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Presentación de informe ante la Corte Penal Internacional - CPI
La Corte Penal Internacional debe investigar la violencia antisindical en Colombia como crímen de lesa humanidad
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo / Jueves 11 de octubre de 2012
 
web: Cajar

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales del derecho y estudiantes que apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores sociaels y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

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El European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó hoy una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya solicitando acción penal con respecto a la violencia antisindical en Colombia.

En el análisis de los hechos y de la situación legal, de más de 100 páginas, las organizaciones concluyen que la violencia contra los sindicalistas en Colombia alcanza el umbral de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, instan a la CPI a abrir investigaciones formales sobre los principales instigadores de dicha violencia en Colombia tanto por acción como por omisión, ya que estos crímenes no han sido suficientemente investigados y sancionados en la jurisdicción interna.

Casi 3.000 sindicalistas han sido asesinados y muchos más han sido intimidados, amenazados y acosados en Colombia en las últimas tres décadas, sólo desde 2002 han sido 775. La Confederación Sindical Internacional constató que más de la mitad de los asesinatos de sindicalistas reportados en el mundo, tuvieron lugar en Colombia, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la libertad sindical. La entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para Colombia en 2002 no cambió mucho la situación. A pesar de que la Fiscalía de la CPI empezó los exámenes preliminares en el caso de Colombia ya en 2003, estos procesos se encuentran en un punto muerto. Debido al carácter generalizado y sistemático de la violencia antisindical en Colombia, hay que calificar los crímenes cometidos como crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el 90% de estos crímenes permanecen en la impunidad, los participantes directos e indirectos no están siendo investigados. Aún en los casos en los cuales hay condenas de unos pocos perpetradores directos, aquellos que forman parte del liderazgo militar y político gozan de impunidad total, aunque sean los principales responsables de esos crímenes. La Fiscal de la CPI debe solicitar la apertura de una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia contra los sindicalistas, ya que eso es la única posibilidad realista de identificar y de responsabilizar a los máximos responsables de los crímenes.

Pese a que no ha sido superada la violencia antisindical en Colombia, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, han negociado tratados de libre comercio para promover las inversiones en un país, en el que como resultado de dicha violencia, las tasas de sindicalización en los últimos años han bajado del 20% a solamente el 4% de la fuerza laboral ocupada. Colombia es una de las naciones con mayor desigualdad social en el mundo según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2011, solamente superada por Angola y Haití.

“Se ha asesinado a nuestros sindicalistas so pretexto de que son aliados de la guerrilla, en respuesta a que reivindican nuestros derechos. Detrás de cada crímen de un sindicalista hay más que intereses contrainsurgentes, grandes intereses económicos” expresa Domingo Tovar Presidente de la CUT.

"La magnitud de la violencia antisindical en Colombia debe hacer reaccionar a la comunidad internacional. Impulsar el libre comercio sobre la sangre de los sindicalistas y la impunidad de los crímenes es contrario a las obligaciones que tienen todos los Estados para promover los derechos humanos y la paz” manifiesta Alirio Uribe, Presidente del CAJAR.

Wolfgang Kaleck, Secretario General del ECCHR, declara: "Después de tantos años de exámenes preliminares insuficientes y frente a la persistente impunidad, es imperativo que la Corte Penal Internacional abra una investigación formal. Los máximos responsables de los crímenes internacionales cometidos en Colombia deben ser finalmente responsabilizados".