir temas del conflicto armado".

El tema de la responsabilidad de los militares en la retención de Langlois, está siendo abordado erráticamente por parte del Ministerio Público, quien anunció una investigación por autorizar la presencia de Langlois, quien cumplía con su trabajo periodístico. Una investigación así orientada invitaría a restringir el acceso de los periodistas a cualquier zona por razones de orden público, haciendo más denso el velo con el que se ocultan muchas verdades sobre el conflicto armado.

Las investigaciones disciplinarias y penales deberían orientarse a determinar la validez jurídica de eximirse previamente de responsabilidades frente a eventuales fallas en el servicio, como en este caso, donde el ejército sucumbió ante la presión militar de la guerrilla, abandonando la zona y en ella, al periodista Roméo Langlois.

Finalmente se conoció que el Ministerio de Defensa Nacional está elaborando un protocolo de seguridad para periodistas. Es necesario el escrutinio de esta disposición por parte de toda la sociedad, especialmente por las organizaciones que defienden la libertad de prensa.

¿Y el periodismo colombiano?

Los hechos recientes sacan a la luz el protagonismo de periodistas extranjeros, que demuestran su interés y capacidad para indagar y ubicarse geográficamente en el mapa del conflicto armado. Por una parte Langlois, reportando sobre los operativos militares y por otra, Karl Penhaul, quien logró llegar al grupo guerrillero que retuvo a Langlois e informar a la sociedad sobre la suerte del corresponsal francés. Por lo anterior le asiste la razón a Simone Bruno, periodista italiano amigo de Langlois, cuando afirma a que en Colombia hay una guerra feroz, “bastante invisible” porque los periodistas nacionales no la cubren debidamente ni informan a plenitud sobre ella.

Frente a esto es necesario remitirse a las contundentes cifras que permite interpretar la prevención, sumada al temor, de los periodistas colombianos para encarar el tema del conflicto armado. Asesinatos, desplazamientos y amenazas provenientes de actores legales e ilegales de la confrontación, obligaron a que se generalizara la práctica de la lectura de boletines de prensa emitidos por unidades militares y policiales, dando de esta manera a la opinión pública sólo una versión de los hechos, la que no siempre coincide con la verdad. Lo anterior, sin contar las degradantes condiciones laborales y de seguridad en que los periodistas colombianos cumplen su papel.

Adicionalmente durante los años de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe, se hizo común la estigmatización de los periodistas que buscaban la información más allá de las fuentes oficiales. Un ejemplo de esto fue la retención del periodista Hollman Morris en el 2009, en la misma región donde fue retenido Langlois (Unión Peneya – Departamento de Caquetá)[2]. Adicionalmente, los periodistas que acompañaron las liberaciones de secuestrados por las Farc, fueron calificados entonces como “publicistas de terrorismo”.

No hay que olvidar que el periodismo ha sido tratado como otro frente para las victorias militares. Basta recordar la suplantación de periodistas por parte de militares para la conocida “Operación Jaque”, en la que fue liberados varios secuestrados, entre ellos una política colombiana y tres contratistas de empresas de seguridad estadounidenses.

En conclusión, resulta más que oportuno citar al Albert Camus: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.