Durante dos días nos reunimos delegados de los consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó, Arquía y Murindó; la Organización Indígena de Antioquia, los cabildos mayores de Frontino, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte del departamento de Antioquia; la Asociación de Cabildos Mayores Orewa, los cabildos mayores de Bojayá y Carmen del Darién del departamento del Chocó; igualmente el Comité Todos Unidos Por la Vida del casco urbano de Murindó. Dando continuidad al proceso de discusión sobre los aspectos que atentan contra la vida de nuestros pueblos y del territorio e invocando el espíritu de nuestros ancestros y la memoria de nuestros mártires asesinados y desparecidos por el terrorismo de estado,

Analizamos que:

1. Vivimos momentos difíciles por las amenazas y acciones que buscan la destrucción de nuestras comunidades mediante la implementación de proyectos agroindustriales como los de palma aceitera, banano, cacao y caucho; ganadería extensiva, explotación mecanizada e industrial de la madera que destruye nuestros bosques nativos y la implementación de proyectos de reforestación como la teca; proyectos de infraestructura como la terminación de la carretera panamericana en el Darién, la construcción de la carretera Mutatá - Pavarandó - Murindó - Vigía del Fuerte, la canalización y privatización de ríos, la instalación del poliducto Venezuela - Colombia, y la explotación minera por parte de la empresas extranjeras a través de contratos de concesión como el suscrito entre la gobernación de Antioquia y la empresa Muriel Maning Corporation, en la que se entrega a estadounidenses los territorios del cerro Careperro (Batolito de Mandé), ubicado en territorio tradicional y colectivo de comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Carmen de Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia).

2. Estos proyectos destruyen las comunidades, pueblos y grupos étnicos que habitan la región, así como las reservas de biodiversidad consideradas patrimonio de la humanidad. Proyectos que son implementados por empresas extranjeras gracias a la militarización y paramilitarización que pretende controlar el territorio y destruir las organizaciones populares; lo anterior avalado por las políticas de estado que se reflejan en leyes que favorecen la usurpación del territorio y la apropiación de los recursos, tales como la ley de bosques y páramos, el proyecto de ley denominado estatuto agrario y la ley de aguas, entre otros.

3. En la región continúa adelante la consolidación del modelo de estado que incluye la legalización e incorporación de los grupos paramilitares en función de los intereses económicos del capital global, que no es más que la implementación en la región del tratado de libre comercio.

Por lo anterior, las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas que habitamos los territorios afectados hemos decidido:

 Decir no a la exploración y explotación minera del cerro Careperro y demás megaproyectos diseñados para esta región del Atrato.

 Igualmente decir no al proceso de consulta previa a las comunidades por ser un mecanismo tergiversado y deslegitimado en Colombia.

 Decimos no, porque la aplicación de estos proyectos significa la desaparición de comunidades, pueblos y etnias que habitan esta parte del Pacífico colombiano.

 Decimos no, porque la vida del ser humano, la de nuestros pueblos y la de la naturaleza no se negocian.

 Decimos no, porque el territorio pertenece a las comunidades y pueblos que ancestralmente la hemos habitado, trabajado, protegido y cuidado.

 Decimos no, porque estos territorios le pertenecen a las futuras generaciones, quienes están encargadas de garantizar nuestra existencia.

 Decimos no, porque esta región es patrimonio de toda la humanidad, luego su destrucción afecta a todos.

 Decimos no, porque estos proyectos favorecen exclusivamente al gran capital de las empresas multinacionales, quines actúan con la participación directa del estado, que hace uso de su aparato de guerra, paralelo con la modificación y aprobación de leyes que facilitan la explotación de nuestros recursos; por tanto el estado colombiano es igualmente responsable de la destrucción de las comunidades y pueblos que habitamos esta región.

 Decimos no al proceso de consulta previa porque el estado de forma arbitraria ha delegado a las empresas multinacionales la realización de la consulta, desconociendo el carácter participativo y decisivo de las comunidades y pueblos y se utiliza como mecanismo para legalizar decisiones tomadas a espalda de los legítimos dueños.

 Decimos no, porque la implementación de estos proyectos afecta la ley de origen de los pueblos indígenas que rigen la existencia en armonía con la naturaleza, nos indica las formas de relacionarnos con ella y consagra nuestra autodeterminación como pueblos.

En consecuencia, hemos decidido un plan de actividades que permitan hacer realidad la defensa del territorio, que comprenda el fortalecimiento de las organizaciones, la articulación de los diversos sectores, la movilización, el diseño de estrategias jurídico-políticas y la formación permanente de nuestras comunidades.

Actividades que comprenden, entre otras, la participación en las audiencias mineras y de biodiversidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, la participación en las peregrinaciones convocadas en el marco de los 10 años de la Operación Génesis desarrollada por la Brigada 17 y paramilitares contra las comunidades campesinas del bajo Atrato y Urabá.

Invitamos:

A las comunidades negras, mestizas e indígenas que habitan la región a fortalecer sus procesos organizativos en defensa del territorio.

A las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de indígenas, campesinos y afrodescendientes a apoyar el proceso de resistencia que se adelanta en esta región del país.

Al conjunto del movimiento popular y social, a las organizaciones ambientalistas, a sectores de la Iglesia y en general a todas las organizaciones sensibles con esta problemática, a sumarse a esta defensa de la vida, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos.

Invitamos a la solidaridad de los diversos pueblos del mundo para que conozcan, defiendan y apoyen nuestra propuesta.

22 de octubre de 2006 Comunidad indígena de Isla

Suscribe,

Asociación de Cabildos Mayores Orewa, Cabildo Mayor Indígena de Bojayá, Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darién, Cabildo Mayor Indígena de Frontino, Cabildo Mayor Indígena de Murindó, Cabildo Mayor Indígena de Urrao, Cabildo Mayor Indígena de Vigía del Fuerte, Comité Todos Unidos Por la Vida de Murindó, Comunidades campesinas de las comunidades de Bartolo, Canal, Pital, Esperanza Nueva y Murindó Viejo de la cuenca del río Murindó, Consejo Comunitario de la cuenca del río Arquía, Consejo Comunitario de la cuenca del río Curvaradó, Consejo Comunitario de la cuenca del río Jiguamiandó, Organización Indígena de Antioquia.

Organizaciones e Instituciones Acompañantes:

Corporación Jurídica Libertad, Diócesis de Quibdó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.