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Carta abierta de Sintraincoder a la Gerente del Incoder
Consideraciones a la propuesta de ajuste institucional del Incoder
"Presentamos nuestro más enérgico rechazo ante la propuesta de ajuste o reestructuración del Incoder que su administración ha preparado, por inconsulta, inconveniente y desproporcionada y que, a la vez, no se compadece con la situación actual de la entidad ni con las necesidades de las comunidades rurales del país"·
Sintraincoder / Miércoles 11 de julio de 2012
 

Bogotá, D.C., 6 de julio de 2012

Doctora:

Miriam Villegas

Gerente General

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) Bogotá D.C.

Asunto: Consideraciones a la propuesta de ajuste institucional del Incoder, presentada el 27 de junio de 2012

Respetada doctora Miriam:

Conforme lo acordado en la reunión del asunto, y una vez revisado el documento “Propuesta de Ajuste a la Estructura Organizacional y de Procesos del Incoder”, facilitado por el doctor Carlos Augusto Castaño Charry, secretario general del Incoder, de manera atenta presentamos ante su despacho las consideraciones siguientes:
Después de la liquidación de cuatro entidades del sector, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue creado mediante el decreto ley 1300 de 2003; posteriormente la entidad fue reestructurada a la luz de lo dispuesto en la ley 1152 de 2007 mal llamado “Estatuto de Desarrollo Rural”, con los decretos ordinarios 4902 y 4903 -demandados por Sintraincoder ante el Consejo de Estado y cuyo proceso está en curso-, con consecuencias que resultaron funestas para la entidad, no sólo por la masacre laboral que trajeron consigo, sino también por el debilitamiento de las territoriales y de sus equipos técnicos; en el 2009, ante la declaratoria de inexequibilidad de la mencionada ley por parte de la Corte Constitucional, se motivó la expedición de los decretos 3759 y 3760, modificando la estructura y la planta de personal del instituto por segunda vez, en menos de seis años de funcionamiento. A ello debemos sumar la promulgación de los decretos 4145 y 4181 del 3 de noviembre de 2011, por el cual se crean respectivamente la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra) y la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap) y se escinden las funciones que el Incoder venía desarrollando en esas materias.
Sin avanzar en la discusión acerca de la legalidad o no de los mencionados actos administrativos, expedidos para las reestructuraciones del Incoder, denominadas en su momento benévolamente como ajustes institucionales, es necesario recordar que con su implementación, todas y cada una de ellas, provocaron complejos traumas institucionales y laborales, con las correspondientes consecuencias jurídicas y financieras para el Estado colombiano, manifestadas en las reiterados fallos judiciales en contra de la entidad con sus implicaciones fiscales que conllevan algunas acciones de repetición; sin que se haya logrado mejorar la gestión institucional para atender las necesidades de las comunidades rurales más pobres, sino, por el contrario, haciendo más difícil para ellas el acceso a los servicios que desde un principio debió prestar la entidad.

Ante tan complejo panorama, hemos sido notificados por usted y a través de la mencionada propuesta, que nuevamente el Incoder se ve abocado a una nueva reestructuración o
“pequeño ajuste”, la cual calificamos de inconsulta ante la negativa de permitir cualquier tipo de participación en su definición por parte de las comunidades rurales y de los trabajadores del Incoder; desprovista de criterio técnico, económico y ambiental alguno, y carente de cualquier fundamentación política o social, que diseñe y formule cambios sustanciales que acerquen al instituto a un mejor cumplimiento de su función social. Por el contrario, se nos informa que la leve modificación es el abrebocas para una de mayor envergadura, la cual estaría definida en los términos y condiciones en que se dé la aprobación al proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural que el gobierno presente a consideración del Congreso de la República.

Con base en ello, nos preguntamos: ¿cuál es la necesidad de implementar una reestructuración en el corto plazo, si de manera mediata se pretende abordar una de mayores consecuencias y donde, muy seguramente, se revisará y cambiará lo definido para la actual? Teniendo en cuenta lo presentado por usted y su equipo, lamentablemente parece que la respuesta a nuestra pregunta aflora nítidamente: lo que se pretende es un cambio meramente burocrático en beneficio de la actual administración del Incoder. Guardadas proporciones, vienen a nuestras mentes, recientes y dolorosos hechos acaecidos en el Congreso de la República, donde, con la anuencia del gobierno, los legisladores, actuando en beneficio propio, aprobaron el Acto Legislativo de reforma a la Justicia.

Resulta penoso y cuestionable que, ante la grave crisis que atraviesa el Incoder en todos los ámbitos, la salida que presenta su equipo de trabajo, de reciente posesión, es la de, en general, nivelar y ajustar hacia arriba los salarios para los cargos de la alta gerencia mediante su reclasificación y la creación de nuevos cargos del orden directivo y asesor, todo ello en el nivel central. No alcanzamos a comprender cómo con un ajuste institucional que propende por el fortalecimiento de la alta gerencia de la entidad, se verán beneficiadas las comunidades rurales que, día tras día, claman por tierras o recursos para sus proyectos o aquellas familias pertenecientes a la población desplazada que ingenuamente presentaron miles de propuestas a las convocatorias 2008–2011, para acceder al subsidio integral de tierras, o a los trabajadores del Incoder, particularmente los de las direcciones territoriales, quienes constantemente exigen condiciones dignas de trabajo.
No se compadece con la institución que, ante el déficit de más de $4.000 millones en el rubro de funcionamiento, con implicaciones para el pago de nómina de final de año, el financiamiento de procesos de apoyo a la gestión misional y la insuficiente asignación presupuestal para llevar a cabo programas de bienestar social, capacitación e incentivos, se pretendan asignar considerables recursos para la implementación de un ajuste en las condiciones esbozadas.

En la propuesta se plantea la creación de la Subgerencia General, tan costosa como innecesaria, pretensión que en su momento fue discutida con la anterior administración y que creíamos superada ante su demostrada inconveniencia, por un lado porque con su generación, la Gerencia General se vería como una figura decorativa y, de otro, porque si no fuere así, las demás subgerencias estarían sobrando y fácilmente podrían reemplazarse con la formalización o establecimiento de grupos de trabajo o hasta direcciones técnicas, evento éste con el que no estamos totalmente en desacuerdo.

Se insiste en la permanencia de la Subgerencia de Promoción, no obstante su reconocida inoperancia, como consecuencia, entre otros aspectos, por la duplicidad de funciones con otras dependencias y se le mantiene la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos, a pesar que el proceso es eminentemente asunto de la Subgerencia de Tierras Rurales. A la Subgerencia de Gestión se le agrega una Dirección Técnica y se le cambia el nombre por el rimbombante de
Subgerencia de Desarrollo Rural sin haberse dado una evaluación, discusión y definición claras acerca del concepto, el enfoque y contenidos con que se debe abordar dicho proceso, puesto que por lo visto y planteado hasta el momento se persiste con la intervención intrapredial, sin articulación efectiva y propositiva con las condiciones sociales, económicas y ambientales del entorno y el territorio. En la Subgerencia de Tierras Rurales, en concordancia con lo propuesto desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se fortalece aún más el proceso de titulación de baldíos, dejando de lado las funciones realmente importantes de esa instancia como son el acceso a la tierra y el ordenamiento social de la propiedad.

Se porfía en mantener incólume a la Subgerencia de Adecuación de Tierras, a pesar de sus consabidas estrecheces institucionales y debilidades: bastión de la clase política que, dueña y señora de los miles de millones de pesos que se asignan vigencia tras vigencia para ese proceso, los distribuye para la construcción de dos o tres distritos de riego que, de elefantes blancos, han pasado a ser verdaderos monumentos a la desidia y el desgreño.
Aunque se conserva la Subgerencia de Planificación e Información, no se le dota con los mecanismos e instrumentos para direccionar estratégicamente, articular, monitorear y evaluar las acciones institucionales, condenándola a permanecer en la anacrónica disyuntiva de acompañar en la ejecución de los recursos o elaborar convenientes informes de gestión.

En contraposición, las funciones asignadas a la entidad para atender el proceso de la pesca artesanal reciben un tratamiento de relleno, sin tener en cuenta que la población dedicada a dicha actividad es enorme, está diseminada por todo el país y se considera como altamente vulnerable; sin embargo, no se plantean acciones concretas ni se asignan o programan recursos y mucho menos se concibe una instancia o dependencia territorial para su atención integral.

Por todo lo anterior, presentamos nuestro más enérgico rechazo ante la propuesta de ajuste o reestructuración del Incoder que su administración ha preparado, por inconsulta, inconveniente y desproporcionada y que, a la vez, no se compadece con la situación actual de la entidad ni con las necesidades de las comunidades rurales del país.

Apelamos a su inteligencia y buen juicio para que permita que los cambios que necesita la entidad, desde ya, se discutan y aprueben en verdaderos espacios democráticos y participativos donde tengan asiento preferencial las organizaciones representantes de esas comunidades y Sintraincoder como representante legítimo de las trabajadoras y los trabajadores del Incoder. En el entretanto, la invitamos a liderar la integración de esfuerzos para que conjuntamente, administración y trabajadores, nos comprometamos a cumplir con el Plan de Acción 2012, fortalecer las Direcciones Territoriales y mejorar la imagen de la entidad, priorizando los programas misionales al servicio de las comunidades rurales.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL