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Constancia de bancada del Polo explicando su no asistencia a sesiones extraordinarias del Congreso
Polo Democrático Alternativo / Jueves 28 de junio de 2012
 

La bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo dejó una constancia tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes en la que explica en forma pormenorizada porque no avala ni participa en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Juan Manuel Santos para hundir el esperpento de la reforma a la justicia.

Según los congresista del Polo, el gobierno de Santos con la convocatoria a sesiones extras lo que busca es dar un “golpe de opinión” que le permita recuperar su imagen pública deteriorada por el escándalo deteriorado.

Desde el inicio de los debates el Polo Democrático manifestó a los congresistas, al gobierno y la opinión pública las nefastas consecuencias de la aprobación de este Acto Legislativo y advirtió oportunamente de la inclusión de artículos que benefician a grupos de las ramas del poder público, como las disposiciones que dificultan la perdida de investidura para congresistas, el incremento del periodo de los magistrados de Altas Cortes y la creación de fuero constitucional para los secretarios generales de Senado y Cámara. Por esto el Polo siempre dio voto negativo a la reforma.

Es falso que quienes con su voto aprobaron esta reforma no conocían lo que se estaba votando y que el Gobierno Nacional junto con las plenarias de Senado y Cámara hayan sido engañados por un grupo de doce conciliadores. Varias de las más graves modificaciones al articulado fueron aprobadas antes de la conciliación.

Según los congresistas del Polo este acto legislativo debió archivarse oportunamente, tal y como esta colectividad lo solicitó en reiteradas ocasiones. Desde el inicio este partido advirtió que la iniciativa era severamente inconveniente para el país y que durante su trámite se presentaron vicios insubsanables, como impedir la presentación y discusión de proposiciones y negar la verificación del quórum. Hechos estos, que el presidente Santos sólo vislumbró cuando la ciudadanía se pronunció indignada.

Ahora, el Gobierno Nacional intenta de manera desesperada, enmendar sus propios errores y los de la bancada de Unidad Nacional, quienes durante todo el trámite legislativo actuaron en connivencia con algunos magistrados de las Altas Cortes, la clase política y las elites de este país, en contra de los intereses superiores de la Justicia, del Estado Constitucional de Derecho y del pueblo colombiano.

El Polo Democrático no participará en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, convocadas para la discusión y votación de las objeciones presidenciales a la Reforma a la Justicia, por considerar que se encuentran seriamente viciadas de inconstitucionalidad. Los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales y tampoco pueden ser discutidos en sesiones extraordinarias, tal como lo establecen los artículos 149 y 375 de la Constitución Política. Por lo tanto, la citación y discusión a las sesiones de hoy y mañana desbordan la competencia del Congreso, del presidente Santos y se constituyen en un pésimo precedente.

No es cierto que el Presidente de la República pueda asumir la responsabilidad jurídica y política que les concierne a los congresistas. La responsabilidad penal y disciplinaria es individual e intransferible.

Como la Reforma a la Justicia no fue pensada para mejorar el acceso a la administración de justicia, proteger los derechos ciudadanos y garantizar la independencia y autonomía de la rama judicial, el Polo Democrático reafirma su posición y convoca a la ciudadanía a movilizarse y hacer uso de las vías constitucionales apoyando iniciativas como el referendo revocatorio de esta reforma.

Igualmente invita a la conformación de una mesa de concertación, liderada por la sociedad civil, en la que se discuta una propuesta seria de Reforma a la Justicia que promueva la independencia de los poderes públicos, la autonomía e independencia de la rama judicial y la materialización del acceso a la justicia, en especial de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.