La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, en su condición de peticionaria de las medidas Cautelares decretadas en 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), hace un llamado urgente ante la grave situación de violencia por la que siguen atravesando sus miembros y directivas, a manos de grupos armados que operan en ese departamento.

Ponemos en conocimiento de las autoridades regionales civiles y militares, y del gobierno nacional, las amenazas de muerte que José Antonio Amaya, dirigente social de la ACA ha recibido en los últimos días a manos de desconocidos que llegaron a su casa.

Según narra José Antonio, el día 19 de julio llegó a su casa, ubicada en la vereda El Botalón del municipio de Tame, Arauca, luego de un viaje que había realizado a Saravena. “Llegué a las 8:00 am. y aproximadamente a las 10:00 am. llegaron unos hombres armados y de civil y me dijeron “que me iban a matar”, pero que se pasaban de buenos y me daban la oportunidad de irme, que lo hacían porque yo era un dirigente social de ACA. En vista de esta situación desagradable para mí, les pregunté si podía dejar a mi esposa e hijos, a lo cual respondieron que no, que debía llevármelos”.

José Amaya, tesorero departamental desde 2004, miembro ejecutivo de Fensuagro y dirigente social de la ACA, ha recibido amenazas de muerte en reiteradas ocasiones, por medio de llamadas telefónicas y directamente por visitas que los agresores han hecho a su casa. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que desde el año 2003, varios miembros de la Asociación Campesina han sido perseguidos y asesinados por grupos paramilitares, y que por esta razón la Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares.

Desde sus inicios en el año 2000, la ACA se ha caracterizado por su lucha y trabajo en defensa de los intereses del campesinado araucano. Ha encabezado movilizaciones contra la paramilitarizacion de la región, contra los intereses económicos de las transnacionales del petróleo y las fumigaciones indiscriminadas con glifosato. Esta posición política llevó a sus dirigentes y miembros a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados y asesinados.

Ante tal situación, la Corporación Reiniciar exige al gobierno nacional y a las autoridades civiles y militares de la región, que en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se proteja la vida, integridad personal y la libertad de los dirigentes y miembros de la Asociación Campesina de Arauca.