La tramitología y la situación de inseguridad en algunos barrios impiden que aquellas familias que perdieron sus viviendas a manos de grupos armados ilegales adelanten procesos de restitución.

Una de las comunas más afectadas por el despojo urbano es la comuna 13.

A mediados del año 2000, y ante una aguda confrontación armada entre milicias insurgentes y bandas armadas en las laderas orientales de Medellín, un jefe paramilitar intentó organizar a los “muchachos”, como se reconocen a quienes integran estos grupos. En la iglesia Santa María de la Sierra se reunió con los milicianos y los invitó a trabajar con él. Ahí empezó el Bloque Cacique Nutibara. Y con ello, el despojo de viviendas.

Martha Cecilia* fue desplazada en ese entonces por el nuevo grupo armado. Ella y sus hermanos heredaron de sus padres cuatro casas. Justo cuando llegaron los paramilitares a ese sector las viviendas estaban desocupadas y a la espera de arrendatarios. Ellos las identificaron, forzaron las cerraduras y se apropiaron de esas edificaciones.

Las casas de Martha Cecilia y sus hermanos están ubicadas en el barrio Villa Liliam, una zona de la comuna 8 disputada arduamente desde mediados de la década del noventa por milicias de la guerrilla del Eln y las Farc, delincuencia organizada y grupos paramilitares de las Accu y las Auc. En la actualidad, la conflictividad continúa.

Una vez esta mujer intentó recuperar las casas que le pertenecen a ella y a su familia. Una noche fue donde los “muchachos” del Cacique Nutibara y les pidió que se las devolvieran. Ellos le dijeron que fuera al otro día con las escrituras para comprobar que sí eran de ella. “Regresé con las escrituras fotocopiadas, porque yo no soy ninguna boba, y me dijeron que les entregara, que Antonio López (alias ‘Job’) había dicho que si no se las daba ellos me metían un tiro en la cabeza”.

Pero esa amenaza no la intimidó: “Yo me fui directo para la casa de la mamá de él, porque a Antonio lo conocí desde que era un niño. Allá estaba la esposa y yo le conté, entonces me dijo que hablaría con él. A los días me llamaron y me dieron una razón de él: que me devolvía las casas si yo le decía dónde estaba un hermano mío para matarlo. ¿Quién entrega un hermano? Desde ese día yo no volví a reclamarles nada”.

Los paramilitares que la despojaron de sus casas estaban bajo el mando de Antonio López, alias ‘Job’, un jefe de las Auc reconocido por haber participado en una reunión en los sótanos de la Casa de Nariño con funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en abril de 2008. Este paramilitar fue asesinado en Medellín tres meses después de ese encuentro en la sede de gobierno.

Varios años después, Martha Cecilia quiso saber quiénes vivían en las casas de sus papás: se arriesgó y se fue a caminar por el sector. Quedó impresionada cuando vio que una de las viviendas, de dos pisos, estaba destruida. Una vecina le explicó por qué: “Los fulanos traían gente de otras comunas que trabajaban con el Cacique Nutibara y los hospedaban en esas casas para hacer los trabajos sucios; guardaban armamentos y drogas. Un día entró la policía al primer piso y encontró un petardo. Lo explotaron ahí mismo. Entonces la casa de encima se cayó y averió la de abajo”.

Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), asegura que el despojo de vivienda urbana “es una estrategia que tienen las estructuras paramilitares de financiarse y de tomar control del territorio. A medida que una estructura va avanzando, va copando. A medida que va copando, va retirando. Ellos quitaron casas por sospecha de que sus dueños eran familiares, colaboradores o simpatizantes de las guerrillas”.

Según Quijano, en esa práctica de despojo habrían participado algunos notarios. “Hay muchos casos en los que se asesina a las personas para quitarles sus casas, y tres días después aparecen las escrituras de traspaso firmadas por los muertos”, afirma. “Yo tengo la plena seguridad de que acá hay notarias que presuntamente han colaborado con el crimen. Lo que pasa es que es un tema que todavía no se ha mostrado en la dimensión que merece”.

Este tipo de casos sigue presentándose en la ciudad y de acuerdo con el director de Corpades, viene ocurriendo en todos los estratos sociales, desde los más bajos hasta los más altos. Asimismo, asevera que en algunos barrios donde el conflicto fue más crítico, los llamados “muchachos”, es decir, quienes en el pasado integraron estructuras paramilitares y en la actualidad hacen parte de bandas armadas ilegales, “están habitando una cantidad de casas que no son de ellos”.

Para despojar a las personas de sus propiedades, integrantes del Bloque Cacique Nutibara también recurrieron a tácticas como el ‘pagadiario’, un sistema oneroso de préstamo de dinero cuyos intereses llegan al nivel de usura. Al respecto, Quijano explica: “endeudan a las personas y les aumentan los intereses. Pasan de deber cinco millones a diez millones en pocas semanas, y cuando no pueden pagar más les quitan sus bienes y les exigen traspaso de escrituras”.

Buscan soluciones
Desde que en Medellín entró en vigencia la Circular 4 de 2009, a través de la cual se pretende darle protección a inmuebles urbanos abandonados o en riesgo de abandono a consecuencia de la violencia, la Unidad de Desplazamiento Forzado de la Alcaldía de Medellín ha recibido 622 solicitudes de protección. Allí se evidencia que las comunas 8 y 13 fueron las más afectadas.

Ante la gravedad del problema, las instituciones involucradas en atender el asunto estudian un plan piloto para hacer la restitución urbana. De acuerdo con funcionarios de la Unidad del Desplazamiento Forzado, para consolidar esa iniciativa es necesario, primero, identificar los casos que se encuentren protegidos; segundo, que se encuentren formalizados, es decir, que posean escrituras debidamente registradas; y tercero, que los afectados hayan sido reconocidos como víctimas del conflicto armado. Surtidos estos pasos se crearía un instrumento de recolección de información que permitiría georeferenciar casos puntuales para luego trabajar en una intervención micro-focalizada.

Paralelo a ello, la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, encargada de investigar los crímenes cometidos por el bloque Cacique Nutibara, viene documentando la situación de 64 bienes urbanos, ubicados en las comunas 7 y 13 de Medellín, denunciados como despojados o abandonados a causa de la violencia ejercida por esta estructura paramilitar. De acuerdo con el Ente Investigador, 31 de estas viviendas hoy día se encuentran arrendadas, cuatro están abandonadas, cinco fueron demolidas, doce tienen nuevos dueños; en seis de ellas los propietarios originales retornaron y en tres casos existen serios indicios que hoy se encuentran ocupadas por miembros de bandas criminales que heredaron el poder paramilitar en los barrios de la ciudad.

Estos últimos se encuentran en los barrios San Javier El Salado y Nuevos Conquistadores, comuna 13, donde los hombres del Cacique Nutibara fueron "amos y señores" luego de la recordada Operación Orión. Pero estos no serían los únicos casos. La Fiscalía espera documentar la situación de otras viviendas despojadas en las comunas 1 y 2, zona nororiental de la ciudad. En total, estima el Ente Investigador, serían 164 bienes urbanos los que habrían sido arrebatados por los paramilitares a sus legítimos dueños.

La documentación de la Fiscalía apunta a que se pueda avanzar en un proceso de restitución, tal como lo viene pensando la Unidad de Desplazamiento Forzado. Si bien se trata de una iniciativa sui generis pues constituiría el primer caso en el país de restitución urbana, las cuales no están contempladas en la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, quienes vienen trabajando en el tema aún mantienen algunas dudas sobra la factibilidad de este proceso, pese a la buena voluntad de todas las partes involucradas.

“Iniciar la restitución es muy complicado porque en Medellín qué barrio puede certificar que tiene condiciones de seguridad, y quién va a querer volver a su casa cuando las personas han sido víctimas de los mismos actores que hoy día se encuentran allá. Además, dónde quedan todos los principios que la ley impone: voluntariedad, seguridad, garantías de no repetición, que hayan condiciones económicas para la subsistencia. Pero igual el intento lo vamos a hacer”, señaló un funcionario de la Unidad de Desplazamiento Forzado consultado por Verdadabierta.com.

De estas dificultades es consciente Martha Cecilia, quien pese a conocer la medida de protección de inmuebles urbanos, no ha presentado su caso ante las autoridades pues considera que no encuentra garantías. “Conozco mucha gente que declaró, pero tiene que esperar 18 meses para que le aprueben la protección. ¿Y qué puede pasar en ese tiempo? La única manera en que yo confiaría sería que en esos procesos no estuvieran involucradas ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Policía. No confío en ellos”.

A pesar de su resistencia, admite que quiere recuperar el patrimonio que les dejaron sus padres a ella y a sus hermanos. “Claro, es muy bueno volver a tener aquellas casas donde crecimos, pasamos la infancia y vimos crecer a los hermanos”. Pero su posición es inamovible: “sin garantías yo no le entrego esas escrituras a nadie ni las saco del lugar secreto donde las guardo”.